El PP sigue sin saciar a Vox tras seis años de cesiones a la presión ultra sobre inmigración

Discriminar inmigrantes según su “cultura”. Delatar a sin papeles. Quitar fondos para integración. Excluir a ONG de las subvenciones. Todo envuelto en el lenguaje —“efecto llamada”, “menas”— típico de la extrema derecha. Este es el saldo de más de seis años de cesiones en inmigración del PP a Vox, una serie que Santiago Abascal quiere prolongar ahora a cambio de su apoyo a los presupuestos en seis comunidades. Vox ya le ha indicado al PP cuál debe ser su modelo a seguir si quiere acuerdos: Carlos Mazón, su barón autonómico más débil y acorralado.

Además de pedir al Gobierno la nacionalidad de los implicados en el “pillaje” tras la dana, el president valenciano engrasó este lunes su negociación parlamentaria plegándose a una de las exigencias de Vox. “No admitiremos repartos de inmigración ilegal”, dijo sobre la acogida de menores que desbordan las capacidades de Canarias. Está por ver qué hacen el resto de presidentes que dependen de Vox. Pero el tema se ha convertido ya en una patata caliente para el partido de Alberto Núñez Feijóo, que lleva desde la irrupción de Vox soportando su exigencia de más mano dura con la inmigración. En cualquier caso, barones como la madrileña, Isabel Díaz Ayuso, o el gallego, Alfonso Rueda, ya han asegurado que “cumplirán con la ley” del reparto de menores aunque luego la recurran en los tribunales.

¿Cómo ha lidiado hasta ahora el PP con ese desafío? Por una parte, la dirección y algunos barones han endurecido su retórica. Por otra, se han producido cesiones del PP por escrito, programáticas, para conseguir poder institucional. Está por ver si ahora tienen lugar nuevas entregas no solo verbales, como la de Mazón el lunes, sino con firma: nuevos pactos. Lo seguro es que hasta ahora nada ha aplacado a Vox, que se muestra insaciable. Es más, el verano pasado Abascal rompió sus cinco Gobiernos acuerdos autonómicos tras aceptar el PP la acogida de 347 menores y desde entonces no hace más que aumentar la presión.

El primero, Moreno

Las cesiones empezaron a la primera oportunidad, en Andalucía. Tras las autonómicas de diciembre de 2018, el pacto del PP con Vox para hacer presidente a Juan Manuel Moreno establecía el compromiso de evitar un “efecto llamada” y de “garantizar una inmigración respetuosa con nuestra cultura occidental”, una fórmula usada por la ultraderecha en toda Europa para justificar elípticamente el rechazo a los musulmanes. El pacto recogía que la Junta apoyaría “documentalmente” a las fuerzas policiales en su trabajo por una “inmigración ordenada”, un punto incluido justo cuando Vox presionaba para que el Servicio Andaluz de Salud delatase a los inmigrantes irregulares que se sacaran la tarjeta médica.

Durante la primera legislatura de Moreno, PP, Cs y Vox alcanzaron varios acuerdos presupuestarios, con medidas como quitar 600.000 euros para integración y destinarlos a edificios judiciales y borrar 3 millones para cooperación exterior y dárselos al Banco de Alimentos. La Junta, a preguntas de EL PAÍS, asegura que estos cambios no se llegaron a realizar. Para lo que sí valieron los acuerdos fue para su exhibición como trofeos de Vox. “Primero, lo nuestro”, celebraba el partido el cambio de los 3 millones.

PP, Cs y Vox también acordaron medidas para “contener” los “riesgos externos” de los “Centros MENAs”. De nuevo, daban así cobertura a las campañas de Vox. Menos de dos semanas después, la entonces dirigente de Vox Rocío Monasterio acudió a Sevilla para alertar ante un centro de inmigrantes del riesgo de las “manadas de menas”.

Delación institucional

En 2022 Moreno se libró de Vox con su mayoría absoluta. Hoy es una de las voces más suaves del PP sobre inmigración. Mientras Feijóo la ha vinculado con la delincuencia, su lugarteniente Miguel Tellado ha defendido el despliegue del Ejército frente a las costas africanas e Isabel Díaz Ayuso ha recurrido al discurso feminacionalista que relaciona la llegada de musulmanes con el peligro para las mujeres, Moreno se ha distinguido por apelar al “corazón así de ancho” de los andaluces para defender la acogida de menores. “No somos fanáticos”, ha dicho esta semana el presidente andaluz, con el debate al rojo vivo.

Otros barones, en cambio, no han logrado zafarse de Vox. Por ejemplo, Alfonso Fernández Mañueco. El acuerdo para su investidura en Castilla y León en 2022 establecía la promoción de una “inmigración ordenada” y el combate contra las “mafias”. Es una retórica que comparten PP y Vox, pero en la que Vox pone un mayor énfasis. Mucho más lejos fue Mazón, que llegó al poder en 2023 gracias a un acuerdo que establecía que la Generalitat “pondrá en conocimiento” de la Policía Nacional y la Guardia Civil los casos de extranjeros sin papeles, en una especie de institucionalización de la delación. Además, recogía el fin de las subvenciones a ONG que colaboren con la “inmigración ilegal”.

Después de Mazón fue la investidura de Marga Prohens, en Baleares, y de Fernando López Miras, en Murcia. En la comunidad insular el pacto prometía “colaboración documental” con las fuerzas del orden para “repatriar” extranjeros en situación “ilegal”. Otra vez, delación desde la Administración pública. Además, exigía la “residencia legal” y no solo el “empadronamiento” para optar a subvenciones, también vetadas para ONG que “colaboren con las mafias”. Por su parte, el redactado murciano era parco: “Coordinación [policial] para prevenir la delincuencia [...] y luchar contra las mafias de la inmigración ilegal”. Un acuerdo que volvía a forzar los límites competenciales autonómicos.

Tanto en la Comunidad Valenciana como en Baleares y Murcia las medidas sobre inmigración iban colocadas en los acuerdos entre las relativas a la lucha contra la ocupación de viviendas y las destinadas a un mayor refuerzo policial. Es decir, aparecen como un asunto de seguridad, de orden público. Justo donde Vox sitúa la inmigración.

EL PAÍS preguntó a los Gobiernos de las cinco comunidades citadas en qué se tradujeron los pactos sobre inmigración entre el PP y Vox. La Junta de Andalucía, además de señalar que los cambios presupuestarios no se realizaron, afirma a través de un portavoz que múltiples acuerdos afectaban a competencias estatales, de lo que se deduce que tenían un carácter declarativo y tampoco se podían aplicar. Un portavoz del Ejecutivo murciano destaca el avance que —a su juicio— han supuesto medidas como “incrementar las subvenciones” para las policías locales. En cambio, no aclara nada sobre en qué se concretó la “lucha contra las mafias” que recogía el acuerdo. El resto no respondieron.

Como Alternativa para Alemania

Las cesiones no se han limitado al endurecimiento de la retórica y a los acuerdos autonómicos. También las ha habido en el terreno municipal. Un ejemplo: en Burgos, el PP llegó a aceptar el año pasado eliminar las ayudas a las ONG que trabajan con inmigrantes salvo a Cáritas, un acuerdo contra el que se revolvió la propia entidad de la Iglesia. Tras las protestas, la alcaldesa popular, Cristina Ayala, dio marcha atrás, lo que desembocó en la ruptura de la coalición burgalesa. Ahora Abascal sigue presionando en las comunidades donde es clave para sacar las cuentas. A todas les exige no solo que se nieguen a la distribución de menores que pretende el Gobierno, sino que aprueben “planes de retorno” de “ilegales”. A esta reclamación general se suman otras particulares. En Baleares, Vox exige estudios dentales a los migrantes para comprobar si de verdad son menores.

Toni Aira, profesor de Comunicación Política en la Universitat Pompeu Fabra-Barcelona School of Management, cree que Vox no va a parar de apretar. Y ve al PP “atrapado”. Si no cede, explica, puede verse sin apoyos. Pero aunque lo haga, no desactivará a Vox, que siempre “querrá más”, ya que el discurso anti-inmigración duro es su seña de identidad, añade. Aira cree que el PP paga el precio de no haber “marcado una posición clara” sobre inmigración. “No está en el centro, acusando de radicales a unos y a otros, sino que se mueve sin criterio de un lado a otro. Si llega una campaña electoral y se impone este frame [marco de debate], Feijóo va a sufrir”, señala.

El PP, afirma Aira, tampoco puede justificarse ante el electorado moderado restando importancia a sus acuerdos autonómicos con Vox con el argumento de que la falta de competencias de inmigración o el incumplimiento de algunos compromisos han limitado su impacto. Y no puede, según el profesor, por dos motivos: porque quedaría como un socio poco fiable y porque “el mero anuncio” de los acuerdos ya “ha alimentado” a Vox.

El PP actúa como “el Doctor Jekyll y Mister Hyde”, afirma el consultor político Eli Gallardo. “A veces tienen un discurso firme ante Vox, pero por debajo llegan a acuerdos. A veces compran todo el discurso de Vox, pero no pactan porque Vox no quiere. ¿Y por qué no quiere? Porque ha decidido presentarse como el partido anti-inmigración puro, como Alternativa para Alemania, para consolidar a su electorado. Por eso su presión es permanente y será difícil de contentar con cesiones”, señala.

Esta incesante búsqueda de polémica de Vox sobre la inmigración no está exenta de lógica electoral. Estudios en revistas de Oxford y Cambridge, así como publicados en Electoral Studies y en The Political Quarterly, indican que una mayor atención político-mediática a la inmigración favorece a los partidos de discurso más duro. No obstante, Gallardo cree que esta tensión en la derecha también tiene un coste para Vox. “No porque haya un ala más moderada —puntualiza—, sino porque hay un sector que observa que, con esta estrategia, no se puede pactar con el PP y no se puede tocar poder”.