Sumar presenta su propuesta de reforma para blindar el derecho al aborto en la Constitución

En un contexto global de retroceso de derechos de las mujeres, un año después de abrir el debate y en vísperas de las celebraciones del 8 de marzo, Sumar ha presentado este jueves su propuesta de reforma para incluir el derecho al aborto en la Constitución española. El grupo que preside en el Congreso Yolanda Díaz no registrará por ahora ninguna iniciativa, pero ha remitido la proposición por escrito a los grupos de la Cámara para lograr un acuerdo amplio antes de iniciar su tramitación parlamentaria. La propuesta, formulada hace exactamente 12 meses y poco después de que Francia se convirtiera en el primer país en consagrar el derecho al aborto en su carta fundamental, se encontró entonces con el rechazo de Igualdad, en manos del PSOE, que alegó que no se daban “los consensos” necesarios para que saliese adelante.

La reforma planteada por Sumar añade un nuevo apartado en el artículo 43 de la Constitución con el siguiente texto: “Se reconoce el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo que sea libre, informada, plena y universal. Los poderes públicos garantizarán el ejercicio de este derecho con absoluto respeto a la autonomía física”. Esta fórmula permitiría sacar el aborto del capítulo de derechos fundamentales de la Constitución, cuya modificación requiere un procedimiento mucho más complejo: haría falta que una primera propuesta fuese aprobada por una mayoría de dos tercios de Congreso y Senado, la disolución de las cámaras, que las siguientes volvieran a darle luz verde por una mayoría de dos tercios, y que el pueblo español la ratificase en referéndum. Con la propuesta de Sumar, el proceso seguiría el mismo cauce que la reforma del artículo 49 efectuada el año pasado para ampliar los derechos de las personas con discapacidad y eliminar del texto la expresión “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”.

La rueda de prensa para presentar la iniciativa ha sido una demostración de fuerza de la coalición de Díaz. La portavoz parlamentaria, Verónica Barbero, ha estado acompañada de otras ocho diputadas del grupo, que también han intervenido en la comparecencia e incluso algunas han posado tomadas de la mano, en un gesto de sororidad. Barbero ha hecho un llamamiento, en primer lugar, al PSOE. “Aspiramos a que sea una propuesta compartida con el socio y también con un amplio espectro de asociaciones feministas y de derechos humanos. Queremos llegar a un consenso amplio”, ha asegurado reconociendo que no hay un calendario establecido, pero que ya han hablado y seguirán haciéndolo con sindicatos y sociedad civil. “Las mujeres podemos y debemos decidir. Y el Estado ha de garantizarlo. Iniciamos hoy un camino en el que queremos construir con otras”, ha defendido la portavoz.

Sumar asegura que lleva un año trabajando el texto, desde que abrió el debate a las puertas del Día Internacional de la Mujer en 2024. Fue entonces cuando el departamento de Igualdad, que dirige Ana Redondo, se opuso de plano al debate con el argumento de que modificar los derechos fundamentales requería un procedimiento para el cual no se daban las mayorías necesarias por la negativa de Vox y la postura del PP.

Sin embargo, en la ponencia marco del último congreso de los socialistas, el partido se comprometió a blindar este derecho en la Constitución. Fuentes de Sumar aseguran que tanto este paso como un contexto internacional reaccionario —con retrocesos de derechos en esta materia en Estados Unidos y las amenazas en su día en Polonia, en Argentina, en El Salvador, en Italia— pueden servir para que el PSOE se quiera mover ahora. En diciembre, el Senado acogió una cumbre antiabortista y los de Díaz trataron de organizar unas jornadas en el Congreso en sentido contrario.

La propuesta de Sumar recuerda que a día de hoy aún estamos “lejos” de poder hablar de una “verdadera garantía real del derecho al aborto”, con “desplazamientos forzosos a otras provincias o comunidades” para poder interrumpir el embarazo, una “objeción de conciencia que tiene amparo legal” y el “acoso en las clínicas abortivas”. “Además, las mujeres en situación administrativa irregular enfrentan múltiples barreras cuando desean interrumpir voluntariamente su embarazo; las dificultades burocráticas, la desinformación, el miedo a ser expulsadas o denunciadas y las desigualdades territoriales obstaculizan su ejercicio de este derecho”, recoge la iniciativa.

El año pasado, frente a ese avance de pequeños o grandes pasos para restringir este derecho en diversos territorios, la organización Mi voz, mi decisión —un movimiento organizado con mujeres de entidades de 11 países europeos— activó una Iniciativa Ciudadana Europea para recoger firmas y que la propuesta pueda tener recorrido en el Ejecutivo de la UE: que el aborto sea libre, seguro, gratuito y accesible, sea cual sea el país en el que vivan y la situación económica o administrativa que tengan las mujeres. Porque, además de los recortes, la realidad, en Europa y más aguda en otros países, es que su acceso tampoco está garantizado para millones de mujeres.

Ida Katariina Haapea, una de las coordinadoras de My Voice, My Choice en Finlandia, dijo en mayo del pasado año que el millón de firmas que necesitaban no era solo “para evitar” y “hacer retroceder” al propio “retroceso”, sino que era, es, una cuestión de “solidaridad europea” porque “nadie está a salvo de que sus derechos fundamentales más básicos estén en peligro”, como lo están ahora los de millones de mujeres. Solo en Europa, alrededor de 20.