El Gobierno estudia acelerar el embargo de armas a Israel en el próximo Consejo de Ministros

El Gobierno prevé aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes un paquete de sanciones contra Israel, que ha causado la muerte de más de 64.000 civiles en su ofensiva indiscriminada en Gaza. El Ejecutivo de Benjamin Netanyahu ha sometido además a una hambruna a los habitantes de la Franja, donde se contabilizan al menos 382 muertos, 135 de ellos niños, por la falta de alimentos. Mientras, prosigue con su política de expansión de asentamientos en Cisjordania, imposibilitando la viabilidad de un Estado Palestino.

La coalición de PSOE y Sumar trabaja en la aplicación de un embargo de armas a Israel sin excepciones, y que por tanto no se restrinja a la industria militar. La intención es acelerar su entrada en vigor mediante un Real Decreto, aprovechando el contenido de una proposición de ley que Sumar presentó el curso pasado en el Congreso. Los planes del Gobierno es que el embargo se pudiese aplicar de modo inmediato, según fuentes gubernamentales. La idea es que el embargo prohíba la venta, suministro, transferencia o exportación de armamento y tecnología con destino directo o indirecto a Israel. Se aplicaría tanto a entidades públicas como de empresas privadas. La nueva ley prohibiría la importación de productos militares procedentes de Israel como armas de fuego, munición, material antidisturbios o asistencia técnica. Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, ha propuesto que los ministros de Sumar se ausenten del Consejo de Ministros si no se aprueba mediante un real decreto el embargo de armas a Israel.

Yolanda Díaz ha adelantado este sábado, en una visita a la ciudad de Alcorcón (Madrid), que Sumar está trabajando con el PSOE en un conjunto de medidas para “romper relaciones con el régimen criminal de Netanyahu”, suspender todas las operaciones comerciales y para “declarar persona non grata en España al señor Netanyahu”. El socio minoritario del Gobierno propone que se aplique además a los ministros Israel Katz, Itamar Ben Gvir y Bezalel Yoel Smotrich, así como prohibir su entrada en España “por su incitación al genocidio, la hambruna forzada y la limpieza étnica”. Sumar también es partidario de la retirada de la embajadora española en Tel Aviv.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo también defiende que los puertos españoles no puedan servir de tránsito para que lleguen armas a Israel, e insistió en la proposición de ley presentada por Sumar para embargar armas a Tel Aviv. Díaz apuntó que el objetivo es “avanzar para garantizar la legalidad internacional y los derechos humanos” que Israel no respeta en su respuesta al ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023, el peor desde la fundación del país en 1948 con más de 1.200 muertos y 250 personas secuestradas. Díaz ha subrayado que se debe actuar con Israel como con Rusia tras su invasión de Ucrania: “Los derechos humanos no son relativizables”.

El Gobierno ya reconoció el año pasado al Estado de Palestina. El movimiento, criticado por el PP pese a que en su programa defiende la solución de los dos Estados, también lo suscribieron Noruega, Irlanda y Eslovenia. La previsión es que este mes den el mismo paso Francia, Reino Unido, Bélgica y Australia, lo que dejaría al Gobierno de Israel cada vez más aislado en Occidente, con Estados Unidos como su principal valedor. “He escuchado a algunos políticos en nuestro país decir el año pasado, cuando reconocimos el Estado de Palestina, que no podemos hacerlo fuera del consenso europeo, y estamos creando un consenso europeo”, reivindicó Sánchez el lunes en TVE.

Díaz también ha respaldado las protestas contra la participación del equipo Israel Premier-Techen a la Vuelta a España. El equipo ha borrado el nombre del país de su maillot tras las protestas en la Vuelta en País Vasco y Asturias. “Solidaridad con las personas detenidas, la historia nos va a juzgar”, ha dicho la dirigente de Sumar, que ha lamentado la inacción de la Comisión Europea y su presidenta, Ursula von der Leyen, a la que ha acusado de practicar “la hipocresía política” por la diferente respuesta de Bruselas a las crisis humanitarias en Gaza y en Ucrania.