El PSOE entrega a la Audiencia Nacional los datos sobre los pagos en efectivo entre 2017 y 2024

El Partido Socialista ha entregado este martes en la Audiencia Nacional una memoria USB con toda la documentación que había requerido el juez Ismael Moreno, que investiga el llamado caso Koldo, sobre los pagos en efectivo realizados a cargos, militantes y simpatizantes de 2017 a 2024. En un escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el partido reclama que esa información se analice bajo secreto de sumario para garantizar la protección de datos. Ahora será el magistrado quien decida si declara el secreto o remite toda la información a las acusaciones y las defensas.

El juez Moreno abrió una pieza separada sobre los gastos en efectivo del PSOE a petición del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, quien, tras analizar el informe de la Guardia Civil sobre el patrimonio de Ábalos y la documentación presentada por el PSOE en el alto tribunal detallando las liquidaciones de gastos hechas a la Secretaría de Organización, consideró que existen “incógnitas” que “deben ser despejadas” para determinar si ha habido “actividades irregulares, e incluso potencialmente delictivas”. Según Puente, “al compensarles dichos gastos” a Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, investigados por corrupción en el Supremo, se podría estar “blanqueando su procedencia”. La Fiscalía Anticorrupción apoyó esta investigación en la Audiencia Nacional y advirtió de que podría existir un “posible desfalco cometido contra el partido”.

El PSOE pretendía enviar solo los pagos reintegrados a los ex altos cargos investigados, al considerar que aportar la totalidad de pagos en metálicos liquidados por el partido a dirigentes, trabajadores, militantes y simples simpatizantes o voluntarios se estaría obligando a estas personas a revelar “su identidad y su actividad a favor del PSOE”. “Entregando toda esta información, de forma acrítica y sin motivación material, mi mandante estaría vulnerando su deber de confidencialidad y custodia de datos”, señaló el abogado del partido en un escrito enviado al juez de la Audiencia. Los socialistas temen que esos datos (que afectan a la “ideología y creencias” de personas) caigan en manos del PP y Vox, personados como acusación en el proceso.

El juez Moreno, sin embargo, rechazó esta pretensión e instó al PSOE a facilitar los datos de todos los abonos hechos entre 2017 y 2024, “con independencia” de quien fuera el “destinatario, así como todos los “documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos”. Según el instructor, no ha quedado “suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico de las que el PSOE dispondría en su propia sede para hacer frente a las compensaciones de gastos de los investigados y de otros posibles beneficiarios” por lo que consideraba “pertinente” conocer todos los gastos reintegrados en efectivo. “Esta forma de pago no era infrecuente”, añadió el juez, que ahora tendrá que decidir si accede a la petición del PSOE y declara secreta la pieza en la que se ha incorporado esa información.

En un escrito firmado por el abogado del PSOE Alberto Cachinero presentado en el Supremo, el partido explicó que los gastos en los que incurren sus “responsables, empleados, afiliados, simpatizantes o simplemente voluntarios” por actos o eventos del partido (desde comidas a compra de material para un acto) se resarcen con cargo a la caja de Ferraz, que tiene una cuenta específica para la disposición de dinero en metálico. Los socialistas señalan que estas cantidades están anotadas en la contabilidad oficial del partido (“la única que existe”), “debidamente auditada y sometida al control del Tribunal de Cuentas”.

Los socialistas han insistido en las últimas semanas en su “compromiso” de colaboración con la justicia y, a finales de octubre, entregaron al Supremo todos los pagos abonados en metálico por caja correspondientes a liquidaciones de gastos en los que incurrió el equipo de la Secretaría de Organización, desglosadas en cantidades totales mensuales y anuales. En aquel momento, el magistrado Puente no había considerado necesario reclamar todos los pagos en metálico realizados por el partido al reintegrar los gastos de sus cargos o trabajadores, a pesar de que las acusaciones populares -dirigidas por el PP- lo habían reclamado.

Sin embargo, el instructor del Supremo cambió de opinión tras tomar declaración al exgerente del partido, Mariano Moreno, y a una trabajadora, Celia Rodríguez. Ambos confirmaron la versión del PSOE, según la cual, la falta de concordancia advertida por la Guardia Civil en el dinero recibido por Ábalos se debe a que los socialistas solo entregaron al tribunal los gastos liquidados individualmente de los dos ex secretarios de Organización investigados y el antiguo asesor del ministro; pero estos tres pudieron recibir también liquidaciones de gastos de sus equipos de la Secretaría de Organización, que estaban anotadas como tales en la contabilidad del partido, no de forma individualizada.

El juez Puente, sin embargo, consideró que las declaraciones de Moreno y Rodríguez no despejaron todas las dudas sobre “quién era la persona y cuál el procedimiento de las compensaciones en metálico de facturas presentadas”; o por qué no se comprobaba que la persona que reclamaba la devolución de gastos era, “conforme a los tickets o facturas aportadas”, quien los había realizado.