El hermano de Sánchez cuestiona la investigación que lo ha llevado al banquillo para defender su inocencia

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha presentado este lunes su escrito de defensa ante la jueza Beatriz Biedma, instructora de la causa que lo ha llevado a juicio por su supuesta contratación a dedo en la Diputación de Badajoz, en el que cuestiona la legalidad de una de las diligencias de investigación: la intervención por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de miles de correos electrónicos que enviaron y recibieron los procesados mientras se gestó la creación y adjudicación del puesto de trabajo que terminó ocupando. En su escrito, de apenas dos folios de extensión, el familiar de Pedro Sánchez insiste en que los hechos de los que se le acusan no constituyen ningún delito y que, por tanto, debe ser absuelto. Junto a él, también se sentarán en el banquillo otras 10 personas ―entre ellas el líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo― acusadas de los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por las supuestas irregularidades en la contratación de David Sánchez en la diputación pacense en 2017 y de un extrabajador del Palacio de La Moncloa años después. Las acusaciones populares piden para él por estos hechos tres años de cárcel.

En las conclusiones de su escrito, la defensa de David Sánchez niega “el relato de hechos” realizado precisamente por las acusaciones, las únicas que le han pedido juzgarles, ya que la Fiscalía pidió archivar la causa. El hermano del presidente insiste en que “los procesos administrativos” por los que se le adjudicó el puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios de la Diputación de Badajoz se ajustaron “estrictamente” a la legalidad vigente y que en ningún momento se ha acreditado “ni siquiera indiciariamente” la participación “con sesgo delictivo de clase alguna en su creación o adjudicación” por parte del músico. Por todo ello, añade, “los hechos no son, en consecuencia, constitutivos de delitos alguno” ni, por consiguiente, se puede establecer autoría alguna y pide su libre absolución.

En su escrito, el abogado del familiar de Pedro Sánchez propone para el juicio ―cuya fecha de celebración aún no ha sido fijada por la Audiencia Provincial de Badajoz― el interrogatorio de los 11 acusados y de 13 testigos, entre ellos tres peritos. También pide que se excluyan de la vista los correos intervenidos por la UCO durante la investigación “por entender que la pretendida autorización judicial que ordena las incautaciones lesiona derechos fundamentales de los investigados”. El escrito anuncia que, en el trámite de cuestiones previas al inicio del juicio, el abogado defensor expondrá sus argumentos para esto último.

Esos correos electrónicos han sido, de hecho, pieza fundamental en la investigación que llevó a la jueza Biedma a concluir en abril que existían “claros indicios de criminalidad” en la actuación de los 11 encausados. En aquella resolución, que fue avalada en septiembre por la Audiencia Provincial, la magistrada concluía que el proceso por el que el hermano del presidente consiguió el puesto en la Diputación de Badajoz no fue fruto “de un proceso selectivo justo y trasparente”, sino que se realizó supuestamente “sin cumplir los requisitos constitucionales”. También atribuía al familiar de Pedro Sánchez haber utilizado posteriormente su “influencia” en la Diputación “para obtener un beneficio propio, en primer lugar, al conseguir que se adaptaran las condiciones de su puesto a sus preferencias personales, como el no tener que acudir diariamente a un despacho y el dedicarse a la ópera” y para que un amigo suyo que trabajaba en el Palacio de la Moncloa, Luis Carrero (también procesado), “fuera contratado por la Diputación y pasara a auxiliarle directamente trabajando con él en su mismo despacho”.