Asociaciones judiciales transmiten a Bruselas su preocupación por los ataques políticos al Poder Judicial

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) han transmitido a la delegación de la Comisión Europea que se encuentra de visita en España, para recabar información con la que elaborar el informe anual sobre el Estado de derecho en nuestro país, su preocupación por las declaraciones de políticos para cuestionar decisiones de los togados por considerar que deslegitiman el Poder Judicial. Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) también ha considerado que “no debe incurrirse en la descalificación”, al tiempo que ha denunciado una “campaña de desprestigio” contra el Tribunal Constitucional.

Según ha informado en un comunicado, la APM ―la asociación mayoritaria en la carrera judicial― ha trasladado a Bruselas su “inquietud” por “determinadas declaraciones políticas que deslegitiman genéricamente a jueces y tribunales”, así como por “la ausencia de mejoras estructurales en independencia judicial, contrapesos institucionales y dotación de medios”. De la misma forma, ha alertado sobre “la falta de avances reales en la autonomía del Ministerio Fiscal” y “la necesidad de preservar una clara delimitación entre jurisdicción constitucional y jurisdicción ordinaria”, apuntando así al choque entre Constitucional y Supremo.

Por otro lado, la APM ha señalado lo que considera un “incumplimiento” de la recomendación europea relativa a la reforma del sistema de elección de los 12 vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), recordando que, “pese a la renovación del órgano, no se ha modificado el modelo de designación parlamentaria de sus miembros”.

Asimismo, ha manifestado su “preocupación” por la reforma aprobada por el Gobierno sobre el acceso a las carreras judicial y fiscal, al considerar que “desplaza el control de los procesos de selección hacia el Poder Ejecutivo”.

En la misma línea, ha criticado la implantación de los tribunales de instancia argumentando que han generado “serias disfunciones organizativas derivadas de una reorganización sin inversión proporcional en jueces, personal, infraestructuras y tecnología”.

Además, la APM ha aprovechado el encuentro para reiterar su “compromiso con el Estado de derecho y con las instituciones europeas, subrayando que lo que se reclama no son privilegios, sino condiciones estructurales adecuadas para que la Justicia pueda cumplir su función constitucional”.

La AJFV ve “riesgo de injerencia política”

En la misma línea, la AJFV ―la segunda asociación por número de miembros― ha expresado “su profunda preocupación por las reiteradas declaraciones públicas de representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo que cuestionan resoluciones judiciales o atribuyen motivaciones políticas a los jueces”. “Este tipo de manifestaciones, aun cuando la crítica institucional sea legítima, resulta especialmente grave cuando puede percibirse como presión sobre los tribunales o como deslegitimación del Poder Judicial”, ha avisado en un comunicado.

Por otro lado, ha advertido a la Comisión Europea del “riesgo de injerencia política en el Poder Judicial que suponen determinadas iniciativas legislativas y organizativas recientes”. Así, ha reivindicado el actual sistema de oposición para acceder a la carrera judicial porque, “aunque susceptible de mejora, ha garantizado históricamente la transparencia, la seguridad jurídica y la independencia frente a la discrecionalidad política”. A su juicio, “cualquier reforma que reduzca el peso de las pruebas objetivas en favor de mecanismos subjetivos o discrecionales podría erosionar la confianza ciudadana en la imparcialidad del sistema judicial y abrir espacios de politización”. Respecto a la implantación de los tribunales de instancia, ha subrayado que “los problemas estructurales de la Justicia española —sobrecarga de trabajo, falta de medios y desigual distribución de recursos— no pueden resolverse únicamente mediante reformas organizativas" sino que requieren “un refuerzo suficiente de medios humanos, tecnológicos y materiales”. También ha alertado sobre el régimen de financiación de las asociaciones judiciales, las propuestas de limitación de la acción popular y la reforma de la instrucción penal para atribuirla al Ministerio Fiscal “sin reforzar previamente su autonomía”. Para la AJFV, “estas medidas pueden suponer una regresión en las garantías de independencia judicial y en los contrapesos institucionales propios de un sistema democrático”.

También ha puesto el foco en “la falta de transparencia real en los nombramientos discrecionales, al persistir prácticas que priorizan la negociación interna frente a la evaluación objetiva de méritos y capacidades”, así como en “la falta de avances reales para adaptar el sistema de elección de los vocales judiciales del CGPJ a los estándares europeos”.

El FJI, la asociación minoritaria, también ha aludido a “los ataques constantes al Poder Judicial por representantes políticos, más allá de críticas constructivas de sus resoluciones”. Igualmente, han compartido la crítica a la implantación de los tribunales de instancia al considerar que “ha sido precipitada y sin medios suficientes” y se han mostrado “muy críticos” con el hecho de que “no haya previsión alguna” para reformar el sistema de elección de los 12 vocales judiciales del CGPJ, según ha explicado FJI a EL PAÍS.

Hacia “una ratio aceptable” de jueces por habitante

Por su parte, JJpD ha resaltado a los emisarios de Bruselas “los problemas de deslegitimación del Tribunal Constitucional por quienes impulsan una campaña de desprestigio de esta institución esencial para el sistema democrático”.

La asociación progresista también se ha referido a las reformas anunciadas por el Gobierno. Sobre la del acceso a la carrera judicial, ha indicado que apuesta por “el sistema de doble acceso, tanto por el turno libre como el cuarto turno, celebrando que el proyecto de ley sobre esta materia disponga un sistema de becas que permita acceder a la carrera judicial y fiscal eliminando las barreras que pudieran existir derivadas de la situación económica de quienes opositan”. En cuanto a los tribunales de instancia, “ha valorado positivamente la ley” porque “fomenta la especialización, que redundará en eficacia y eficiencia”, aunque también ha reconocido “problemas en su implantación”.

Como nota positiva, ha mencionado que “el tamaño de la planta judicial va camino de superarse con el anuncio de nuevas mil plazas en los años 2026 y 2027″, algo que ve como “un avance para tratar de superar la falta de integrantes de este cuerpo judicial, con el fin de alcanzar una ratio aceptable que permita una respuesta rápida y de calidad y cargas de trabajo saludables”.

Al hilo, ha puesto de relieve “la problemática con la remuneración de las guardias, que no tiene en cuenta la responsabilidad de los jueces y las juezas”. Según ha expuesto en un comunicado, para JJpD, resulta “especialmente preocupante” la “falta de jueces y juezas que integran la carrera judicial y el incumpliendo por parte del CGPJ de la sentencia del Tribunal Supremo sobre cargas de trabajo saludables”.

Las asociaciones judiciales ya se reunieron la semana pasada con una delegación de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, que estuvo encabezada por Javier Zarzalejos (Partido Popular Europeo) y de la que también formaron parte Jorge Buxadé, la belga Assita Kanko (ambos de Conservadores y Reformistas), la neerlandesa Raquel García Hermida-Van del Walle (Renew Europe) y el italiano Alexander Zan (Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas). Entonces, advirtieron a los eurodiputados sobre lo que definieron como un “deterioro” del Estado de derecho en España.