Sumar apura “hasta el último segundo” el intento de salvar la prórroga de alquileres

“Apuraremos hasta el último segundo”, insiste, sin tirar la toalla, el ministro de Consumo y Servicios Sociales, Pablo Bustinduy. A apenas dos días de que el Congreso vote, el próximo martes, la convalidación del decreto que prorroga por dos años la congelación del precio de los alquileres, los pronósticos no pueden ser más desfavorables para Sumar, su principal impulsor. Junts, que tiene la llave de la aprobación, insiste en su rechazo y en su negativa a negociar oficialmente con el Gobierno. La parte socialista del Ejecutivo —que ya lo aceptó a regañadientes, tras un plante de los ministros de Sumar— lo da por muerto y, de hecho, pese a las declaraciones oficiales, prácticamente ha desistido de buscar apoyos. Pero Bustinduy, encargado por su formación de comandar la iniciativa, sostuvo desde el principio que dar por hecho el fracaso del decreto formaba parte “de una operación política con pretensiones claramente disuasorias”. Y ahí sigue, “hasta el último segundo”.

El ministro expone una y otra vez sus argumentos: “Hay más de dos millones y medio de personas afectadas. Se calcula que el decreto ahorraría a cada familia unos 2.000 euros al año. Y en ciudades como Madrid, Valencia o Sevilla podrían llegar hasta 600 o 700 euros al mes”. Su baza es el “clamor social”, agrega, las encuestas que apuntan a un claro apoyo popular a la medida y la movilización de distintas entidades, desde el Sindicato de Inquilinos a varias ONG. Desde toda España llegan noticias de miles de burofax enviados por los inquilinos a sus caseros para reclamar la prórroga de los alquileres aprovechando el tiempo de vigencia del decreto mientras no se pronuncie el Congreso. “Y ya está demostrando su eficacia”, asegura Bustinduy, porque hay propietarios que han accedido a negociar aumentos del alquiler asequibles. Como parte de la presión social, el Sindicato de Inquilinos ha convocado este domingo una concentración ante la sede central del PP en Madrid y ha enviado 75.000 cartas a los diputados.

Bustinduy también remitió una carta al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de que este se negase siquiera a sentarse a negociar. El ministro apelaba a que entre los afectados hay votantes de todos los partidos. Pero la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ratificó este sábado su rotunda negativa. En una entrevista con el programa Parlamento de RNE, calificó el decreto de “sectario” y sostuvo que esas medidas solo contribuyen a retraer la oferta. “Al contrario: lo que hace es blindarla”, replica el ministro. “De otro modo esos pisos podrán irse al alquiler turístico o de temporada”.

Con Junts tampoco ha habido negociaciones formales. La formación independentista proclama que esa vía está cerrada con el Gobierno. Pero Sumar se ha afanado en mantener canales de comunicación, con el ministro de Cultura, el catalán Ernest Urtasun, como interlocutor principal. Y, como contrapartida, se ha mostrado dispuesto a plantear dentro del Gobierno alguna de las medidas de política fiscal de apoyo a los autónomos que Junts reclama desde hace tiempo.

A la vez, Sumar ha tenido que lanzar mensajes conciliadores a Waterloo para rebajar la tensión con Carles Puigdemont. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se reafirmó esta semana en Onda Cero, ante Carlos Alsina, en su acusación de que Junts mantiene posiciones “clasistas” y “racistas”. Díaz ya lo había dicho en otras ocasiones, en el propio Congreso o en una entrevista en este diario a finales de febrero. Entonces no hubo reacción alguna por parte de los aludidos. Pero esta vez Puigdemont ha replicado con furia, la ha acusado de “manipular como Trump” y dado por rotas sus relaciones con la formación de Díaz, la primera dirigente de la coalición de Gobierno que acudió a verle a Bruselas y se fotografió con él tras las elecciones de 2023.

Al mismo tiempo, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, endureció aún más el tono en la sesión de control del pasado miércoles y, por primera vez en la legislatura, exigió al presidente la convocatoria de elecciones anticipadas. Los independentistas se mueven entre el hermetismo sobre sus contactos con Sumar y las declaraciones públicas en las que reiteran su rechazo a prorrogar una medida adoptada tras la crisis por la guerra de Ucrania y que ahora se justificaría por el conflicto en Irán.

Todo parece en contra de Sumar. Y, sin embargo, Bustinduy insiste en que aún es posible: “Si lo tumban, van a tener muy difícil explicárselo a la gente”, afirma.