Una cuarta parte de los jóvenes ve preferible en determinadas circunstancias un régimen autoritario

Casi 40 años de dictadura y, por tanto, de propaganda; la tardía reacción de las administraciones democráticas respecto a la enseñanza ―es la ley de memoria democrática de 2022 la que obliga a incluir entre sus fines el conocimiento de la represión franquista―; y el auge de la extrema derecha y de los discursos negacionistas o revisionistas han hecho mella en la sociedad española. Así lo refleja la encuesta monográfica del instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER con motivo del 50 aniversario de la muerte de Franco. El sondeo (2.000 entrevistas online) analiza (según el género, la edad y la intención de voto) el grado de conocimiento de los españoles sobre el pasado traumático; la huella de las consecuencias de la Guerra Civil en las familias; la valoración del régimen franquista, de la Transición y de las políticas de memoria. Y deja algunos porcentajes preocupantes. Puede consultar todos los datos de la encuesta aquí.

Casi tres cuartas partes de la población (73,7%) creen que “la democracia es preferible a cualquier otra forma de Gobierno”; un 17,4% considera que, “en determinadas circunstancias”, “un régimen autoritario puede ser preferible” y un 8,8% afirma que le es “indiferente un régimen que otro”. Entre los votantes de Vox ―tercera fuerza política en España, según el barómetro― el porcentaje que prefiere la democracia baja al 48,9% y el que en determinadas circunstancias optaría por un régimen autoritario sube hasta el 38,3%. Por franjas de edad, casi una cuarta parte de los jóvenes ―el 23,6% en el caso de la generación Z (18-28 años) y el 22,9% en los millennials (29-44)― cree que puede ser preferible un sistema no democrático.

Conocimiento: casi la mitad de los jóvenes ignora cómo murió Lorca

La mayoría (64,3%) ubica correctamente el periodo en el que se desarrolló el régimen franquista (1939-1975); el 12,8% falla y hasta un 20,1% admite que lo desconoce. Casi la mitad de los encuestados de la generación Z y de los Millennial no saben situarlo en el tiempo.

La inmensa mayoría de la población (94,5%), incluidos los más jóvenes (87,4%), sabe quién fue Federico García Lorca, pero el desconocimiento es nueve veces mayor (12,6%) en la Generación Z que en la de los que tienen 61 años en adelante, los baby boomers (1,4%). Sin embargo, solo seis de cada diez españoles atribuye el asesinato del poeta al bando franquista. Casi la mitad (48%) de la generación Z desconoce cómo murió, porcentaje que baja al 25,5% en el caso de los baby boomers.

Apenas la mitad de la población (50,6%) atribuye el inicio de la Guerra Civil a un “golpe de Estado de Franco contra un gobierno legítimo”. El 26,2% responsabiliza a las autoridades de la II República del estallido del conflicto bélico y un 23,2% responde que no lo sabe. Esos porcentajes varían sensiblemente en los distintos electorados. Así, solo un 27,1% de los votantes de Vox creen que el origen de la Guerra Civil fue un golpe de Estado, frente al 69% que así lo piensa entre los apoyos socialistas y el 89,8% de los de Sumar. En el electorado del PP, la respuesta mayoritaria (44,4%) apunta a la II República como responsable; un 29,3% señala el golpe de Estado de Franco como origen de la guerra y un 26,4% lo desconoce.

Entre la población general, el 42,5% cree que fueron los franquistas quienes provocaron más muertes en la Guerra Civil; el 33,4% considera que ambos bandos provocaron una cifra parecida y el 9,5% atribuye más muertes al bando republicano, pero de nuevo, la percepción es muy distinta en cada electorado. Así, hasta un 55,9% de los votantes del PP y un 46,7% de los de Vox creen que ambos bandos provocaron un número similar de muertos, porcentaje que baja al 18,2% en el caso de los votantes socialistas y al 14% de los de Sumar.

En la Guerra Civil, como recuerda el catedrático de historia contemporánea Julián Casanova en su biografía sobre Franco, 200.000 personas murieron en combates y operaciones militares; 100.000, víctimas de la represión desencadenada por los militares sublevados y 55.000 por la violencia en la zona republicana. Al menos 50.000 más fueron ejecutados entre 1939 y 1946 por el bando franquista. A lo que añade “la sobremortalidad por enfermedades o inanición que sumaría 350.000 fallecidos durante la guerra y en años posteriores”.

El impacto en las familias: en el electorado del PP y de Vox son más los que dicen que les benefició

Preguntados por el bando de la Guerra Civil con el que simpatizaba más su familia, el 24,7% afirma que “distintos parientes simpatizaban con distintos bandos”; el 24% responde “con los republicanos”; el 19,7% no lo sabe; el 16,2% señala “ninguno de los dos” y el 12,1% con los “nacionales”. Entre el electorado de izquierdas predominan los familiares que simpatizaban con los republicanos, mientras que en el de derechas están más repartidos.

“Poco” y “nada” son las respuestas mayoritarias cuando se pregunta a la población si de niño o adolescente le hablaron en su familia, en la escuela o entre sus amistades de la Guerra Civil y el franquismo, si bien se observa que cada vez se habla más del asunto en la escuela: así lo señala un 38,2% de la Generación Z y un 28,1% de la Millennial frente al 16,2% de los baby boomers. Las competencias en educación están transferidas a las comunidades autónomas y dirigentes del PP, que preside 11 de ellas, han considerado ese tipo de contenidos “adoctrinamiento”. Recientemente, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso retiró un curso de formación para profesores sobre cómo abordar el franquismo en las aulas en la Comunidad de Madrid.

Preguntados por el impacto del franquismo en su familia, el 46,4% de la población asegura que fue “negativo” y un 17% “positivo”. Por electorados, entre los votantes del PP y Vox son más los que creen que benefició a su familia (25,5% y 37,2%, respectivamente) que los que señalan que la dictadura les perjudicó (22,8% y 22,2%).

Las respuestas a esta pregunta también afloran una brecha de género, siendo las mujeres quienes en mayor medida señalan los efectos negativos del franquismo para su familia. La distancia es especialmente acusada (14,6 puntos de diferencia) entre las chicas y los chicos de 18 a 28 años, menos proclives que sus compañeras de generación a señalar un impacto negativo de la dictadura en su familia. El franquismo reprimió a las mujeres, sometidas a la tutela del padre o el marido, apartadas del mundo laboral, incapacitadas legalmente para algo tan sencillo como abrir una cuenta en un banco.

Tras el golpe de Estado, Franco aplicó una justicia al revés, juzgando por adhesión a la rebelión a quienes habían permanecido leales al Gobierno elegido. El modelo, inspirado en la Inquisición, como recoge el libro Castigar a los rojos, de los historiadores Francisco Espinosa, Ángel Viñas y Guillermo Portilla, se tradujo en miles de ejecuciones. Solo en Málaga, cuatro tribunales juzgaron en 100 días a 20.000 personas e impusieron 3.000 penas de muerte. El rastro de la represión en las familias españolas alude también al exilio y la emigración ―aproximadamente dos millones de españoles abandonaron el país entre 1960 y 1975―; a las incautaciones y a las purgas. Por poner un ejemplo, el 88% de la plantilla de ferroviarios, cerca de 90.000 personas, fue sometida a comités de depuración.

Valoración del franquismo

El 54,9% de la población valora “mal” o “muy mal” el régimen de Franco; el 24,8% responde que “ni bien ni mal” y el 14,8% “bien o muy bien”. El electorado de Vox, primera fuerza en intención de voto entre los más jóvenes, es el único en el que hay más simpatizantes (42,3%) que detractores (17,3%) del franquismo. Entre los votantes del PP, el porcentaje de los que valoran el régimen de manera positiva alcanza el 20,2%.

Preguntados por las áreas a las que la dictadura afectó más negativamente, figuran, por este orden, “la igualdad entre hombres y mujeres” (señalada por el 68,4%); “la libertad y los derechos civiles” (68,4%); “la imagen internacional de España” (55,2%); “la cohesión social y territorial” (47%); “la educación y la cultura” (46,7%) y el bienestar y la calidad de vida (46%). Sin embargo, algo más de un tercio de los españoles consideran que el franquismo tuvo un efecto positivo sobre la economía. Por electorados, tanto los votantes del PP como los de Vox consideran mayoritariamente que la dictadura influyó positivamente tanto en la economía, como en la educación y la cultura; el bienestar y la calidad de vida y la cohesión social y territorial. Solo los votantes del partido de extrema derecha creen que, además, tuvo un impacto positivo en la imagen internacional de España. Por franjas de edad, de nuevo, las mujeres de todas las generaciones valoran de manera más negativa el franquismo en todas las áreas, mientras que los varones más jóvenes son los más indulgentes con la dictadura y consideran que tuvo un impacto positivo en la economía.

“Los países de la Europa Occidental”, explicó Vicente Pinilla, catedrático de historia económica, “tardaron cinco años en recuperar el PIB per cápita previo a la guerra. A España le costó 17″.

Valoración de la Transición y las leyes de memoria

La mayoría de la ciudadanía (71,7%) considera que la Transición “permitió construir una democracia comparable a las europeas” y que fue “un ejercicio colectivo de reconciliación” (67,4%), aunque hasta un 77,5% cree que “se podría haber ido más lejos”.

El estudio también indaga sobre la percepción ciudadana sobre las políticas de memoria. Un 72,5% considera que las víctimas de la Guerra Civil recibieron un trato desigual según el bando al que pertenecían y un 70,3% cree que “los crímenes del franquismo deberían haber sido juzgados”, si bien, hasta el 50,3% opina que “la memoria histórica sirve para dividir a los españoles”.

La primera ley de memoria histórica entró en vigor en diciembre de 2007 y la segunda, llamada de memoria democrática, en octubre de 2022. En el medio, los Gobiernos de Mariano Rajoy (2011-2018) no derogaron la norma, si bien, la dejaron prácticamente sin financiación. En todo este tiempo, es decir, casi 18 años, no consta que haya habido enfrentamiento entre familiares de ambos bandos a propósito de la aplicación de esta legislación, por ejemplo al abrirse las fosas del franquismo, pero parece haberse impuesto en la opinión pública el discurso de la derecha sobre un supuesto efecto divisivo en la sociedad española. Y están más en desacuerdo con la afirmación de que la ley divide los votantes de Sumar y Podemos que los del PSOE pese a que este fue el partido que impulsó ambas normas.

Tanto los votantes del PP como los de Vox, aunque en menor medida que el electorado de izquierdas, están más de acuerdo que en desacuerdo con la idea de que las víctimas de la Guerra Civil fueron tratadas de forma desigual según el bando y con que los crímenes del franquismo deberían haber sido juzgados.

En realidad, las primeras leyes de memoria las hizo Francisco Franco. El dictador pidió un censo de desaparecidos de la guerra; encargó un protocolo de exhumación, preservó por ley las fosas comunes para que no se construyera sobre ellas; concedió “medallas al sufrimiento por la patria”; generosas pensiones vitalicias a las viudas y por todo el territorio nacional hubo homenajes a los caídos. Todo ello solo para las víctimas de su bando, el vencedor. Mientras, las familias de los vencidos no pudieron ni siquiera enterrar a sus muertos. Las leyes de memoria aprobadas en democracia tratan de reparar a las víctimas que no habían sido reparadas en dictadura, pero amparan por igual a las familias de ambos bandos. De hecho, como explicaba recientemente el forense Francisco Etxeberria en este periódico, del los 18.000 esqueletos recuperados en fosas comunes desde el año 2000 (siete antes de la primera ley) hasta hoy, 200 son de víctimas a manos del bando republicano.

El traslado en 2019 de los restos de Franco del Valle de Cuelgamuros -el monumento que el dictador concibió para inmortalizar su victoria en la Guerra Civil- hasta el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, divide a los españoles: el 46% está “de acuerdo” o “muy de acuerdo”, y el 40,9% “en desacuerdo” o “muy en desacuerdo”. En cuanto a la reciente derogación de las leyes regionales de memoria por parte del PP y Vox -una medida contra la que alertaron relatores de Naciones Unidas-, el 44,7% la desaprueba y al 36,9% le parece bien. Mucho más consenso generan otras iniciativas, como la apertura de fosas del franquismo para devolver los restos de las víctimas a sus familiares (el 68,9% está a favor) o la retirada de símbolos franquistas del espacio público (el 58,1% cree que debe hacerse).

Por electorados, tanto la derecha como la izquierda comparten mayoritariamente que las fosas deben abrirse, aunque con mucho menos entusiasmo los votantes de la derecha que los de la izquierda, y con el electorado de Vox más a favor que el del PP. En el caso de la retirada de símbolos, los apoyos del partido de Alberto Núñez Feijóo y los de la formación que preside Santiago Abascal están más en desacuerdo que de acuerdo; al igual que ocurre con el traslado de los restos de Franco. Los votantes del PP apoyan la derogación de las leyes de memoria regionales aunque con menor entusiasmo que los votantes de la formación de extrema derecha, que es la que obligó a los populares a eliminar dichas normas en las comunidades donde los necesitaban para sacar adelante los presupuestos autonómicos.

Pese a que la mayoría de la población (82,1%) y, de forma transversal en todos los electorados, considera que la muerte de Franco hace ahora 50 años supuso “un cambio total” o “importante”; y casi el 70% señala que ese cambio fue “para bien”, el 72,7% ve “poco” o “nada necesario” que se haga una conmemoración pública de esa efeméride. El Gobierno ha organizado, a través de un comisionado especial, más de 150 actos relacionados con la gran transformación del país tras la muerte del dictador y prevé que haya otros 480 de aquí a final de año, pero curiosamente este jueves no habrá un gran acto oficial. “Lo que estamos celebrando no es la muerte de Franco, sino el principio del fin, la progresiva recuperación de libertades”, ha explicado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

La huella del franquismo

La mayoría de españoles cree que las consecuencias del franquismo se perciben todavía hoy en algunos sectores, fundamentalmente, la política (señalada por el 59%); la Iglesia (56,8%); la sociedad en general (56,5%); el ejército (51,5%) y en menor medida, las fuerzas y cuerpos de seguridad (49,6%) y el Poder Judicial (46,8%). En todos los casos, son los electorados de izquierdas los que perciben más consecuencias y las generaciones jóvenes señalan más huellas del franquismo, especialmente en la política, que los mayores que lo vivieron.

Casi siete de cada 10 opina que Vox mantiene “vínculos ideológicos o simbólicos con el franquismo”; seguido del PP (48,1%). Todos los votantes, incluidos los de Abascal, identifican esos vínculos de la extrema derecha con el franquismo, mientras que solo los votantes de izquierda identifican a los populares con esa etapa. Por franjas de edad, los mayores perciben esa vinculación de Vox con el franquismo en mucha mayor medida (diez puntos de diferencia) que los jóvenes. El partido de Abascal ha llegado a declarar en el Congreso que el actual es “el peor Gobierno en 80 años” y que gracias a las redes sociales los jóvenes están “descubriendo” que la dictadura fue “una etapa de reconciliación, unidad y progreso”.