El decreto para el embargo de armas a Israel incluye “excepciones puntuales” por intereses nacionales

El real decreto ley que el Gobierno ha aprobado este martes para el embargo de armas con Israel revoca los contratos vigentes y prohíbe las licencias pendientes de resolución con la industria militar hebrea, aunque La Moncloa se guarda las espaldas y se reserva la posibilidad de permitir “una excepción puntual de manera excepcional y por afectación a intereses nacionales”. Una salvaguarda cuyo uso se pretende “minimizar y si es posible evitar” y que no responde “a ninguna casuística actual” según fuentes de La Moncloa.

Sumar, el socio minoritario del Gobierno, ha exigido poco después del Consejo de Ministros que el decreto se pueda modificar en su tramitación en el Parlamento como proyecto de ley para ampliar el ámbito de aplicación del embargo por su rechazo a la disposición adicional primera que autoriza posibles excepciones futuras. “Mientras esta cláusula no sea modificada por las Cortes, Sumar se opondrá a cualquier operación que se proponga como excepción al embargo vía Consejo de Ministros”, ha advertido la formación. “Hay cosas que se pueden mejorar”, ha sentenciado posteriormente el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, que, más allá de las peticiones de mejora, confía que se convalide el real decreto ley porque a su juicio “es lo que pide la sociedad española”.

El paraguas jurídico diseñado por el Gobierno incluye la denegación de la solicitud de tránsito para los combustibles de aeronaves de las fuerzas armadas israelíes, como adelantó EL PAÍS, que hasta ahora no estaban incluidos en el reglamento del control de comercio exterior. Dentro de ese armazón figura prohibir la importación de productos originarios de asentamientos ilegales de colonos judíos en los territorios ocupados. “Hablamos de cantidades poco significativas para el comercio de nuestra economía, hablamos del 0,5%, unas cantidades marginales que sí pueden tener un efecto significativo para esas empresas [de los asentamientos]”, ha explicado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. La luz verde al real decreto ley coincide con la celebración de la Asamblea General de Naciones Unidas, marcada por la presión al Gobierno de Benjamin Netanyahu para que detenga la ofensiva en Gaza que ha provocado más de 65.000 civiles muertos en la Franja, 165.000 heridos, dos millones de desplazados y 250.000 personas en riesgo de desnutrición.

El ministro ha insistido en que el real decreto supone “un paso contundente y pionero para la consolidación del embargo total” de armas a Israel que según Sánchez se viene “aplicando ya de facto desde octubre de 2023″ —desde el inicio de la respuesta militar indiscriminada de Tel Aviv tras el ataque terrorista de Hamás con más de 1.200 víctimas y 250 rehenes— y se ha llegado “al máximo de lo que permiten los márgenes de actuación”, cumpliendo las leyes domésticas, la normativa europea y los tratados internacionales. Pero la excepción incluida en el documento, que se ha aprobado con dos semanas de retraso sobre la fecha prevista tras su anuncio por parte de Pedro Sánchez, ha puesto en guardia a Sumar. En este escenario, Cuerpo ha remitido a la normativa de comercio exterior en materia de defensa y doble uso que “hace referencia a este concepto de interés general, aludiendo, por ejemplo, a elementos asociados a la seguridad nacional o política exterior” y ha esgrimido que esa excepción está contemplada “para situaciones que puedan no haber sido previstas inicialmente o que surjan a lo largo de su implementación”.

“Preservamos la capacidad del Consejo de Ministros en circunstancias excepcionales de poder autorizar una operación en casos concretos, específicos. Delimitamos esa posibilidad si se tuviera que dar esa situación”, ha reiterado Cuerpo. El responsable de Economía ha justificado que el Gobierno lleva meses con un proceso de desconexión de las Fuerzas Armadas y la industria militar “que cumple el objetivo de desligarnos de la dependencia de Israel avanzando a una dependencia cero y que aumenta la autonomía estratégica”. “Prevemos que no exista un impacto económico más allá del esfuerzo por el tránsito a la dependencia cero en colaboración con la industria y empresas españolas y europeas de Defensa y que no sea un menoscabo para las Fuerzas Armadas en el día a día”, ha abundado. No obstante, el proceso amenaza la formación de los pilotos españoles de ataque es otro quebradero de cabeza para el Gobierno: el mantenimiento de los cazas F-5 con los que se instruyen depende de una firma israelí.

La prioridad, según fuentes gubernamentales de la parte socialista del Gobierno —que no se plantean por ahora cambiar el texto y acceder, por tanto, a las peticiones de Sumar—, es trabajar por la ratificación del real decreto en el Congreso “tras haber ido al límite”. “Esperamos los apoyos de los socios y esperamos que todos entendamos que el paso que se ha dado es muy importante. En este paso lideramos en Europa, vamos con la luz delante”, apostillan. Cuerpo y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, han mantenido contactos con algunos de los socios de la investidura a lo largo del fin de semana y la conclusión en La Moncloa es que el real decreto debería salir adelante pese a las reservas de Sumar y otras formaciones como Junts y Podemos. El Gobierno se ha comprometido a comparecer trimestralmente ante el Congreso para rendir cuentas de la aplicación de las medidas presentadas mientras Sánchez reivindica en Nueva York el papel del Ejecutivo en la respuesta diplomática contra Netanyahu.

Una vez aprobado por el Gobierno, el texto tiene que ser convalidado en el Congreso en un plazo máximo de un mes. El PP ha evitado desvelar su posición hasta ver “en qué consiste” exactamente, ha precisado la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, si bien los populares tienen reservas sobre el fondo. Según Muñoz, “hay que pensar en la seguridad” del país porque “muchos componentes” que utilizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles tienen “origen israelí”. “Pido que no se frivolice, es una cuestión compleja”. Informa Elsa García de Blas. Tampoco Junts, grupo parlamentario del bloque de la investidura, ha aclarado el sentido de su voto.