La propuesta de Montero: argumentos frente a todos

Andreu Mas-Colell, exconsejero catalán, bautizó como “la cuarta consejería” al pago de los intereses de la deuda. La crisis financiera, que amenazó incluso la supervivencia del euro, recorrió todas las arterias del sector público hasta llegar a las comunidades, que gestionan los grandes pilares del Estado del bienestar. Los gobiernos autonómicos, acostumbrados a una época de bonanza por los ingresos del ladrillo, vieron cómo la bola de nieve de la deuda crecía y los intereses se disparaban. El resultado fue un lustro de continuos recortes de los servicios públicos para lograr los recursos necesarios para alimentar esa “cuarta consejería” que surgía en varias comunidades. Los mercados, ante el deterioro de su solvencia, daban la espalda a la mayoría de esas haciendas, que recurrieron a los mecanismos de deuda desplegados por el Estado.

La condonación parcial que el Gobierno pondrá sobre la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este miércoles busca reconocer ese esfuerzo realizado por las comunidades, tanto por el “sobreendeudamiento” como por las subidas de impuestos a las que tuvieron que recurrir. Y a la vez, trata de facilitar su retorno a los mercados financieros. Pero la propuesta trasciende lo meramente financiero. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha hallado una cifra asumible —83.000 millones de euros— que le permite cubrir los diferentes ángulos políticos que necesita atacar en este consejo.

El plan del Gobierno cumple con uno de sus principales compromisos con ERC, al que sitúa en un lugar preferente entre sus socios tanto en Madrid como en Barcelona. El líder de los republicanos, Oriol Junqueras, pudo salir a anunciar la propuesta para Cataluña —vestida como pacto— una hora antes de que la anunciase Montero y anotarse un tanto frente a Junts. La quita para Cataluña, de más de 17.000 millones de euros, dará oxígeno financiero y político al Govern de Salvador Illa, puesto que también favorecerá su estabilidad parlamentaria.

La principal virtud de la propuesta de Montero es que, tras atender las reivindicaciones de ERC, puede extenderlas al resto de comunidades autónomas desactivando el argumento del “privilegio” para Cataluña. Y lo hace al cuadrar todas las variables que permiten atender los principales agravios. Para empezar, Hacienda acalla las posibles críticas internas al pacto con los republicanos al ofrecer una generosa quita de la deuda a Asturias (36,8%) y Castilla-La Mancha (30%), ambas gobernadas por el PSOE.

Pero Montero mete en un brete a las comunidades del PP, puesto que una cosa es votar en contra el miércoles y otra rechazar luego ese dinero. Ante los aspavientos de Génova, Montero se ha apresurado a señalar que la aceptación de la quita es “voluntaria”. Pero será complicado para cualquiera de los 11 barones populares, beneficiarios de casi el 70% de la deuda condonada, explicar por qué prefieren gastar hasta 7.000 millones en pagar intereses de la deuda que destinarlos a políticas sociales o económicas. Empezando por Andalucía, donde la ministra se acaba de estrenar como líder socialista y aspira a desbancar al popular Juan Manuel Moreno.

La quita planteada para Andalucía no solo supone eliminar de una tacada la mitad de toda su deuda, que volverá a niveles de 2012, sino que esa condonación está también entre las mayores por habitante ajustado, junto con Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana. Es decir, las que se han considerado infrafinanciadas por el actual sistema. El presidente valenciano Carlos Mazón y el murciano Fernando López-Miras también tendrán que forzar mucho sus argumentos para rechazar esa oferta. Incluso Isabel Díaz Ayuso, la más beligerante dentro del PP, se verá en aprietos si rehúsa aligerar su deuda en un 25%. Y también será complejo para Montero seguir aplazando la reforma de la financiación una vez se ponga de manifiesto que esta quita no bastará para que todas las comunidades puedan volver a los mercados financieros.