Alerta por el “altísimo riesgo de impacto negativo” de una planta fotovoltaica en la Alhambra y su entorno

La cercanía de una planta solar fotovoltaica proyectada en el entorno de la Alhambra, el Generalife y el barrio del Albaicín (Granada) preocupa a diversos colectivos y asociaciones por el posible impacto a estos bienes, inscritos por la Unesco en la lista del Patrimonio Mundial y por tanto, entornos de especial protección. Esa preocupación ha llegado a Icomos, el organismo asociado a Unesco competente en materia de conservación y restauración de ese patrimonio mundial, que ha emitido un informe contundente: esa planta solar supone “un altísimo riesgo de impacto negativo” sobre los tres espacios y recomienda “encarecidamente la paralización de las actuaciones previstas”. También lanza una advertencia a las autoridades españolas, a quienes dice que “deben ser mucho más vigilantes y cuidadosas” de lo que son habitualmente ante actuaciones que “puedan representar un impacto negativo sobre un bien patrimonial” de interés mundial.

El lugar de instalación de la planta fotovoltaica, que está en proceso de conseguir permiso de construcción, está ubicado en el Fargue, o Alquería del Fargue (Granada), un barrio al noroeste de la capital, dependiente de ella y alejado del casco urbano, en zona rural. Por eso, la institución responsable de autorizarla es el Ayuntamiento de Granada. Allí recibieron hace algún tiempo el informe y, preguntados por este periódico sobre si tomarán alguna medida, remiten a la respuesta del concejal de Urbanismo, el popular Enrique Catalina, al PSOE en el último pleno municipal: “Es obligación legal del equipo de gobierno dar trámite a la solicitud, pero no hay una especial intención de impulsar el proyecto”.

El informe de Icomos parte de estudios previos realizados por especialistas en arqueología, patrimonio y geología, entre otros ámbitos. Esta documentación señala distintos tipos de afección según el lugar del que se trate. En el caso de la Alhambra, el Generalife y el barrio del Albaicín, el impacto no es material o físico, sino de contaminación visual. En el caso del entorno más cercano, el Valle del Darro, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por la Junta de Andalucía de Juan Manuel Moreno Bonilla en 2024, se diagnostica un impacto medioambiental relevante.

José Castillo Ruiz, catedrático de la Universidad de Granada de Historia del Arte, es autor del informe de impacto en el patrimonio cultural. Recuerda que la contaminación visual no es un asunto menor, sino que es una afección a evitar según las leyes de defensa del patrimonio. Su diagnóstico señala como impactos principales “la destrucción de los olivares que forman parte del patrimonio cultural agrario y el impacto visual a unos bienes de relevancia mundial”. Lo cierto es que la planta no se ve desde la fortaleza nazarí como tal, pero Castillo aclara: “La Alhambra es más que el conjunto monumental fortificado. El territorio Alhambra incluye la Dehesa del Generalife, que tiene el mismo nivel de protección. Se trata de un espacio muy amplio, boscoso, con olivos histórico, zonas de riego, albercas, y elementos hidráulicos de época islámica. Desde ese lugar hay una percepción muy potente de esas placas solares. El impacto visual de un elemento industrial como este va mucho más allá que un simple elemento discordante”.

Para el investigador tampoco es menor la pérdida de olivos, centenarios en muchos casos, y las modificaciones en el terreno rural: “Supondría romper la continuidad territorial que existe entre la Alhambra, la ciudad de Granada, el Valle del Darro y todo su entorno, que es un entorno semejante y con un grado de autenticidad muy similar al que había en época medieval”. Castillo Ruiz considera que, en definitiva, se “alteran gravemente los valores patrimoniales de la Alhambra como conjunto histórico, como monumento y como patrimonio mundial”.

La planta fotovoltaica en cuestión se llama San Gregorio I y ocupa una superficie de algo más de tres hectáreas, un cuadrado de 175 metros por cada lado aproximadamente. Es propiedad de la empresa Bobary Lane Estate, SL, con la que EL PAÍS ha intentado contactar sin éxito,y la previsión es producir 4,95 megavatios.

Sin evaluación ambiental

Pero este proyecto, en principio pequeño, tiene truco, según el informe de Icomos. San Gregorio I es una de tres plantas hermanas y contiguas proyectadas en el mismo territorio. Icomos acusa a la empresa de poner en marcha un “proceso paso a paso con actuaciones de ámbito limitado que, estrictamente de forma individual, quieran evitar un proceso de Declaración de Impacto Ambiental (DIA)”. Las tres hectáreas de la planta no requieren ese estudio, sino el permiso municipal. Cuando se una a las otras previstas, Soto Oscuro I, de tres hectáreas, y Stadium Plus, de 3,7, la suma será de 9,78 hectáreas, a medio campo de fútbol de las 10 hectáreas que ya requerirían una DIA. Pero al ir aislados, nadie puede acusarles de nada. Excepto Icomos, que califica eso como práctica “perversa, que pretende enmascarar los efectos acumulativos del conjunto y que se conoce en inglés con el término salami slicing (cortar en lonchas el salami), táctica expresamente denostada y perseguida por la Comisión Europea”. Si la DIA fuera negativa, el Ayuntamiento no podría conceder la licencia.

Ecologistas en Acción es la organización que lidera el intento de paralizar esta planta y la que solicitó el informe a Icomos. Su portavoz en Granada, Miguel Esteban, se refiere al proyecto como “una barbaridad con consecuencias medioambientales y para los vecinos”. Y también para la historia: allí existe un yacimiento arqueológico inédito que los expertos datan, genéricamente aún, como medieval y que “a falta de un análisis más detallado, presenta una ocupación que podría llegar desde la época antigua o tardo antigua hasta el siglo XI-XII d.C.”.

Este informe, considera el concejal socialista Juanjo Ibáñez, “levanta el acta de defunción de un proyecto que jamás debió haber llegado a donde ha llegado”. Raquel Ruz, portavoz y también concejal socialista, define el informe de Icomos como “incontestable” y ha exigido a la alcaldesa, Marifrán Carazo (PP), que detenga de forma inmediata la tramitación de la planta.

En este momento, el proyecto está en la fase final de resolución de alegaciones ante el Ayuntamiento granadino. En agosto, “cuando nadie miraba, abrieron el periodo de alegaciones; menos mal que nos dimos cuenta”, cuenta Esteban. Icomos también hace en sus recomendaciones referencia a cómo se apela a los ciudadanos en estos casos. No basta, dice, “con el cumplimiento de un proceso de exposición pública, ordinario y sin publicidad efectiva a fin de dar conformidad a un derecho establecido” por la ley, sino que “el objetivo de una participación del público en la toma de decisiones debe tener un carácter real”.

La provincia de Granada vive un periodo convulso estos últimos meses por la proliferación de plantas solares y eólicas que, en su conquista de terreno, modifican radicalmente el paisaje natural. En este momento, según explicó Jorge Pardela, consejero de Industria de la Junta de Andalucía, Granada produce 1.452 megavatios de energía renovable y hay pendientes de aprobación 118 proyectos más que generarían 1.664, sumando un total de 3.116 megavatios, una producción superior al consumo provincial.