El Constitucional da amparo a un policía municipal, desprotegido tras denunciar irregularidades

El Tribunal Constitucional ha concedido amparo a un policía municipal de Torrevieja (Alicante, 89.290 habitantes) que entre abril de 2013 y septiembre de 2016 sufrió “acoso y hostigamiento” por parte de sus propios compañeros tras haber denunciado prácticas irregulares en la policía local de dicho municipio. El órgano de garantías considera que esa situación de desprotección del denunciante supuso una vulneración de su derecho a la integridad física y moral, reconocido en el artículo 15 de la Constitución, y que tampoco obtuvo tutela judicial efectiva, garantía recogida en el artículo 24.1 de la ley fundamental.

La sentencia —de la que ha sido ponente la magistrada María Luisa Segoviano, perteneciente al sector progresista del tribunal— explica que el recurrente denunció a algunos de sus compañeros de la Policía Municipal de Torrevieja por “irregularidades en lo relativo a la falta de control del dinero en efectivo recaudado de las multas y a la realización de inspecciones selectivas en locales de ocio”. El fallo argumenta que la lesión de los mencionados derechos del denunciante es imputable al Ayuntamiento de Torrevieja y al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

En el primer caso, la vulneración de derechos atribuida al Ayuntamiento de la ciudad alicantina se considera cometida por la conducta del Consistorio, que omitió “prevenir, investigar y sancionar” las actuaciones de “acoso de sus empleados públicos y la de hostigamiento que desarrolló institucionalmente contra el demandante”. En segundo lugar, el Constitucional estima que el Tribunal Superior valenciano dictó una sentencia de apelación frente a dicha desprotección que supuso incumplir “su deber de control judicial de estos derechos, al no aplicar correctamente la jurisprudencia” del propio órgano de garantías.

Para llegar a estas conclusiones, la Sala Primera del Constitucional ha partido de los hechos declarados probados en la vía judicial previa. En ese proceso se reconoció que el caso se inició con una denuncia penal del demandante contra algunos de los miembros de la Policía Local. Y se estimó igualmente constatado que posteriormente hubo una serie de “actuaciones sostenidas y reiteradas en el tiempo de hostigamiento hacia su persona (del denunciante) e intereses laborales protagonizadas por sus compañeros o superiores”. Entre las personas que incurrieron en estas conductas figuraban, entre otros, agentes a los que había denunciado, y también “la propia administración local en el ejercicio de sus competencias”.

El tribunal también destaca que se puso de manifiesto “el conocimiento efectivo que tenía el Ayuntamiento de la reiteración de situaciones de acoso producidas en la Policía Local”. Estas actuaciones , en suma, “estaban judicializadas” y las autoridades municipales tuvieron constancia de “la relevante incidencia que estas conductas tuvieron en la salud física y mental del demandante”. El Constitucional afirma finalmente que ante este cúmulo de indicios “era necesario” que el Consistorio reaccionara, “acreditando que su actuación era era ajena a cualquier intención vejatoria, lo que no se verificó”.

A consecuencia de la sentencia, el Ayuntamiento deberá indemnizar al policía, aunque la sentencia del Constitucional remite a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que fije por qué cuantía.