El Congreso debate con distintos antecedentes si rebaja la mayoría absoluta en el caso de que Ábalos entre en prisión

El Congreso se prepara, más entre bambalinas que oficialmente, para el escenario en el que el Tribunal Supremo pueda decidir este jueves si revisa sus medidas cautelares y manda a prisión al todavía diputado José Luis Ábalos, ex número dos del PSOE. Sería la primera vez en esta etapa democrática en la que un diputado del Congreso en ejercicio entrase en la cárcel. La Cámara lo suspendería de su condición de diputado, pero no podría retirarle el acta. La Mesa y distintos partidos han estudiado diferentes antecedentes sobre si esa situación podría variar y reducir la mayoría absoluta de la Cámara aunque en principio distintas fuentes consultadas se decantan por no cambiar nada.

El debate sobre lo que podría ocurrir el jueves en el Congreso, en el que se votará además la senda de déficit del proyecto de Presupuestos —con muy escasas posibilidades de que sume diputados para prosperar—, se está produciendo más en pasillos que en reuniones oficiales y formales, ni de la Mesa ni en la Junta de Portavoces. Lo que sí se tienen claro son los primeros pasos que dar.

La Mesa del Congreso tendría que recibir primero una comunicación del Tribunal Supremo sobre el ingreso en prisión preventiva de Ábalos y se reuniría para suspenderlo de sus funciones de oficio. El artículo 21 del Reglamento del Congreso establece en su segundo punto que los diputados quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, “concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure esta”. Y desde ese momento ya no podría votar ni participar en la actividad parlamentaria ni pertenecer a un grupo de la Cámara baja ni percibiría las retribuciones económicas; es decir, su sueldo y el resto de complementos.

Ese punto está bastante claro, pero queda por dilucidar si esa hipotética suspensión varía la mayoría de la Cámara, compuesta ahora por 350 diputados y fijada en 176 actas. Ni en la Mesa ni los partidos que componen ahora el Parlamento han planteado esa discusión oficialmente, pero sí recorre los pasillos de las Cortes, hasta el punto de algunos portavoces han llegado a comentar que se habría encargado un informe al respecto al cuerpo de letrados del Congreso. Esa decisión ni se ha adoptado ni se contempla por ahora, entre otras razones porque lo que sí hay son antecedentes en los que basarse cuando llegue el momento.

El portavoz del PSOE, Patxi López, ha comentado este martes justo antes de entrar en el pleno que la supuesta modificación de la mayoría de la Cámara no se le había “pasado por la cabeza” y que en su día se hará lo que determine la Mesa basándose en el Reglamento. Esa norma, con rango de ley, no precisa ese escenario pero los letrados sí han recapitulado los precedentes más similares para concluir que hay posiciones para todos los gustos, pero solo dos opciones.

En 1989, tras las terceras elecciones generales que ganó el socialista Felipe González, la Cámara no pudo constituirse en un primer momento porque 18 diputados electos de distintas provincias fueron recurridos por el PP a la espera de resolución judicial y cuatro de Herri Batasuna no llegaron a asumir plenamente su condición porque se negaron a acatar la Constitución “por imperativo legal”, algo que rechazó el entonces presidente de las Cortes, el socialista Félix Pons. A la investidura se llegó con 332 diputados. El pleno quedó constituido con una mayoría absoluta de 167 escaños, que fueron los que sumó González en el primer intento. Los cuatro de HB fueron considerados “diputados ausentes” y no llegaron a volver al Congreso y González funcionó el resto de la legislatura con una mayoría en la Cámara de 175.

La otra situación similar en estudio, que es la que tiene más visos de prosperar ahora de nuevo, alude a lo que ocurrió en junio de 2019 en pleno procés con la suspensión de cuatro diputados independentistas catalanes y que se resolvió con la decisión de la Mesa, tras informe de los letrados, en el sentido de que no debería tener ningún efecto en el cómputo de los escaños para las votaciones.

Aquel informe, que es el que se piensa tener en cuenta ahora, incluyó un párrafo explicativo con sus conclusiones: “De acuerdo con los precedentes, la situación de suspensión de un diputado en sus derechos y deberes debe diferenciarse de la no adquisición de la condición plena, así como de la pérdida de dicha condición. Por ello debe entenderse que los diputados suspendidos mantienen la condición de miembros de la Cámara y, en consecuencia, deben computar a efectos de su composición fijada en 350 desde el día de su constitución, no afectando así al número de votos requerido para alcanzar la mayoría absoluta (176) y al resto de las mayorías especiales que establezca la Constitución, las leyes orgánicas o el Reglamento del Congreso”.

Entonces PP y Ciudadanos se negaron a que se rebajara el nivel para alcanzar la mayoría absoluta. Ahora ningún partido lo ha requerido tampoco. Fuentes políticas y parlamentarias han señalado al respecto que muy pocas votaciones de leyes importantes han necesitado en esta XV legislatura la mayoría absoluta, apenas media docena, y no se vislumbra tras el desmarque político de Junts que a partir de ahora vayan a ser muchas más.