Carmen Calvo aboga por proteger el aborto “de una manera certera” y “evitar vaivenes políticos”
La presidenta del Consejo de Estado estima que la protección al derecho debe basarse en el artículo 10 de la Constitución, relativo a la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad


La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha manifestado este viernes que el derecho al aborto “tiene que estar protegido de una manera certera”. En el acto de presentación de la memoria del Consejo, su presidenta añadió que dicho derecho pertenece “al tronco de la libertad, que está fundamentado en el artículo 10 de la Constitución”. Calvo explicó que el Gobierno está obligado a pedir dictamen del Consejo sobre su propuesta, aprobada en el Consejo de Ministros de este martes, al tratarse de una iniciativa de reforma constitucional. Añadió que podrá haber debate sobre las vías para asegurar el ejercicio de ese derecho y que los consejeros de dicha institución lo resolverán “del mejor modo posible”, sin excluir la unanimidad.
Además, Calvo subrayó que nunca se pronuncia sobre asuntos sometidos a dictamen del Consejo, pero que en relación con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo lleva “opinando toda mi vida”. De ahí que aceptara expresar su punto de vista, considerando además que se trata de un debate que se está reabriendo en diversos países. Citó el caso de Francia, donde “se está reforzando la protección de un derecho que es del tronco de la libertad y la dignidad de las mujeres para el control de su cronología vital en relación con la posibilidad de la maternidad”. Y añadió que se trata de “un asunto que no puede estar sometido a los vaivenes políticos de los cambios de color de cada uno de los gobiernos de turno”.
La presidenta del Consejo de Estado dijo “entender” que “en cualquier país, y en el nuestro también, se esté planteando una protección de esa naturaleza, visto que es un tema recurrente, aquí, en Estados Unidos y en países de la UE”. Añadió que “lo que sí parece lógico es que se proteja la libertad sobre el cuerpo de cada una de las mujeres, en este caso en España”. Calvo dio por hecho que se elaborará un dictamen “porque si hay modificación constitucional hay que pedirlo obligatoriamente, contestando a lo que se nos pregunte, y en ello estaremos”.
Carmen Calvo no mencionó el artículo 43 de la Ley Fundamental, sobre el derecho a la salud, cuya modificación es la pactada por PSOE y Sumar para tratar de blindar el derecho al aborto en la Constitución. Los socios de Gobierno pretenden añadir un cuarto apartado que rece “4. Se reconoce el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo que sea libre, informada, plena y universal. Los poderes públicos garantizarán el ejercicio de este derecho con absoluto respeto a su autonomía física”. La presidenta del Consejo de Estado dejó la puerta abierta a un posible dictamen del Consejo que matice la posición del Gobierno sobre la fundamentación de su iniciativa. Y subrayó al respecto que en diversos casos el Consejo “ha dado vías alternativas a lo que se propone”. Más adelante, volvió a destacar que “si nos consultan sobre una modificación de la Constitución y las diferentes vías posibles, reflexionaremos y pondremos sobre la mesa la respuesta, del mejor modo posible, pero yo creo que es un derecho del tronco de la libertad que está fundamentado en el artículo 10 de la Constitución y en el artículo 15”. El artículo 10.1 de la Constitución establece que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”. El 15, a su vez, determina que “todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”.
En cuanto a la memoria del Consejo correspondiente a 2024, Carmen Calvo destacó que la institución elaboró en dicho año 2.064 dictámenes. Explicó que en 2025 se superará dicha cifra. También subrayó que del total mencionado, 99 informes fueron solicitados por trámite de urgencia, es decir, para recibir respuesta en 15 días, que en ocasiones se reducen a 10. Añadió que en el 98,9% de los casos el parecer del Consejo fue el que resultó aplicado por el Gobierno o por la instancia que hubiera realizado la consulta en cada caso.
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