El Gobierno mide los tiempos para evitar el portazo de Podemos a la delegación de la inmigración a Cataluña

El acuerdo entre el Gobierno y Junts para la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat es estratégico para el Ejecutivo, que cree que con él puede despejar la legislatura aun sin Presupuestos, pero aún no está nada claro si podrá salir adelante. El Ejecutivo, liderado por el sector socialista en esta negociación pero con el visto bueno de Sumar en este caso, ha cerrado la parte que creía más difícil: ha pactado con los independentistas la ley después de 14 largos meses de discusiones en las que el asunto del control de fronteras era el más espinoso y no terminaba de resolverse nunca. Pero ahora, una vez cerrado el acuerdo entre los dos aliados, el texto puede quedar en papel mojado si el Gobierno y Junts no convencen a sus demás socios y en especial a Podemos, que está lanzando un órdago muy claro contra la norma.

Sin los cuatro diputados del partido de Ione Belarra, la proposición de ley no tiene votos ni siquiera para ser tomada en consideración, esto es: para empezar a tramitarse. La oposición frontal del PP y Vox hace que la coalición necesite a todos los socios de la mayoría. Por eso, el Ejecutivo, que aún no ha empezado la negociación con Podemos, se plantea la posibilidad de tomárselo con calma y no precipitar la fecha de esta toma en consideración en un pleno hasta que no esté garantizado que Podemos votaría a favor.

El grupo de Belarra ha hecho en otras ocasiones amenazas similares y luego, en el último momento, con alguna concesión que suelen negociar directamente con Félix Bolaños, su principal interlocutor, ha cedido y ha evitado romper la mayoría. Pero esta vez Podemos insiste en que se trata de una cuestión ideológica, de fondo, y en el Gobierno también ven que sus posiciones son especialmente combativas y nadie tiene claro en este momento si la ley podrá salir adelante. En el Ejecutivo temen que igual que en otras ocasiones, como pasó en diciembre con el paquete fiscal, la tensión entre Junts y ERC llevó al límite a la mayoría de la investidura y estuvo a punto de tumbar la reforma —se desbloqueó en el último minuto con una videoconferencia con Carles Puigdemont y María Jesús Montero negociando directamente— ahora sea la disputa por el espacio político entre Podemos y Sumar lo que pueda complicar esta ley que es decisiva para la legislatura porque supone el paso definitivo para desbloquear la relación entre el PSOE y Junts, de la misma manera que la semana pasada el acuerdo para la quita de la deuda de la Generalitat ajustó la relación entre el PSOE y ERC.

El Gobierno controla los tiempos a través de la Mesa del Congreso, y, por tanto, no hay ninguna urgencia, la toma en consideración podría retrasarse sin problemas. No hay una fecha límite, porque se trata de una norma con una tramitación larga y con una aplicación también compleja, en la que debe haber mucho desarrollo técnico para ver de qué manera los Mossos d’Esquadra empiezan a tomar competencias sobre inmigración, procesos de expulsión, permisos de residencia y control del centro de internamiento de extranjeros de Barcelona que hasta ahora hacían la policía o la Guardia Civil. Pero Junts obviamente sí tiene mucho interés en que se cumpla este compromiso, y presionará para que se tramite. De hecho, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ya ha intentado ponerse en contacto con la líder de Podemos, Belarra, para ver si hay espacio para la negociación, aunque ella de momento no ha contestado.

El martes, cuando se registró la iniciativa, Podemos fue muy duro al rechazarla porque, según Belarra, “Junts quiere las competencias de inmigración para hacer políticas aún más racistas y contrarias a los derechos humanos”, pero abrió una puerta: si se aprueba la iniciativa legislativa popular (ILP) que promueve una regularización extraordinaria de inmigrantes, ellos podrían apoyar la proposición de ley. Esta sería una salida factible, según fuentes del Gobierno, porque el Ejecutivo respalda la idea de la regularización y de hecho está abriendo la puerta a hacerla de facto a través del reglamento de la ley de extranjería. En realidad se trata de decenas de miles de personas que tienen trabajo en España, que ocupan puestos necesarios, que viven con normalidad, pero que aún tienen una situación irregular. En el Congreso había bastante consenso y hasta el PP, impulsado por Cáritas, organización de la Iglesia que ayuda a estos inmigrantes, aceptó tramitar la ILP, no así Vox. Por eso ahí podría haber espacio para la negociación.

Pero Podemos ha endurecido aún más su posición este miércoles y ya no habla solo de la ILP, sino que señala que el problema es la propia reforma en sí, sobre todo por la exposición de motivos, que en su opinión “compra el marco de la derecha” y que la iniciativa solo sirve para “descentralizar el racismo”. Por eso la preocupación se ha extendido en el Gobierno y en Junts ante la posibilidad de que Podemos haga una bandera de esto para chocar con Sumar y eso complique la negociación y termine dificultando la aprobación de una norma que es estratégica para el Ejecutivo en su relación con Junts.

En Sumar, a pesar de que desde el primer momento Yolanda Díaz respaldó la iniciativa, también empiezan a surgir algunas dudas no tanto por lo que pone en el texto, que además no gestionará de momento Junts sino un Gobierno catalán que dirige el socialista Salvador Illa y que cuenta con el apoyo de los Comunes, sino por la utilización que está haciendo Junts de este acuerdo político. Aina Vidal, portavoz adjunta de Sumar, aseguró, en línea con lo que había dicho el día anterior Yolanda Díaz, que el acuerdo es “un avance importante” para Cataluña, pero se mostró muy molesta porque, en su opinión, Carles Puigdemont, se está “excediendo” con su “interpretación interesada”. En Sumar, y también en el PSOE aunque evitan el choque con los independentistas para no perjudicar el acuerdo, ha sentado muy mal que Junts aproveche el momento para plantear la posibilidad de que se exija a los inmigrantes que hablen catalán para tener permiso de residencia, algo que no está en ningún momento en el texto presentado en el Congreso.

En Sumar preocupa que en la batalla dialéctica pueda ganar peso el discurso más duro antiinmigración de Junts, algo que también molesta a ERC, cuyos votos son también imprescindibles. “Junts hace mucho que compite con Aliança Catalana y nos da vergüenza ver cómo instrumentalizan los cuerpos y las vidas de las personas migrantes de una forma tan irresponsable”, aseguró Vidal para marcar distancias con los independentistas. La secretaria de Comunicación de Sumar, Elisabeth Duval, también dijo en La Sexta que el problema no es la delegación de competencias, sino algunos puntos de la exposición de motivos, por el riesgo de que “se compren un marco nativista como el de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols”.

Todas estas reacciones demuestran que el asunto es muy sensible, que es muy complicado poner de acuerdo a una mayoría de la investidura que piensa muy diferente en cuestiones básicas como la fiscalidad o esta de la inmigración, y que el Gobierno no ha terminado la tarea con el pacto con Junts y aún tiene mucha negociación por delante en el Congreso. Pero a la vez, también parece claro, una vez más, que nadie quiere cargarse la legislatura. La solución llegará en las próximas semanas.