Un policía solo contra la corrupción: “Estoy señalado, pero lo volvería a hacer”

Antonio Rico, policía local de 49 años, pide que se cuente su historia en positivo. La vida de un hombre que siempre quiso dedicarse al servicio público y al que le pareció normal denunciar en los juzgados una serie de irregularidades administrativas que estaba viendo en su trabajo en la Policía Local de Torrevieja (Alicante, 89.290 habitantes), como que no se controlaba el dinero en efectivo de las multas o que se realizaran inspecciones reiteradas a unos locales y a otros no. Esas denuncias han puesto patas arriba su vida en los últimos 12 años por la persecución laboral que sufrió y el estigma que le ha supuesto en su labor profesional. Está contento de que el Tribunal Constitucional reconociera el pasado 10 de febrero que el Ayuntamiento de Torrevieja debía de haberle protegido del acoso al que se vio sometido tras denunciar estas irregularidades, pero le cuesta verlo como una victoria final. “Estoy en un bucle, atrapado, marcado y señalado allá donde vaya”, resume.

El agente Rico, que ahora trabaja en la Policía Local de Murcia, no ha traído el uniforme a la entrevista porque no se lo han autorizado. Sentado en una cafetería próxima a la sede del Tribunal Constitucional, en Madrid, reconoce que le afecta rememorar y dar detalles de lo que vivió en Torrevieja, un municipio al que llegó en 2010 y al que tenía cariño por los buenos recuerdos de los veraneos en su infancia. Le acompaña el exteniente Luis Gonzalo Segura, expulsado del Ejército hace una década tras publicar una novela sobre la corrupción militar, al que admira y señala como uno de sus grandes apoyos e inspiración durante estos años.

“Cuando ves coches de alta gama, boletines de denuncias que no están controlados, que se pagan en mano, o te mandan varias veces al mismo establecimiento, en noches seguidas, en un sitio donde no había nada que denunciar, pues te parece que no es normal”, argumenta. Algunos de estos hechos los puso en conocimiento del jefe de policía, que le dijo que fuera a los juzgados “si tenía pruebas de algo”. Lo hizo en 2013, junto a otros dos compañeros. “En el momento en el que vas a denunciar, desconoces la magnitud de las represalias”, dice el agente Rico. “Esto se hace simplemente porque sientes que lo que estás haciendo es tu deber”. Una vez en sede judicial, cuenta que le preguntaron si estaba seguro o si tenía “un plan b”. “Siempre he pensado que saldría bien, siempre he confiado en la justicia”, añade.

Entre esa percepción de que todo iría bien y el reconocimiento del acoso que sufrió después ha pasado más de una década en la que ha acudido a todas las instancias posibles para hacer ver lo que le ocurrió a continuación. Recuerda que justo cuando salía de los juzgados de Torrevieja, un compañero le llamó para contarle que desde su Jefatura le habían preguntado por detalles de su vida personal, relacionados con su pareja, el lugar en el que vivía, o el centro escolar al que llevaba a sus hijos. Era el principio.

El Constitucional ha declarado firme una sentencia del tribunal contencioso-administrativo de Elche en la que se reconoce que el agente Rico sufrió acoso laboral “durante años” propiciado e instrumentado por parte de los cargos de mando de la Policía Local de Torrevieja y condena al Ayuntamiento a resarcirle por no haber impedido los daños morales que estos comportamientos le ocasionaron. La primera indemnización fue de 95.800 euros. En esa sentencia, se recogen testimonios de compañeros que aseguraron que le insultaban casi a diario delante de todo el mundo, que le llamaron “chivato, animal viscoso y asqueroso” en un panfleto que le acusaba de pensar cada día a “quién iba a denunciar”; y otros ejemplos, como que le hicieron volver a pasar revisión médica para conducir porque el jefe de Policía Local informó de que podía haber perdido las facultades, o que su arma fue retirada de un armero bajo llave sin seguir el procedimiento legal. También cambios de jornada laboral sin aviso, negarle la paga extraordinaria o ayudas escolares. “Se le denegaba cualquier cosa que solicitaba de forma sistemática”, declaró uno de los testigos.

Cuando pidió que le trasladaran a otro municipio, también se encontró con un muro, aún amparado por un diagnóstico médico por el trastorno psicológico que le estaba produciendo esta situación. Solo le concedieron el cambio cuando así lo aconsejó un informe del Consejo Jurídico de la Generalitat Valenciana, que tiene una función consultiva. Pasó casi siete años en Torrevieja. “Los que deberían haber sido los mejores de mi vida se convirtieron en un camino de espinas al borde del abismo”, añade.

“El fin que tenían era desacreditarme, asfixiarme económicamente y obligarme a claudicar, o expulsarme con deshonra”, dice sobre lo ocurrido en Torrevieja. A partir de esa experiencia, asegura haber entrado en una especie de bucle en el que siempre debe estar en guardia por si le intentan perjudicar. “La imagen que llevas es negativa. ‘Cuidado, que esta persona es denunciante’”, dice. “Ni tener reconocido el estatus de denunciante de corrupción por la Agencia Antifraude Valenciana, ni la protección que la Ley 2/2023 (que protege a los denunciantes de corrupción) nos deja libres de continuar sufriendo atrocidades o represalias”.

Tras dejar Torrevieja ha pasado por los municipios murcianos de Alguazas (10.204 habitantes) y por Lorca (98.447 habitantes), en cuya Policía Local ha trabajado cuatro años. Allí recibió una medalla de plata al mérito policial por una actuación en la que le arrebataron una catana a un individuo que tenía atemorizado al vecindario. Ahora desempeña su labor en Murcia. Ha vuelto a opositar con éxito a la Policía Local hasta en dos ocasiones más. Dice que quiere seguir siendo agente local. “Lo mío es vocacional, lo tenía claro ya con 16 años”, comenta con los ojos vidriosos.

Cuando pensaba que todo había finalizado, se sorprendió al escuchar al concejal de Policía del Ayuntamiento de Torrevieja, Federico Alarcón, que no formaba parte del Gobierno del PP cuando ocurrió su caso de acoso, diciendo que se planteaban un posible recurso en la justicia europea. “Perdieron la oportunidad para pedir perdón a todos los agentes que han sido acosados y decir que se iba a aplicar el régimen sancionador contra los agentes responsables de esas prácticas”, se lamenta. También ve inaudito que no haya responsabilidades políticas. “¿Dónde está el código ético del PP que mantiene en sus filas a quienes consintieron mi acoso como si nada hubiera sucedido?”, se pregunta. Rico cita a otros compañeros que, como él, se vieron abocados a solicitar traslados, o terminaron incapacitados por el acoso que les tocó vivir y que terminaron incapacitados de forma permanente.

“Nadie está preparado para pasar el calvario que recoge la sentencia del Constitucional y el sacrificio personal que ello conlleva (…) A una persona que se esté planteando denunciar un comportamiento corrupto le diría que recabara pruebas de todo porque el denunciante está desprotegido, que se asesorara bien antes de iniciar el camino, porque no es fácil, y hay muchas cosas que se deberían de mejorar para poder hacerlo sin dejar expuesto y marcado al denunciante”, detalla.

El agente Rico coincide con el ex teniente Segura en que el anonimato para un denunciante es “una utopía”. Él mismo tuvo que presentarse como acusación particular en la denuncia de irregularidades, para lo que le ayudaron algunos de sus compañeros a pagar la fianza judicial impuesta como personación, y que terminó con la condena a prisión de un inspector por infidelidad en la custodia de documentos en 2023. “Las agencias que protegen a los denunciantes deberían de ser quienes ejerzan las acciones legales”, considera.

Rico es delegado en el sindicato Somos Sindicalistas de Murcia, y actualmente está estudiando un curso superior universitario en asesoría Jurídico-laboral, una formación con la que busca darle un mejor servicio a sus compañeros del ayuntamiento. “Quiero ayudarles de verdad”, incide. “Mucha gente me pide ayuda, me escribe preguntándome por sus problemas. Lo que me ha ocurrido a mí [la resolución del Tribunal Constitucional reconociendo su desamparo] puede servir para mucha gente que está en el pozo, para que vean que al final se hace justicia”, valora.

Su lista de agradecimientos es extensa, pero en ella no puede faltar, su abogada, Vanesa Aguaza, encargada de llevar su caso al Constitucional, y también Agencia Antifraude de Valencia, en la que todavía hoy tiene estatus de denunciante protegido, por lo que recibe protección y asesoría jurídica. ¿Volvería a denunciar? “Si me lo preguntan hace unos años diría que no. Pero como he dicho antes, soy un policía vocacional, lo volvería a hacer sin dudar”.