El acuerdo con Junts relaja la legislatura pero no garantiza unos Presupuestos cada vez más improbables

La pregunta inmediata tras el acuerdo con Junts para la delegación de la competencia en inmigración a la Generalitat, que ha costado un año y dos meses, era evidente: ¿esto allana el camino a los Presupuestos? Pero el Gobierno, lejos de ofrecer la respuesta que podría parecer obvia, esto es, que los facilita, mostró una gran cautela. El PSOE y Junts no han negociado en ningún momento inmigración a cambio de Presupuestos. Tampoco se negoció con ERC por la quita de la deuda, un alivio de 17.000 millones de euros pensado inicialmente para Cataluña —fue uno de los compromisos a cambio de su apoyo hace 15 meses a la investidura de Pedro Sánchez— y que el Ministerio de Hacienda ha extendido al resto de comunidades de régimen común con un montante de 83.000 millones, a cambio de su respaldo a las cuentas públicas. Para los dos partidos independentistas, que rivalizan en todo, también en ver quién saca más cosas en sus negociaciones con el Gobierno, era fundamental huir de este marco.

Junts ha negociado la inmigración porque se la prometieron hace más de un año a cambio de la aprobación de un decreto ómnibus en el que estaban en juego 10.000 millones de fondos europeos. “Es una carpeta que no tiene nada que ver con los Presupuestos. No se desbloquea nada. Lo desvinculamos al 200%”, son tajantes en el círculo de confianza de Carles Puigdemont, donde tienen dos prioridades: la oficialidad del catalán en las instituciones de la UE y la aplicación de la ley de amnistía. Ninguna depende del Gobierno. El Constitucional confía en dictar antes del verano la primera sentencia sobre el perdón por los delitos relacionados con el procés y la previsión que hacen en la cúpula de Junts es que Puigdemont y otros altos cargos políticos se pueden beneficiar de la medida de gracia en verano.

ERC ha discutido a su vez sobre la quita de parte de la deuda catalana con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y la gestión de Rodalies, dos compromisos que el PSOE adquirió hace un año y medio a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. Así que ninguno de los dos avances supone ninguna garantía para los Presupuestos. Por eso el Gobierno no quiere vincular ahora el pacto conseguido con Junts, y tampoco se muestra especialmente optimista. De hecho, en el Ejecutivo cada vez se percibe con más claridad que los Presupuestos son una meta casi inalcanzable, dadas las tensiones entre todos los socios que tendrían que sumar sus votos para aprobarlos, aunque con Sánchez nunca conviene hacer afirmaciones definitivas. Distintos ministros vienen deslizando las últimas semanas que la prórroga presupuestaria —la sexta en los últimos 10 años— no es un drama, ya que las cuentas vigentes son expansivas y llevan el sello del Gobierno progresista. El razonamiento que hacen es que no hacen falta unos nuevos Presupuestos y que ni siquiera son necesarios para llegar a 2027 y completar la legislatura. Fuentes del máximo nivel del Ejecutivo se escudan además en que las comunidades del PP que dependen de Vox tampoco han sacado sus cuentas adelante y que, por tanto, la presión de la derecha por la falta de unas cuentas actualizadas no es creíble.

Mientras Junts y ERC insisten, pues, en que estas negociaciones no despejan la carrera por los Presupuestos, que con ellos está entera por hacer, otros grupos, como Podemos, también ponen el listón muy alto para aprobar esas cuentas. La formación de Ione Belarra exige medidas que se antojan muy difíciles para el Gobierno, como la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel y bajar por ley el 40% el precio de los alquileres. En esta tesitura, en el Ejecutivo se va extendiendo la idea de que tal vez no sea posible ya sacar los Presupuestos de 2025 y habría que empezar a pensar en los de 2026. Algo para lo que tampoco queda tanto tiempo si se quiere hacer en tiempo y forma, porque tendrían que estar listos para presentarse en septiembre y aprobarse antes de fin de año.

Pero lo que sí tienen claro en La Moncloa es que las últimas negociaciones resueltas con ERC y con Junts, ejecutadas casi a la vez, son muy relevantes porque tranquilizan la legislatura aunque no garanticen los Presupuestos. Los mensajes que van transmitiendo tanto desde ERC la semana pasada como desde Junts este martes indican que la relación entre los socios cambia con estos acuerdos, que nadie está pensando en tumbar la legislatura, y que otras leyes que el Gobierno tiene en cartera sí son posibles, aunque antes habrá que hacer mucha negociación. “Los acuerdos llaman a acuerdos”, resume un ministro. Lo importante para el Ejecutivo, desde el punto de vista político, según explican diversas fuentes consultadas, es que la mayoría de la investidura se vuelve a engrasar y se puede pensar con claridad en una legislatura larga aunque con mucha menos tarea legislativa que la anterior, cuando se aprobaron 200 leyes, pero que no esté completamente vacía. Para eso el Gobierno ha tenido que ceder de nuevo y entregar a Junts algunos hitos que hace unos meses negaba, entre ellos una participación de la Generalitat en el control de fronteras para la devolución de inmigrantes o la posibilidad de que las expulsiones partan de una solicitud del Gobierno autonómico y no del Estado, como era hasta ahora.

Pero ya al margen de lo que el pacto entre PSOE y Junts signifique para reforzar la mayoría, de momento las cuentas no salen para aprobar la proposición de ley registrada a primera hora de este martes porque Podemos se opone a la delegación de la gestión de las competencias migratorias a Cataluña. Su secretaria general, Ione Belarra, ha advertido que los cuatro diputados de su partido votarán en contra de la ley que pretende delegar la gestión de las competencias migratorias a la Generalitat. “Este acuerdo no contará con los votos de Podemos” ha remarcado Belarra, que considera “imposible de garantizar” el respeto a los derechos de los inmigrantes. “Una vez que delegas las competencias en una institución que el día de mañana puede estar en manos de un partido antiinmigración como es Junts y una ultraderecha conservadora como es Aliança Catalana, eso no tienes forma de controlarlo y de asegurarte que se cumplen con los derechos humanos”, ha afirmado en una entrevista en la cadena de televisión Canal Red.

El Gobierno alega que mantendrá la titularidad estatal de la competencia migratoria, y que, por lo tanto, podría “detraer”, según fuentes del Ejecutivo, la transferencia de su gestión en el supuesto de que gobernasen formaciones que vinculan la delincuencia con la inmigración, como ha hecho Junts. Los socialistas anteponen como garantía extra que el actual president catalán es Salvador Illa, del PSC, un aval con el que ganar tiempo. Unos argumentos que no convencen a Podemos, el socio del Gobierno más impredecible con permiso de Junts. El pacto en inmigración ha evidenciado sobre todo sus tensiones con Sumar en una cámara en las que al Gobierno no le sobra un solo voto. “Estamos viendo una mimetización entre el PSOE y Sumar, comparten Gobierno, cada vez tienen más puntos de sintonía y cada vez están más convencidas de que esa política del PSOE es la que hay que hacer... Ahora mismo, Pedro Sánchez está ya en una posición comodísima porque tiene un Gobierno en el que sólo manda él y se hace lo que dice el PSOE”, arremetió Belarra contra el socio minoritario del Ejecutivo. Sus palabras enturbiaron la satisfacción en el Ejecutivo y se entendieron como un aviso a navegantes de la complejidad de lograr el apoyo de todos los socios de la investidura a la prueba del algodón de todo Gobierno: los Presupuestos.