30 años de interinidad para acabar en la calle

Cada vez que Mª Ángeles Fernández arranca la hoja del calendario o mira el buzón de su correo electrónico, se le desborda la angustia. Lleva 34 años abonada a la incertidumbre que conlleva ser interina en la Administración pública, pero desde que el pasado 20 de febrero recibiera la carta en la que le comunicaban que se fuera cogiendo las vacaciones y los días por asuntos propios porque su plaza ya tenía un dueño, la ansiedad es su estado permanente. “Como tarden mucho en notificarme el cese me dará un chungo. Soy hipertensa y estoy fatal con la tensión”, indica con un humor preñado de resignación. Sus 57 años, con dos hijos que no se han independizado y un marido en paro, no auguran un futuro mejor.

Como ella, otros 1.049 interinos en abuso de temporalidad, la mayoría (el 80%) mujeres que rozan los 60, van a quedarse sin trabajo después de, en muchos casos, más de tres décadas trabajando para la Junta de Andalucía. Se examinaron en 2021 —en plena pandemia— en virtud de una convocatoria de estabilización derivada de la Ley de Presupuestos de 2017 y 2018, un proceso por concurso oposición anterior a la Ley estatal 20/21 de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, que, en consonancia con las directrices europeas, fija los criterios para la estabilización a través de un concurso de méritos de las plazas ocupadas ininterrumpidamente tres años antes de 2016 —el mismo período contemplado en el examen que ellos realizaron― y reconoce una indemnización en función de los años trabajados en abuso de temporalidad en el caso de no obtener la plaza.

“Esa norma estaba en el Senado y, sin embargo, la Junta no esperó a su aprobación para sacar nuestras plazas, como sí hicieron otras administraciones municipales o las Diputaciones Provinciales, que decidieron aguantar para estabilizar a su personal”, se queja Valle Pérez, también de 57 años, cuyos últimos 33 ha estado trabajando en la Junta, donde se ha especializado en otorgar subvenciones, formando al resto de sus compañeros. El examen al que se presentaron coincidía con el de otras oposiciones en turno libre convocadas a la vez para las mismas categorías; en la de estabilización —que además también estaba abierta a interinos de otras comunidades autónomas―, una vez pasado un baremo de corte, se sumaban los méritos. Sin embargo, solo pudieron superarlo el 5%, por el alto nivel de la prueba. “En muchos casos no pudimos sumar nuestros puntos por méritos porque no llegábamos a la nota de corte”, suscribe M.M., de 56 años y 16 en la Administración, que sí aprobó la oposición, pero sin nota suficiente para retener su plaza en propiedad.

Ellos consideran que si se hubiera aguantado hasta la entrada en vigor de la Ley 20/21, las condiciones de acceso les hubieran facilitado la estabilización de un puesto en el que llevan décadas trabajando y recalcan que, de este modo, además no han percibido el 20% de la indemnización a la que tienen derecho. La Junta se ha comprometido a abrir una bolsa para los interinos con más de 15 años de experiencia que no hayan superado los exámenes de estabilización, que estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2024 y que no se activará hasta que no cesen todos. Una bolsa que, denuncian los interinos, aún no se ha constituido y que, no consideran una solución suficiente, teniendo en cuenta su corta duración y que muchas de las afectadas tienen una edad y unas situaciones familiares —madres solteras, separadas o con personas mayores a su cargo― que les dejan pocas opciones de reengancharse al mercado laboral.

Una portavoz de la Consejería de Función Pública reconoce que otras comunidades decidieron aplazar los procesos de estabilización hasta la entrada en vigor de la ley 20/21 y que le cese de empleados tan veteranos está suponiendo una pérdida de experiencia notable para la administración. No obstante, insiste en que los procesos de oposición para acceder a la administración pública deben cumplirse las condiciones de igualdad, mérito y capacidad y que lo que se estabilizan son las plazas y no las personas.

Llegar hasta Estrasburgo

Unas explicaciones que no satisfacen a los afectados. “Obviamente que se estabilizan las plazas, pero es que quien está en abuso no es la plaza, soy yo, que soy la que tengo la temporalidad. Lo que hay que tener es voluntad, como han tenido otras administraciones”, apunta Pérez. Ella, con una madre a su cargo de 89 años y que tiene que ocuparse de un nieto dos días a la semana, advierte de que sus condiciones para estudiar después de trabajar por la mañana y con la edad que tiene son distintas a las de otros opositores más jóvenes. Aun así, aprobó el último examen, pero sin nota suficiente para retener su plaza.

La mayoría ha judicializado su situación, reclamando en los tribunales la estabilización conforme a la normativa europea y la Ley 20/21, la oferta de vacante, el cese y la indemnización. “Hay compañeros a los que les han reconocido el abuso de temporalidad, pero sin derecho a estabilización”, indica Pérez. Un reconocimiento que ahora no vale para nada, pero que esperan esgrimir cuando lleguen al tribunal europeo de Estrasburgo. “Vamos a llegar hasta las máximas instancias, aunque sabemos que es un proceso complicado”, abunda.

Ella, como M. M. o Fernández podrán presentarse a otras oposiciones para su categoría que la Junta ha convocado, esta vez sí, bajo el paraguas de la Ley 20/21, pero las 130 plazas ofertadas se antojan muy pocas para los casi mil compañeros que no consiguieron estabilizar su puesto hace dos años. Quienes, de momento, no pueden optar a ese salvavidas son Paqui Martínez, de 62 años y 33 en la Junta, Carlos Troncoso, de 60 años, y 35 en la administración. Los tres estaban en el cuerpo de informáticos y fueron cesados el 19 de diciembre y el 9 de enero. Sin la bolsa operativa, su categoría no está entre las que va a ofertar la Junta y con 1.300 euros de salario —con los trienios acumulados― no pueden estirar más un paro que mengua para llegar a fin de mes. Además, ven cómo sus compañeros de la Agencia Digital Andaluza, que tienen categoría de personal laboral, sí van a ser estabilizados con la nueva normativa.

“No somos unos vagos, somos las víctimas”

“Sabemos que tenemos a la opinión pública en nuestra contra porque creen que somos unos vagos, pero nosotros somos víctimas”, indica Troncoso, que desde que perdiera su puesto de trabajo no se ha quitado la camiseta con la foto de su hija, con una discapacidad, para reclamar una solución por parte de la Administración. “Ha sido la Administración la que ha decidido que sigamos trabajando en esta situación, no nosotros”, abunda. “Llevamos estudiando toda la vida”, recalca Pérez, que ha aprobado ocho oposiciones, como muchos de sus compañeros. “Lo que queremos es que se nos den las mismas oportunidades que otros compañeros”, añade, señalando a los interinos de otros departamentos, como el Servicio Andaluz de Salud, Educación o los empleados laborales de las agencias de la Junta, que si van a ser estabilizados por la ley 20/21.

“Esto se ha convertido en un ERE encubierto”, sostiene Pérez. M. M. verbaliza lo que opinan el resto de compañeros: “Nos hemos convertido en una moneda de cambio para los políticos. Somos como los hijos en un mal divorcio”. La interina alude a una frase que pronunció en el Parlamento autonómico Elías Bendodo, actual número tres del PP y consejero de Presidencia en la anterior legislatura andaluza, cuando fue preguntado por el limbo en el que se encontraban los interinos en fraude de ley. “Este Gobierno ha garantizado que para trabajar en la Administración basta con tener el DNI para entrar por igualdad, mérito y capacidad, no hace falta el carnet del PSOE”, dijo el dirigente popular. “Ya ves para lo que me ha valido ser enchufada”, señala con ironía Martínez que, como la mayoría, ingresó en la Administración por un programa de empleo juvenil de la Junta a finales de los ochenta, antes de empezar a aprobar exámenes y ser reclutada sucesivamente. “¿Quién va a contratarme ahora? No era así como esperaba terminar mi carrera de tantos años en la Administración”, se lamenta.

Fernández sabe que se va, pero aún no se ha acostumbrado a la agonía que le acompaña por no saber cuándo. “Esto es una tortura”, reconoce, antes de coger su coche para recorrer los 70 kilómetros de vuelta desde Cabezas de San Juan a Sevilla, como lleva haciendo los últimos 27 años en los que trabaja como administrativa para la Consejería de Educación. Mañana, si no le llega la temida, pero a la vez ansiada, notificación de su cese, tendrá que volver a responder a las preguntas de sus compañeros sobre cuándo será su último día.

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