El Gobierno rechaza la prohibición del burka impulsada por Vox y PP

El PP busca elementos de enganche con Vox, en un momento en que el futuro de los populares en dos comunidades autónomas está en manos de la extrema derecha. Y ha encontrado uno: la prohibición del uso del burka y el niqab en espacios públicos. Los populares, empezando por su líder, Alberto Núñez Feijóo, se lanzaron a aplaudirla el pasado fin de semana, tras la inclusión en el pleno del Congreso que comienza este martes de una proposición de ley de Vox que propugna esa medida a través de la reforma de varias normas vigentes, incluido el Código Penal. La propuesta no será tomada en consideración después del rechazo anunciado este martes por Junts, formación que ha defendido recientemente postulados parecidos y que ha anunciado que presentará su propio texto alternativo.

Si en la derecha no hay dudas, la cuestión ha provocado en los últimos años divisiones entre la izquierda. De un lado pesa la consideración de que esas vestimentas que, a diferencia del velo, cubren por completo el rostro y el cuerpo, resultan degradantes para las mujeres. Y de otro, se argumenta que este tipo de debates constituyen alimento para los discursos xenófobos. Esa brecha fue muy visible en Francia, cuando la Asamblea Nacional acordó hace ya 15 años, bajo un Gobierno de centroderecha, la prohibición del burka en espacios públicos. La mayoría de diputados socialistas y comunistas decidieron no participar en la votación —solo se registró un voto en contra—, mientras que otros grupos más a la izquierda la apoyaron. Entre ellos, Jean-Luc Mélenchon, actual líder de la Francia Insumisa, que, sin embargo, en los últimos años ha matizado sus posiciones sobre la vestimenta vinculada a tradiciones musulmanas.

Los dos partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, anticipan su rechazo. Fuentes socialistas señalan que la medida puede ir en contra de dos artículos de la Constitución: el 14, que prohíbe la discriminación por razones, entre otras cosas, de sexo y religión, y el 16, que consagra la libertad religiosa. La proposición de Vox comienza aclarando que no se trata de “una cuestión religiosa”, pero más tarde habla de “prendas islámicas”, subrayan en el PSOE. Las mismas fuentes afirman que hay jurisprudencia del Tribunal Supremo que anuló normas para impedir el uso del burka en instalaciones municipales.

La propuesta de la extrema derecha invoca también razones de seguridad para impedir la presencia de personas totalmente cubiertas en espacios públicos, un argumento que no convence a los socialistas porque, aducen, en ese caso deberían incluir también prendas como pasamontañas o máscaras. “Es otra más de Vox para alimentar su discurso de odio”, concluyen en el PSOE.

Aunque el uso del burka y el niqab es muy escaso en España, la propuesta de Vox habla de la “circulación masiva de personas con el rostro cubierto”. La presencia en público de personas con esa vestimenta sería castigada con multas que comenzarían en 600 euros y podrían llegar hasta 30.000 en caso de reincidencia. La iniciativa plantea la reforma del Código Penal para sancionar con penas de hasta tres años de prisión para quienes impongan “mediante violencia, intimidación o cualquier forma de coacción” el uso de esas prendas. Y también la modificación de la ley sobre los derechos de los ciudadanos extranjeros para facilitar su expulsión cuando incurran en faltas consideradas muy graves por la norma que se somete a debate.

La propuesta no será admitida porque, finalmente, Junts votará en contra. En mayo pasado, Junts votó en el Parlament contra una propuesta de Aliança Catalana, la fuerza ultra que está causando estragos entre parte de su electorado, para prohibir el simple velo que solo tapa la cabeza y el cuello. Pero al mismo tiempo, se declaró favorable a tomar medidas contra el burka. Este martes ha anunciado que planteará una propuesta alternativa y rechaza apoyar cualquier texto de Vox.

Otras fuerzas de izquierda como ERC y EH Bildu no han anunciado su decisión ante el debate de este martes, aunque las fuentes consultadas descartan rotundamente un voto favorable. Por mucho que pueda haber posiciones matizadas en ambos grupos, el hecho de que la iniciativa parta de la extrema derecha resulta decisivo para decantar su postura, como sucede con Junts. Algo parecido ocurre con el PNV. Fuentes próximas a su grupo parlamentario aludieron a que la cuestión es objeto de debate en varios países de Europa, a la vez que recordaban su discrepancia con la “tendencia xenófoba” de Vox.

El debate, en todo caso, seguramente dará munición a la derecha para poner en duda el compromiso de la izquierda con los derechos de la mujer, una de las grandes banderas del campo progresista. Ya lo dejó caer este lunes la vicesecretaria del PP Carmen Fúnez, al ironizar sobre “el feminismo que defiende el burka o el niqab”.

Este debate puede servir al PP para estrechar lazos con Vox, a la espera de lograr su apoyo para formar gobierno en Extremadura, Aragón y muy probablemente Castilla y León después de las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo. Y como parte de la nueva estrategia expuesta por Feijóo, abandonado ya cualquier remilgo ante los pactos con la extrema derecha. “PP y Vox deben entenderse, ser consecuentes con las urnas”, declaró el pasado domingo en El Mundo. Más difícil parece el acercamiento entre ambos sobre las políticas energética y medioambiental, en las que la extrema derecha hace gala de su negacionismo del cambio climático entre continuos ataques a lo que llama “ecofanatismo”.

Los ultras sitúan estos asuntos, plasmados en su rechazo al Pacto Verde suscrito en Europa por conservadores y socialistas, como una de sus demandas principales para recabar su apoyo. En la Comunidad Valenciana lograron que el PP asumiera buena parte de su discurso sobre la materia a cambio de su apoyo a los Presupuestos del luego dimitido presidente Carlos Mazón. Los dirigentes de Vox insisten en la cuestión estos días cada vez que son preguntados por sus demandas para permitir al PP renovar los gobiernos en Extremadura y Aragón.

Pese a todo, los populares se negaron este lunes en el Congreso a asumir las tesis más radicales de Vox sobre la materia. Los ultras llevaron a la Comisión de Transición Ecológica una proposición no de ley que era un compendio de sus posturas más extravagantes: pedían la derogación de la ley de cambio climático y del Pacto Verde europeo, la revisión de los límites de emisiones de gases contaminantes y hasta la recuperación de las centrales térmicas que se alimentaban de carbón. “Ustedes están obcecados con la energía verde”, espetó al resto de los grupos la diputada Patricia Rueda. El representante del PP Juan Diego Requena evitó polemizar con Vox, pero anunció: “Somos europeístas y respetamos nuestros pactos en Europa”. Y los populares se unieron a la izquierda —PSOE, Sumar y EH Bildu— para votar en contra.