Los aliados de Sánchez cierran filas contra el PP sobre la delegación de competencias a Cataluña

El PP intentó este martes ahondar en la brecha entre los aliados del Gobierno sobre la delegación de competencias de inmigración a Cataluña, pero el tiro se les fue por la culata. Los populares solo consiguieron que la base parlamentaria del Ejecutivo enterrase sus diferencias y anunciase el voto en contra de una propuesta que perseguía un pronunciamiento a favor de que la Administración central conserve la gestión en exclusiva sobre la materia. Es más, la embestida del PP contra el reciente acuerdo entre PSOE y Junts permitió contemplar una infrecuente armonía entre los dos grupos independentistas catalanes. Hasta el punto de que el diputado de ERC Jordi Salvador salió en defensa de la formación de Carles Puigdemont frente a los ataques de los populares: “Son un partido tan democrático como ustedes”.

La peculiar iniciativa del PP debatida este martes en el pleno de la Cámara consistía en una especie de rechazo preventivo: una proposición no de ley —PNL, es decir, una mera declaración— para oponerse a una proposición de ley —la pactada entre PSOE y Junts— que apenas unas horas antes había sido admitida a trámite por la Mesa y para cuyo debate ni siquiera hay fecha fijada. El golpe que el PP pretendía asestar al Gobierno requería al menos del concurso de los cuatro diputados de Podemos, que ya han anunciado que se opondrán a la cesión de las competencias a Cataluña. Pero su diputado Javier Sánchez Serna matizó muy pronto esa posición. Aclaró que no están a favor “ni de la centralización ni de la descentralización de competencias”. Lo que deplora Podemos es lo que definió como una “carrera para ver quién es más racista” entre las derechas española y catalana y a la que, sostuvo, “se ha sumado el PSOE” por su acuerdo con Junts. Hechas estas precisiones, Sánchez Serna anunció que no darían satisfacción al PP y rechazarán la PNL cuando se vote este miércoles.

En Sumar también han surgido voces muy críticas contra el acuerdo, no tanto por su contenido como por el preámbulo de la propuesta, que, según dirigentes de IU o de Compromís, compra ideas del “marco de la derecha” sobre inmigración. Pero esos grupos ya habían dejado claro que no se oponen a delegar las competencias en las comunidades autónomas “siempre que se respeten los derechos humanos”, como reiteró Enrique Santiago, portavoz de Sumar en el debate.

El PP le confirió relevancia al debate poniendo en liza a su portavoz, Miguel Tellado. Más comedido de lo habitual, Tellado basó su discurso en asegurar que el Estado perderá el control de las fronteras —lo que no consta en el acuerdo— y en denunciar que se está facilitando “un impulso al sueño independentista con la colaboración del PSOE” con una medida que tachó de inconstitucional. En las réplicas le dieron por todas partes. Los firmantes del pacto —primero Josep Maria Cervera, de Junts, y luego el socialista José Zaragoza— le recordaron que José María Aznar utilizó en 1997 la misma fórmula de delegación de competencias del Estado para que Cataluña asumiese el control del tráfico en su territorio. Y desde el flanco derecho, Rocío de Meer, de Vox, dedicó todo su discurso, tan incendiario como suele, para atacar al PP, al que consideró cómplice de que barrios españoles se hayan convertido en eso que ella acostumbra a definir como “estercoleros multiculturales”.

Los populares ya habían intentado previamente que la proposición de ley de PSOE y Junts ni siquiera se pueda debatir en el Congreso. Para eso protagonizaron una tensa discusión en la reunión semanal de la Mesa, el órgano institucional que regula el funcionamiento de la Cámara. Socialistas y Sumar hicieron valer su mayoría en este órgano para admitir a trámite la propuesta con el voto en contra del PP, algo muy inusual en esa fase de los procesos parlamentarios. La iniciativa aún no tiene siquiera fecha para llegar al pleno y podría demorarse un par de meses.

Frente al argumento de la inconstitucionalidad invocado por el PP, la mayoría de la Mesa esgrime hasta 40 precedentes de delegaciones de competencias parecidas en otras legislatura. Los miembros del PSOE y de Sumar razonaron además que el órgano de gobierno de la Cámara no puede actuar como un filtro previo sobre la constitucionalidad de las propuestas “por mucho que la derecha y el PP quiera usarla así”, según fuentes al tanto de la discusión. La Mesa “no puede ni debe convertirse en un Tribunal Constitucional bis”, comentaron las mismas fuentes.

Uno de los antecedentes manejados por la Mesa se remonta a la admisión durante la primera legislatura de Aznar —cuando el PP necesitaba el apoyo de CiU— de la ley que cedió las competencias de tráfico a Cataluña, resultado de un acuerdo entre el Ministerio del Interior, que entonces dirigía Jaime Mayor Oreja, y la Generalitat. Fue admitida a trámite y aprobada a pesar de que esas competencias figuran entre las exclusivas del Estado en el artículo 149 de la Constitución. En la siguiente legislatura, con mayoría absoluta de Aznar, la Mesa consintió el debate de otra proposición de ley que delegaba en la Generalitat las competencias para autorizar la convocatoria de referéndums, una materia que, según la Constitución, solo puede proponer el presidente del Gobierno y aprobar el Congreso. La iniciativa fue finalmente rechazada.