Los socios aprietan pero (aún) no ahogan

En política también hay periodos de hibernación. Son momentos en los que las cosas se ponen tan difíciles que la mejor solución es esperar a que baje la tormenta para ver qué queda después de la nieve. La legislatura, y en especial la relación entre el PSOE y Junts, la más tormentosa pero a la vez imprescindible para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez en 2023 y para avanzar en las reformas pendientes, ha entrado en esa hibernación, a la que en pocas semanas se suman dos elementos clave: la campaña de las elecciones extremeñas [21 de diciembre], que se empalmará después con las de Castilla y León y más tarde con las andaluzas, si es que no hay más, y el parón en el Congreso, que solo tendrá una semana de pleno en diciembre y estará sin ellos hasta finales de enero, mes inhábil.

Ya no hay reuniones secretas en Suiza, ni en Bruselas, ni negociación intensa, ni fotos de acuerdo, ni comunicados pactados. Todo está aparentemente parado entre el PSOE y Junts. Y sin embargo, los contactos informales en el Congreso siguen entre estos dos grupos, las votaciones se suceden -vienen ahora dos semanas con varias importantes- y los independentistas volvieron a salvar al Gobierno de varias derrotas relevantes esta semana, en especial la de la prórroga de las nucleares, con la que el PP quería demostrar que hay una mayoría alternativa en el Congreso.

Con dificultades, con más de media docena de enmiendas perdidas que el PP exhibe como un gran triunfo –“cuando empezó la legislatura era noticia que el Gobierno perdiera una proposición no de ley y ahora el PP es capaz de cambiar leyes y publicar textos en el BOE con la firma de Feijóo”, resumen en la cúpula- el Ejecutivo sigue sin embargo sacando adelante los proyectos más relevantes y gana el 90% de las veces que la presidenta del Congreso llama a votación.

Un miembro del Gobierno trata de relativizar la situación, aunque varios de los consultados admiten que se toman muy en serio la ruptura de Junts, que saben que no es postureo, que esta vez es diferente sobre todo porque la situación política catalana es muy delicada para los independentistas, con Aliança catalana pisándoles los talones, por lo que el futuro es imprevisible. Pero el Ejecutivo está convencido de que, con algunas derrotas y muchas otras victorias, puede seguir adelante hasta 2027 mientras la economía ofrezca datos positivos, el empleo siga creciendo y los fondos europeos y la recaudación den margen para seguir con los Presupuestos prorrogados tomando decisiones positivas, sin recortes, que difícilmente se pueden rechazar en las Cortes, como una nueva subida de pensiones que llegará en breve.

“Hay que perderle el miedo al tropiezo, tenemos que acostumbrarnos a que un Gobierno en minoría tiene que perder votaciones. En Europa es absolutamente normal, aquí aún tenemos demasiado recuerdo de las mayorías absolutas que no volverán. 25 de los 27 países de la UE tienen gobiernos de coalición. El 37% de ellos están en minoría, como nosotros. Muchos son del PPE, el partido de Feijóo. Lo que el PP quiere convertir en una enfermedad democrática es lo normal entre sus aliados europeos”, resume.

Mientras el foco político y mediático está puesto en la supervivencia del Gobierno por esta ruptura de Junts, que es relativa porque no da el salto a una moción de censura y por tanto no quiere tumbar al Ejecutivo, en La Moncloa y en los ministerios la sensación que se vive es completamente diferente. Nadie se plantea un adelanto electoral de generales en 2026. Y las reuniones, los papeles, los proyectos se concentran en cómo gastar los fondos europeos, que tienen el tope de final de 2026, cómo sacar adelante iniciativas importantes que no necesiten una votación parlamentaria -a través de decretos reales o reglamentos- y sobre todo, en la parte más política, cómo enfrentarse a las elecciones autonómicas que ya están en el horizonte.

Por eso, y pese a que mediáticamente no tuvo tanto recorrido, La Moncloa preparó para este miércoles una abrumadora cadena de datos que leyó el presidente para tratar de demostrar que las comunidades del PP están desmantelando en parte el Estado del bienestar al abrir paso a una privatización encubierta sobre todo de la sanidad pero también de la educación, especialmente la superior. “Nuestros datos indican que, aunque los medios estén con Junts y con las batallas dialécticas, de si Nogueras llamó cínico al presidente, la gente está pendiente del coste de la vida, la vivienda y el estado de los servicios públicos, sanidad, educación, dependencia. Y es ahí donde vamos a insistir”, señala un miembro del Ejecutivo.

El ambiente en el Congreso de esta semana ya ha sido claramente de campaña electoral, pero no de las generales, que nadie ve cercanas, ni siquiera en el PP, y tampoco en los socios del Gobierno consultados, ni en ERC, ni en el PNV, ni en Bildu, sino de las autonómicas. Sánchez ha decidido echarse esas campañas a la espalda y confrontar directamente con los barones del PP, a los que acusa de debilitar la sanidad y educación públicas para dar negocio a los privados, que cada vez ganan más espacio. El PSOE hace campaña desde el Gobierno, su mejor baza, no en vano cinco ministros son candidatos autonómicos, y también por eso es difícil pensar que Sánchez no agotará la legislatura. Y desde ahí contrasta los dos modelos para movilizar a los progresistas frente a esa privatización.

Pese a esa hibernación de la relación con Junts, el Gobierno mantiene su hoja de ruta. Este martes se aprobará la senda de déficit, paso previo a los Presupuestos que con total seguridad será tumbado en el Congreso. Y las Cuentas ya llegarán después del parón de enero. En las próximas dos semanas se votan el decreto de la dana y el de la ELA, y ahí no debería haber problemas de votación. Y ya se prepara el de las pensiones, que el año pasado cayó a la primera y salió a la segunda. Pero el Ejecutivo se prepara para sacarle partido político a cualquier derrota. “Si llevamos cuestiones positivas y nos las tumban, pueden sufrir más ellos, como pasó con las pensiones el año pasado. Vamos a negociar a fondo, pero no nos asustamos. Cada palo que aguante su vela”, señala un ministro. En paralelo además hay mucho movimiento subterráneo, como la negociación con ERC para intentar sacar los Presupuestos en Cataluña, que dependen de un acuerdo sobre la financiación singular catalana. En la superficie todo parece imposible, pero en el fondo las piezas se siguen moviendo.

Desde el PP ven una situación completamente agónica del Ejecutivo. “Es tan precaria su situación que es noticia que el Gobierno gane una votación, no que pierda varias. Tenemos la oposición más fuerte de la historia, con una proyección de 200 escaños, frente a un calvario parlamentario del Ejecutivo que se suma a sus complicaciones en múltiples frentes judiciales”, señalan desde la cúpula de Feijóo.

En el Gobierno asumen que su gran problema es el frente judicial. “La oposición es sobre todo judicial. La política no nos hace daño”, señala otro miembro del Ejecutivo. Pero creen que los jueces han ido tan lejos en algunos temas que ahora se va a volver contra ellos. Especialmente el del fiscal general. Un miembro del Gobierno hace una interpretación del problema al que se enfrentan, en su opinión, los jueces del Supremo que van a juzgarle: “Pensaron que Álvaro García dimitiría al ser procesado. Pero no lo hizo, y ahora tienen un problemón. Si lo absuelven, que sería lo lógico después de lo visto en el juicio, les van a matar los suyos. Pero si le condenan con una sala dividida y varios votos particulares, el escándalo va a perjudicar aún más una imagen ya muy deteriorada. Se han metido en un agujero por llevar a juicio algo que nunca debió llegar hasta ahí”.

En el Ejecutivo hay división de opiniones. Algunos, los que hacen un análisis más político, dan por hecho que habrá condena porque creen que en caso contrario no tendría sentido haber llegado tan lejos . Otros, con visión más jurídica, creen que es completamente imposible condenar sin pruebas y con lo visto en el juicio, donde los propios testimonios de la UCO han quedado muy debilitados. En cualquiera de los casos -en el de condena Sánchez tendría que cambiar al fiscal general- el Gobierno cree que esta cuestión no pone en riesgo su estabilidad porque lo visto en el juicio avala su tesis.

También del frente judicial está pendiente otro asunto decisivo para la legislatura: el regreso de Puigdemont. La “victoria rotunda”, en palabras de Félix Bolaños, del abogado general de la UE que abre paso a la vuelta del líder de Junts, aún necesita el remate de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo y del aval del Tribunal Constitucional al amparo. En el primer trimestre de 2026 debería estar todo listo. Pero de nuevo, la pelota pasará al Supremo. Y ahí la hibernación se puede estirar aún más. Pero la legislatura seguirá, o al menos esa es la apuesta principal en el mundo político.