El Supremo decidirá el 27 de noviembre si permite que Ábalos y Koldo García sigan en libertad

El Tribunal Supremo decidirá el próximo 27 de noviembre si permite que José Luis Ábalos y Koldo García sigan en libertad provisional. El magistrado Leopoldo Puente ha fijado para ese día la vista para revisar las medidas cautelares que actualmente pesan sobre el exministro de Transportes y el que fuera su asesor, para quien la Fiscalía Anticorrupción reclama 24 y 19 años y medio de prisión, respectivamente, por la supuesta trama corrupta centrada en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Sobre Ábalos y Koldo pesan desde hace meses medidas cautelares: comparecencias quincenales ante un juez, retirada de pasaporte prohibición de salir de España. El magistrado Leopoldo Puente, instructor de la causa abierta por los supuestos amaños de contratos en torno al Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos, ha rechazado hasta ahora las peticiones que han hecho las acusaciones populares para que envíe a prisión preventiva al exministro y a su antiguo asistente, pero la última vez que negó esa posibilidad, en octubre pasado, advirtió de que existía un riesgo “creciente” de fuga a medida que se acercaba la fecha de juicio.

La vista oral está ya próxima una vez que el juez propuso el pasado 3 de noviembre sentar en el banquillo al exministro, su antiguo asesor y el comisionista Víctor de Aldama por la supuesta trama corrupta centrada en la compraventa de mascarillas durante la pandemia de covid-19. Ese paso dado por el juez ha llevado a que Anticorrupción y las acusaciones populares (unificadas en torno al PP) hayan presentado esta semana sus escritos de acusación, en los que reclaman penas muy altas de cárcel para Ábalos (24 años la Fiscalía y 30 las acusaciones) y García (19 años y medio y 30, respectivamente). En esos escritos, ambas han solicitado al juez la celebración de una vista para revisar las medidas cautelares, y esa es la cita que Puente ha fijado para el 27 de noviembre.

La petición de penas elevadas de prisión es uno de los criterios que habitualmente se tienen en cuenta para valorar el riesgo de fuga, uno de los peligros que la ley permite conjurar con la prisión preventiva. Anticorrupción no ha revelado por ahora si reclamará el encarcelamiento de Ábalos y García, pero las acusaciones populares, que ya han solicitado en ocasiones anteriores que se les envíe a prisión, avanzan ya en el escrito de acusación que registraron este jueves en el Supremo que lo volverán a pedir, lo que abre la puerta a que Puente decrete esta medida. No obstante, el juez ha asumido hasta ahora las peticiones de la Fiscalía, por lo que será clave la decisión que tome el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Anticorrupción acusa a Ábalos y Koldo García de cinco delitos: organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Ademas de las penas de cárcel, el ministerio público reclama para ellos una multa superior a los 3,9 millones de euros y una indemnización de 34.477, 86 euros de forma subsidiaria entre Ábalos y García para Ineco y 9.500, 54 euros para Tragsatec, las dos empresas públicas en las que, supuestamente, la trama enchufó a Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos. Para Aldama, el ministerio público solo pide 7 años de cárcel al aplicarle la atenuante de confesión, ya que se ha autoinculpado en el caso y ha entregado documentación que, según Luzón, aporta “información relevante” para la investigación.