La Audiencia de Badajoz rechaza los recursos y aboca al hermano de Sánchez al banquillo

David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, se sentará finalmente en el banquillo de los acusados. La Audiencia Provincial de Badajoz ha rechazado este martes los recursos presentados por el familiar de Pedro Sánchez y los otros 10 procesados, entre ellos el líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, contra la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, de enviarlos a juicio por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por las supuestas irregularidades en la contratación, en 2017, de David Sánchez por la diputación pacense.

Los cuatro magistrados concluyen que de la investigación de la jueza se desprende que existen “indicios suficientes (...) sobre el presunto carácter delictivo de las conductas imputadas” y ordena que siga adelante el procedimiento con la celebración del juicio. La resolución no es recurrible. La Fiscalía y las defensas habían pedido el archivo de la causa, mientras las acusaciones populares ―que lidera el seudosindicato Manos Limpias y entre las que también están PP, Vox y organizaciones del ámbito ultra― presentaron en mayo su escrito de acusación en el que piden tres años de cárcel para el hermano del presidente y otro tres para el dirigente socialista regional.

En un auto de 64 páginas, la Audiencia desmonta las alegaciones de la defensa del hermano de Pedro Sánchez, que había pedido el sobreseimiento de la causa “por inexistencia de indicios” o, al menos, la nulidad de buena parte de la investigación por supuestos defectos de forma durante la instrucción. Los magistrados refutan los argumentos esgrimidos en este sentido y destacan que el auto dictado por la jueza el pasado 28 de abril y que puso ya entonces a David Sánchez y a otros 10 procesados al borde del banquillo “cumple con creces los requisitos necesarios” para que la causa avance a la fase de juicio. “El auto no solo contiene una relación de hechos punibles extensa, sino que se especifican como hemos visto los indicios existentes y las concretas diligencias de los que son obtenidos. Y todo ello de manera más que detallada, existiendo una extensa e intensa motivación que impide toda indefensión de las partes”, recalca la Audiencia de Badajoz que en otro punto lo tilda de minucioso.

Los cuatro magistrados avalan la totalidad de la investigación de la jueza, descartando de este modo también los argumentos esgrimidos por la Fiscalía, que consideraba que la causa debía archivarse porque la misma se sustentaba únicamente “en conjeturas”. En este sentido, la Audiencia Provincial habla de “irregularidades formales evidentes” en la creación del puesto de alta dirección en la Diputación de Badajoz que ternían como “finalidad inicial clara” que el mismo terminara siendo ocupado por el hermano del presidente o en la posterior adaptación del trabajo “a sus exclusivas preferencias personales” y que incluyó incluso un cambio de nomenclatura a partir de octubre de 2022 al que atribuyen una “finalidad torticera”. Y destaca que el propio David Sánchez, en su primera declaración como imputado, no supera definir las funciones de su puesto.

Sobre el supuesto tráfico de influencias ejercido por el hermano del presidente en la contratación presuntamente irregular por parte de la diputación pacense de otro de los procesados, el extrabajador del Palacio de La Moncloa Luis Carrero, la Audiencia Provincial destaca que la jueza extrae los indicios “de manera racional y motivadamente” de los correos electrónicos intervenidos a David Sánchez, en los que se muestra una enorme cercanía personal entre ambos y un supuesto conocimiento previo de que se le iba a conceder a aquel el puesto. Sobre otro de los encausados, el líder socialista extremeño, Gallardo, el tribunal incide en que tanto la creación en 2016 del puesto que finalmente ocupó David Sánchez como su adjudicación a este un años después “contó con la aprobación” del político, entonces al frente de la Diputación de Badajoz.

En su resolución, los magistrados cuestionan que el hermano del presidente haya alegado en su recurso la falta de capacidad de influencia de Pedro Sánchez cuando se creó formalmente la plaza el 17 de octubre de 2017, ya que dos semanas antes este había dimitido como secretario general del PSOE tras perder una votación en el Comité Federal ante sus críticos. Según la Audiencia, David Sánchez olvida que fue “precisamente en ese mes de octubre” cuando se acuerda crear el puesto “siendo hasta ese preciso momento secretario general el mismo, trascurriendo solo siete meses hasta la revalidación de nuevo el mes de mayo de 2017 como aquel en que se inicia el proceso de nombramiento de su hermano para el cargo creado anteriormente”.

En este sentido, el tribunal recuerda que en su declaración ante la jueza, otro de los procesados aseguró que entre la fecha de creación del puesto y la adjudicacion del mismo a David Sánchez había coincidido con el hoy presidente del Gobierno en un mitin celebrado en Badajoz cuando este aspiraba a volver a asumir el liderazgo del partido y que “le habló de que tenía un hermano músico”. Por ello, avala la afirmación de la jueza en su auto de que la adjudicación del puesto de trabajo al hermano del presidente se produjo “a petición, seguramente, de persona o personas de su entorno o relacionadas con el mismo que conocían dicha necesidad”.

11 meses de investigación

La causa contra el familiar del jefe del Ejecutivo comenzó a finales de mayo de 2024, a raíz de una denuncia del seudosindicato Manos Limpias sustentada en publicaciones donde se acusaba que David Sánchez no acudía a su puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz, que no realizaba las funciones que tenía asignadas y que residía en Portugal para presuntamente no pagar impuestos en España. La denuncia también aseguraba que tenía un patrimonio, valorado en dos millones de euros, desproporcionado al sueldo que percibía. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, luego respaldado por la entidad financiera donde el hermano de Sánchez tiene depositada acciones, descartó el supuesto enriquecimiento ilícito y, posteriormente, la propia jueza concluyó que tampoco existía ningún delito fiscal.

Durante las pesquisas, la jueza tomó declaración a decenas de personas y la Guardia Civil realizó varios registros de la diputación pacense, donde intervinieron documentación y correos electrónicos de los implicados, convertido en pieza clave de la investigación que desembocó en el procesamiento del familiar del presidente, según refleja el auto de procesamiento que dictó la jueza Biedma. Las conclusiones de la instructora en su último auto apuntaban a que existían “indicios” de que “David Sánchez Pérez-Castejón, teniendo conocimiento previo de que el Puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios [de la diputación pacense] se había creado para él, se presentó a la convocatoria e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo”.

En cuanto a Miguel Gallardo, presidente de la diputación y ahora líder de los socialistas extremeños, la magistrada señalaba que era “inverosímil” que “como máximo responsable de la Diputación y ostentando la competencia para el nombramiento y cese del Personal de Alta Dirección” no tuviera conocimiento de este nuevo puesto y que desconociera que “estaba destinado a ser adjudicado” al hermano de Pedro Sánchez. Añadía además que, una vez que David Sánchez se incorporó al puesto, Gallardo y él “tenían una relación estrecha y que incluso hablaban los fines de semana”. Por esto, concluía que Gallardo participó “directamente en los hechos”.