Lo que esconde Ayuso cuando baja impuestos en defensa de sobrinos, hermanos y tíos

“Esto va a facilitar que todas las familias, empezando por vulnerables o clase media, no estén asfixiadas cuando den en herencia lo que es suyo”, proclamó Isabel Díaz Ayuso el lunes. Con el Gobierno del PSOE y Sumar enredado en un debate sobre el mínimo de ingresos exento del IRPF y sobre cómo ejercer la pedagogía fiscal en tiempos de populismo antiimpuestos, la presidenta de la Comunidad de Madrid acaba de hacer una exhibición sin tapujos de su modelo tributario y con ello de su modelo de sociedad. Y de paso ha dejado claro qué idea no puede faltar en su argumentario. Esa idea es la defensa del valor de la familia. Aunque es una defensa que, tras su fachada irreprochable, esconde letra pequeña.

Lo que anunció Ayuso el lunes en el Club Forbes House fue una vuelta de tuerca a sus rebajas fiscales a la propiedad con la enésima bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, esta vez del 25% al 50% entre hermanos, tíos y sobrinos. Según datos de la propia Comunidad, la medida —cuya tramitación comenzó este miércoles— beneficiará en realidad a 14.000 madrileños, porcentaje residual de una población que supera los siete millones. Así que decir “todas las familias”, como hizo Ayuso, quizás sea exagerar. Y seguramente sea exagerar mucho decir que las primeras beneficiadas serán las “vulnerables”, cuando este es un caso tipo utilizado por la comunidad autónoma para ilustrar su efecto: dos hermanos que hereden de otro hermano fallecido una vivienda valorada en 200.000 euros y unos ahorros de 100.000 evitarán el pago de más de 15.600 cada uno sobre la cuota sin bonificar, es decir, el doble que ahora. No son los números que acuden a la cabeza al pensar en una familia vulnerable.

Pero, ¿quién se resiste a apelar a los lazos de sangre para justificar un programa fiscal, cuando el recurso funciona tan bien?

Javier Carbonell, investigador especializado en desigualdad de la Universidad de Edimburgo y director adjunto del laboratorio de ideas Future Policy Lab, explica la lógica tras la alegación familiar de Ayuso: “En un momento de dificultad del ascensor social, cuando parte de la sociedad percibe que el sistema no garantiza que el trabajo duro sea suficiente para una vida digna, gana capacidad de penetración social el discurso de repliegue en la familia como último refugio, prolongación del mensaje que enfatiza el individualismo frente a las soluciones generales”.

Se trata de un enfoque —añade Carbonell— que utiliza la coartada familiar para excluir de la ecuación la clase social. “La familia es el principal espacio de reproducción de las desigualdades sociales. Cuando es presentada como una institución intocable, dentro de la cual la riqueza debe transmitirse sin intromisión del Estado, se impide la reducción de esas desigualdades”, expone.

La “defensa” o la “protección” de la familia —institución que genera un apego transversal por razones históricas, culturales y hasta religiosas— es el recurso estrella del PP, también de Vox, para hacer atractivo todo su programa socioeconómico. “Bajar los impuestos a las familias funciona”, presumía en diciembre Juan Manuel Moreno, que imita desde Andalucía, última comunidad en PIB per cápita, el modelo de Madrid, primera de la tabla. Igual que Ayuso, Moreno suele meter a la “familia” en su discurso fiscal. El año pasado, cuando Sumar propuso un impuesto a las grandes herencias, el presidente andaluz reaccionó así: “Va a hacer un gran daño a la familia”.

Es el mismo esquema al que se ciñe Alberto Núñez Feijóo. También Santiago Abascal. De hecho, los acuerdos que firmaron el PP y Vox tras las autonómicas de 2023 muestran un proyecto compartido basado en una apelación de apariencia universalista a la familia que da cobertura a un modelo social en absoluto neutro ideológicamente. “Reivindicaremos la familia como célula básica de la sociedad”, decía el pacto de Baleares. Nos dedicaremos a la “protección de las familias”, prometían en la Comunidad Valenciana. “Mejorar la vida de las familias” será nuestra meta, firmaban en Extremadura. Todo eso figuraba en la parte declarativa. Pero, ¿en qué se traducía? En los tres acuerdos, en una mayor financiación pública de la educación concertada —presentada como un espacio para el ejercicio de la “libertad” de las familias— y en la reducción de impuestos, sobre todo a la propiedad, con Sucesiones y Donaciones como fijación.

Entre familiares, no entre clases

Daniel Sorando, profesor de Sociología de la Universidad de Zaragoza, subraya la paradoja de que se insista tanto en que “en España hay una guerra intergeneracional”, cuando en realidad existe una “fortísima cooperación intergeneracional a través de la vivienda”. “Eso sí, esa cooperación se da dentro de las familias mediante la herencia, no entre clases mediante la acción del Estado. El resultado está a la vista. En un contexto de incertidumbre sobre el futuro del trabajo y las pensiones, una vivienda heredada se presenta como la mejor garantía para la movilidad social”, expone. En la otra cara de la moneda, añade, carecer de esa herencia se erige en el principal impedimento para el progreso social. Desembocamos en otra paradoja, porque una sociedad con tantos futuros tan condicionados por el legado familiar es justo lo contrario del ideal meritocrático que dicen defender Ayuso y sus seguidores.

Sociólogo especializado en urbanismo y vivienda, Sorando sostiene que el “discurso familista” es causa del suspenso del Estado del bienestar español en progresividad y redistribución, porque lo libera de responsabilidad en la corrección de desigualdades. Al mismo tiempo, agrega, dificulta su corrección, porque populariza la idea de que en última instancia dependes de que los tuyos, no el Estado, te saquen las castañas del fuego. Un dato: España invirtió de media en protección social en vivienda 34 euros por habitante entre 2007 y 2021, lejos de los 160 de la UE. Para el autor de First we take Manhattan. La destrucción creativa de las ciudades, este infradesarrollo es resultado de haber apartado al Estado de la función de garantizar el acceso a la vivienda y habérsela asignado a la familia.

Una alianza histórica

La exaltación simultánea de la familia y los impuestos bajos al patrimonio es compartida en toda Europa por la derecha tradicional y la extrema. La diferencia es de grado, no de concepto. Igual que Vox intenta llegar más lejos que el PP, Alternativa para Alemania se esmera en desbordar a la CDU, Agrupación Nacional hace lo propio con Los Republicanos en Francia y los brexiters de Nigel Farage con los tories en el Reino Unido. Pero el fondo es el mismo, si bien cuanto más ultra es la derecha, más acompaña el programa de bajadas fiscales de una alerta contra el asedio progresista a los valores tradicionales de la familia. Con esta promesa electoral ataba lo uno y lo otro Marine Le Pen: “Los padres podrán donar 100.000 euros cada diez años a cada hijo, sin que ello suponga impuestos. Quiero reparar los lazos generacionales y la solidaridad dentro de las familias”.

Ni Ayuso, ni Le Pen, ni ninguno de los demás citados han inventado nada. Todos siguen —cada cual con sus matices— un viejo manual. La combinación del discurso antiimpuestos y el que coloca a la familia como pilar central de la sociedad ha sido básica en la derecha occidental desde lo que la socióloga Melinda Cooper llama —en su ensayo Los valores de la familia, de 2017— la “alianza entre el conservadurismo religioso y el neoliberalismo del libre mercado” que aupó al poder a Ronald Reagan en 1980. La clave del éxito de Reagan, siguiendo a Copper, es que logró unir a las dos derechas históricas, una más urbana y centrada en el dinero, otra más rural y con énfasis en los valores, encontrando un enemigo común de ambas. ¿Qué enemigo? “Los impuestos y el gasto social”, responde Amelia Sanchis, profesora de Derecho Eclesiástico de la Universidad de Córdoba especializada en discursos sobre familia y género. Ese es el legado imborrable de Reagan, según Sanchis: haber estigmatizado los impuestos como una intromisión del Estado en el sagrado espacio de la familia, que además solo sirve para fomentar la vagancia y la inmoralidad a base de subsidios.

Hay una frase de Margaret Thatcher que sintetiza toda esta forma de entender la sociedad. O de no entenderla. “La sociedad no existe —dijo en 1987—. Hay hombres y mujeres y hay familias”. No se hace, por tanto, política para la sociedad, sino para los individuos y quienes comparten sus apellidos. Aunque Thatcher y Reagan encarnan para la mayoría de la derecha contemporánea una renovación del pensamiento económico, Javier Carbonell ve en sus ideas un retroceso. ¿Por qué? “La familia ha sido históricamente el elemento estructurante que definía quién eras y hasta dónde podías llegar”, responde. “El gran logro del Estado moderno fue convencernos de que éramos parte de algo más, parte de una sociedad, o de una clase. El discurso que lo basa todo en la familia supone una renuncia a ese logro”.