Euforia en el Gobierno ante un informe del abogado de la UE decisivo para la legislatura

El Gobierno tenía la convicción de que el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea traería buenas noticias, pero el informe ha sido aún mejor de lo esperado. En el Ejecutivo se percibía este jueves una evidente euforia ante una decisión que, si se consolida en el propio tribunal, algo altamente probable dados los antecedentes, supone abrir el paso definitivamente al regreso de Carles Puigdemont a España. Los cálculos para esta ansiada realidad, sobre todo en Junts, decisiva para la legislatura, se sitúan ahora alrededor de la llegada de la primavera, al final del primer trimestre de 2026, cuando está previsto que el Tribunal Constitucional resuelva —se supone que favorablemente gracias a la mayoría progresista― el recurso de amparo que ha presentado el ex president, que lleva ocho años en Waterloo para evitar a la justicia española.

En el Gobierno están convencidos de que un informe tan rotundo, que incluso rechaza expresamente la idea de la “autoamnistía”, que ha sido clave en la argumentación del PP contra esta ley, si se confirma a través de la sentencia del TJUE ya no deja ningún margen al Tribunal Supremo para no cumplir con el amparo del Constitucional y permitir el regreso de Puigdemont a España sin ser detenido.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, visiblemente eufórico, incluso habló de “victoria rotunda”. Esta cuestión de la amnistía es la clave de bóveda de la investidura de Pedro Sánchez y de la propia legislatura. Y el hecho de que no se haya cumplido aún con Puigdemont explica, según la visión del Ejecutivo, buena parte de los problemas con Junts, aunque no es el único círculo que hay que cerrar con los independentistas.

El Gobierno se ha dejado muchos pelos en la gatera defendiendo esta amnistía que rechazó durante años y ahora ha abrazado con entusiasmo después de dar un giro de 180 grados al entender que sin esta polémica norma no habría legislatura. Y ahora vive cada paso como algo propio, especialmente Bolaños, el principal artífice de la norma.

Con Junts las cosas están muy complicadas, y los independentistas no piden solo el cumplimiento total de la amnistía, esto es que pueda volver Puigdemont y Toni Comín, los dos dirigentes aún en Bélgica. El Gobierno es consciente de que la ruptura anunciada por Junts no solo depende de la amnistía, también hay varias carpetas pendientes, en especial la oficialidad del catalán en la Unión Europea, el traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat, y reformas importantes para ellos como la ley contra la multireincidencia o la ocupación, que son muy difíciles de sacar adelante porque el lado izquierdo del hemiciclo las rechaza.

Sin embargo, aunque no resuelva todos los problemas ni garantice desbloquear la investidura y muchos menos unos Presupuestos que cada vez parecen más inviables, el regreso de Puigdemont, según interpretan varias fuentes del Ejecutivo consultadas, cambiaría muchas cosas en la relación entre el PSOE y Junts, muy deteriorada en las últimas semanas. La propia dinámica de las negociaciones, ahora interrumpida, es completamente diferente si el líder está ya de vuelta en Cataluña, dirigiendo desde allí su organización, y no a distancia, y por tanto también se puede reunir directamente con Pedro Sánchez, con el que nunca se ha visto, otro gesto de normalización aún pendiente y que el retraso de la aplicación de la amnistía ha ido posponiendo.

El presidente siempre ha sido que está dispuesto a esa cita tanto con Puigdemont como con Oriol Junqueras, con quien ya ha hablado por teléfono, como una prueba más de la normalización de la situación en Cataluña ocho años después del procés. Junts no ha forzado la máquina con esa reunión con Sánchez, porque de haberlo hecho probablemente habría logrado que el presidente y el ex president se vieran en Bruselas, pero es un elemento con el que se puede jugar políticamente con más facilidad si Puigdemont vuelve a Cataluña.

El Gobierno estaba pues este jueves muy satisfecho con una jornada que parecía en principio muy complicada, con la primera gran votación en el Congreso después de la ruptura con Junts, y terminó con un sabor de boca completamente diferente, al salvar la más difícil, la de la prórroga de las nucleares, gracias a la abstención de los independentistas, y con un informe del abogado general de la UE muy rotundo. De hecho en el Ejecutivo creen que las deficiencias que plantea el informe están ya subsanadas gracias a la sentencia del Tribunal Constitucional, que avalaba la amnistía pero planteaba algunos ajustes de interpretación.

El Gobierno es muy consciente de que la legislatura se ha complicado mucho y vienen meses difíciles, pero confía en poder sacar adelante algunas iniciativas que sean positivas para Cataluña, la condición que ha planteado Junts. Y sobre todo está trabajando en toda la lista de deberes que han puesto los independentistas al anunciar su ruptura, con el catalán en Europa como el hito más difícil a corto plazo, pero no imposible, y para eso se ha abierto una negociación con el Gobierno alemán. Con discreción, todo el equipo negociador de Sánchez está concentrado en sacar adelante cuestiones importantes para Junts pero también para ERC o para el PNV o Bildu y también para Podemos, con los que hay varias negociaciones pendientes. Ha sido así durante toda esta compleja legislatura.

En la superficie, parece que todo está roto y el Gobierno no tiene nada que hacer. Pero en el fondo, hay muchos movimientos que se repente aparecen como una negociación cerrada. Ahora con Junts no hay negociación, insisten en el Ejecutivo, y esta última abstención en la prórroga de las nucleares, que forzó la derrota de la enmienda del PP, no ha sido fruto de un pacto sino una decisión autónoma de los independentistas. Pero el Ejecutivo sigue buscando avances para lograr un acercamiento con Junts. Y tiene algo de margen temporal, porque ahora vienen algunas semanas con votaciones ya pactadas con Junts antes de la ruptura, que en teoría se van a respetar, y otras en las que habrá derrotas, como las hubo este jueves, más de media docena, y después llega un largo parón sin plenos desde el 9 de diciembre posiblemente hasta febrero, porque enero no es hábil en el Congreso aunque se puede habilitar. Tiempo para avanzar en cuestiones pendientes, rebajar la tensión y empezar a vislumbrar ya cerca el regreso de Puigdemont si se cumplen las previsiones del Ejecutivo, aunque siempre queda un factor inesperado que es el Tribunal Supremo.