La lava del volcán oscurece el futuro del plátano de La Palma cuatro años después por los “gases tóxicos” y “el calentamiento de las coladas”
La tardanza de las ayudas, los bajos precios y la dificultad de acceso a las fincas dificultan la vuelta a la actividad de cientos de pequeños productores


Para muchos, el volcán de La Palma sigue sin ser pasado. Tras cuatro años y más de 1.100 millones de euros en ayudas desde el Gobierno central, las conexiones se han restablecido, ya no hay isleños viviendo en barracones y se ha abonado el valor de las casas. Diversas estadísticas como la creación de empresas, empleo o construcción ya superan los registros previos a septiembre de 2021, según la patronal palmera. El sector platanero, sin embargo, sigue lejos de sus mejores horas. ¿La razón? “Aún no es posible el acceso a determinadas zonas por la existencia de gases tóxicos o debido al calentamiento de las coladas que impiden tener acceso a las fincas agrícolas para poder trabajar”, se lee en un decreto gubernamental de noviembre que especifica que “cuatro años después del final de la erupción volcánica en la isla de La Palma, las consecuencias sociales, económicas y medioambientales negativas siguen perviviendo”.
Por ello, el Consejo de Ministros aprobó el 25 de noviembre una serie de ayudas específicas para la isla, entre las que se encuentra la autorización para repartir entre los agricultores 100 millones de euros con cargo al superávit de la comunidad en un real decreto, que se votará este jueves en el Congreso. Este dinero debería servir para permitir que el sector vuelva a ponerse en pie, pero algunos dudan de que esto sea posible. “Hay mucho miedo de que la gente cobre las ayudas de las fincas y se dedique a otra cosa”, sentencia el portavoz de la Asociación de Entidades Empaquetadoras, Exportadoras y Comercializadora de Frutos de La Palma (Asepalma), Hernán Rodríguez. “La mayoría no reconstruirá. Los pequeños vamos a desaparecer”, teme Juan Vicente Leal, presidente de la cooperativa Coovalle. “Serán muy pocos los que recuperen sus fincas”, sentencia Ricardo Carballo, agricultor en Los Llanos de Aridane y Tazacorte. “Con el dinero, muchos van a comprar un apartamentito, pagar deudas y estar tranquilos. La gente muy desilusionada”.
La lava del volcán cayó pendiente abajo por el fértil y cálido Valle de Aridane y se llevó por delante el 10% de la superficie cultivada. Entre enero y agosto de este año, la isla exportó 44.306 toneladas de plátano, lo que supone una caída del 26,1% respecto a 2024 y la mitad respecto a las a 97.905 toneladas de 2021, según los datos de la Federación de Empresarios de La Palma (Fedepalma). “El sector platanero en la isla no vive su mejor momento, como en el resto de Canarias”, admite el consejero insular de Agricultura, Ganadería, Pesca, Bienestar Animal y Soberanía Alimentaria, Alberto Paz. “Antes, el plátano salía de del valle unos meses, y del otro lado de la isla en otros meses: había un equilibrio. Pero con el cambio climático, se concentran las producciones. Y cuando hay mucha producción, bajan los precios”.
Los acuerdos de investidura suscritos entre el PSOE y Coalición Canaria en noviembre de 2023 incluían, principalmente, dos medidas para La Palma: una bonificación del 60% en el IRPF para los palmeros desde 2024 hasta 2027 —este descuento resta 110 millones a la Hacienda estatal— y una transferencia directa de 100 millones de euros (que el Ejecutivo canario reclama que sea anual). El Gobierno central asegura que, en conjunto, ha destinado más de 1.100 millones en ayudas a la isla, más del 70% de lo que ha entrado en La Palma para aliviar los efectos del volcán.
Además, el anterior equipo de Gobierno en la comunidad, liderado por el socialista Ángel Víctor Torres, planteó la posibilidad de reorganizar el territorio afectado, con la creación de nuevos bancales en ese mismo lugar donde estaban las fincas. Esta idea generó adhesiones y rechazos entre los agricultores. Finalmente se abandonó, y tras las elecciones de 2023, el Ejecutivo nacionalista de Fernando Clavijo (apoyado por el PP), pactó un reparto de 44 euros por metro cuadrado de finca perdida para los afectados, que los receptores podrían usar como les conviniese. Esta indemnización asciende a unos 100 millones de euros.
El real decreto aprobado el 25 de noviembre —y que votarán las Cortes este jueves— incluye la posibilidad de que esta cantidad provenga del superávit canario —el real decreto era obligado, toda vez, que el superávit no se puede usar para ayudas—. La medida aprobada por el Consejo de Ministros, con todo, suscitó las quejas del vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez (PP) o del expresidente del Cabildo insular y actual consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata. “El año que viene estaremos mendigando otra vez un decreto ley con otros 100 millones para La Palma, la bonificación del 60% y la prórroga de los préstamos y créditos de los agricultores”, aseguró este último el mismo día
El Gobierno autonómico ya ha comenzado el reparto del dinero: 44 euros por metro cuadrado sepultado. Pero esta cantidad está lejos de dar esperanza a los agricultores. “No quiero hablar de la eficacia o la falta de ella de la clase política”, sostiene Hernán Rodríguez, cuyo hijo perdió su finca por la lava. “Posiblemente lo hayan tratado de hacer lo mejor posible. Pero da igual: la desmotivación que hay es brutal”.
Los agricultores consultados recalcan que esos 44 euros apenas dan para recuperar el valor patrimonial de la casa, de o de la finca, pero, en ningún caso, para volver a ponerla en marcha. “Con eso no reconstruye para nada”, asegura en este sentido Juan Vicente Leal. “La mayor parte de los agricultores son mayores y no se van a meter en eso. Los pequeños productores vamos a desaparecer”.
“Se nos ha dicho que también estará la Pepac [siglas de Plan Estratégico de la Política Agrícola Común de España en Canarias, un plan dotado con fondos europeos que va desde 2023 a 2027]“, relata Ricardo Carballo. ”Pero va a pasar lo mismo que con este primer pago: van a pasar dos, tres años, con un cambio de gobierno en medio, en 2027... Hablaba hace poco con un amigo. A él le vienen 149.000 euros por su finca, pero para terminarla necesita 380.000. Porque, además, el volcán ha cambiado la orografía y ahora son necesarios los invernaderos para cultivar, y techar una hectárea cuesta 250.000 euros. ¿Qué hace? ¿Endeudarse a la espera de promesas políticas que no sabemos si llegarán?“.
Juan Carlos Rodríguez Juanki perdió el 95% de su finca por las cenizas. “Se prometieron unas ayudas, pero han tardado tantos años en llegar...”, lamenta cuatro años después. “Entretanto, han subido los costes de producción y han bajado los precios del producto. Quizás algunos hayan abierto los ojos”.
El consejero Alberto Paz admite que el tiempo transcurrido dificulta las cosas. “En su día se calculó el precio del metro cuadrado lo más elevado que se pudo. Pero la realidad de hoy es diferente: a este precio hay fincas que puedes reconstruir; pero otras que no, tanto por el alza de precios como por la especulación”.
Pero no solo es el volcán. “El sector platanero tiene un problema grave: la competencia desleal en la comercialización que nos hacemos los unos a los otros”, asegura Juan Vicente Leal. “No vamos con una voz única. Hay muchas marcas de plátanos compitiendo y no llegamos a acuerdos comerciales”. Carballo añade dos problemas a la ecuación: “No podemos usar ni un solo producto fitosanitario para combatir plagas, y a otros mercados sí se les permite”, expone Ricardo Carballo, que, como sus colegas, lamenta la falta de relevo generacional. “Yo soy el último de una generación de agricultores y tengo 52 años. ¿Sabes la tristeza que da eso?“.
Alberto Paz propone la diversificación como vía para salir del atolladero. “Hay que planificar mejor, aunque el cambio climático lo dificulte. No debemos poner en el mercado solo el producto fresco, se puede, además, liofilizar la fruta para hacer barritas energéticas, o vender para crear mermeladas y zumos española. Y no limitarnos a la península. Por ejemplo, estamos trabajando para llevar plátano a Emiratos Árabes, que ahí hay cierto interés”.
“Puede haber futuro”, asevera Juan Vicente Leal. “Los clientes nos quieren ahí donde vendemos. Pero los que gobiernan los sistemas cobran su parte, independientemente de que nosotros nos arruinemos. Y estamos en sus manos”.
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