Las rebajas en sucesiones restan cerca de 1.000 millones al año a las comunidades desde 2002

El impuesto sobre sucesiones y donaciones es uno de los más denostados por la población y a la vez el que más rebajas ha tenido en los últimos años. Los impulsores han sido los Gobiernos autonómicos, pues aunque se trate de una figura estatal está totalmente cedida a las comunidades, lo que implica que pueden aplicar bonificaciones y reducir tarifas. Los Ejecutivos regionales empezaron hace años a hacer uso, a la baja, de esta autonomía fiscal en sucesiones y donaciones, los que ha supuesto una reducción de sus ingresos superior a los 20.000 millones entre 2002 y 2022. Otros impuestos han tenido un recorrido opuesto. Es el caso de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP/AJD), que en el periodo considerado ha brindado 8.700 millones más a las arcas autonómicas a raíz de las sucesivas subidas fiscales que se le han aplicado. Así se desprende de los datos recién publicados por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en su informe Actualización de las series de financiación homogénea de las Comunidades Autónomas.

El impuesto sobre sucesiones y donaciones ha sido el laboratorio de prueba de las rebajas autonómicas. Los Gobiernos regionales empezaron a ampliar los descuentos en esta figura para las operaciones que involucraban a los parientes más próximos. A día de hoy, hay comunidades donde prácticamente se ha suprimido el pago del tributo en determinados supuestos. Eso ocurre en territorios como Cantabria, Andalucía, Murcia, Extremadura o Madrid y Castilla y León. En cuanto a las donaciones, el camino ha sido parecido.

De hecho, la primera reducción cuantiosa de recaudación debido a cambios normativos en esta figura se registra en Cantabria, en 2004, con una rebaja que mermó la recaudación en 19 millones de euros, según los datos de Fedea. Después, empezó a darse un efecto dominó, también llamado frontera: a medida que un territorio rebajaba el tributo, las comunidades cercanas le seguían la estela, en mayor o menor medida, para evitar un trasvase de residentes.

Al año siguiente fue la Comunidad de Madrid quien tomó la delantera. La región capitalina, gobernada desde hace unas tres décadas por el PP, lleva años haciendo de los bajos impuestos su bandera y su atractivo, una política favorecida por su pujanza económica. A partir de 2005 fue el territorio que más ingresos perdió vinculados a las rebajas en el impuesto sobre herencias y donaciones. En los 20 años analizados, la factura roza los 6.000 millones de euros.

El actual Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sigue profundizando en estas medidas. Tras reducir el impuesto a un pago casi simbólico entre familiares muy cercanos en línea directa, la última medida anunciada, este septiembre, amplía las rebajas para colaterales: eleva del 25% al 50% la bonificación para las operaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos por consanguinidad.

A partir de 2008, cuando la economía aún no había encajado el golpe del crac financiero, las rebajas empezaron a ser generalizadas. En media, la merma ha sido de unos 1.000 millones al año. En 2021 y 2022 superó los 2.000 millones, y las previsiones es que los números vayan engordando. Después de las elecciones autonómicas del año pasado, que han llevado al PP a gobernar en la mayoría de las comunidades, los anuncios de bonificaciones, reducciones y en general cambios normativos a la baja en el impuesto se han ido multiplicando y también se han introducido reducciones en otras figuras, como patrimonio y el tramo autonómico del IRPF.

Todo ello mientras a la espera de una reforma de la financiación autonómica, pendiente desde hace una década y en la cual los barones regionales piden más recursos, y se tensa el debate sobre la financiación singular que los partidos independentistas exigen para Cataluña.

Subida fiscal

Una suerte opuesta ha vivido el ITP/AJD. Este tributo, vinculado sobre todo al sector inmobiliario, ya que se exige en las operaciones de viviendas de segunda mano, es el que más recauda entre las figuras cedidas a las comunidades (en conjunto, más de 10.000 millones, según los últimos datos de Hacienda, frente a los 3.000 de sucesiones y donaciones) y es el que menos competencia a la baja ha tenido. Los Gobiernos autonómicos empezaron a subir sus tipos en 2010 a raíz de la crisis financiera, para reflotar unas arcas públicas mermadas por una caída de la recaudación.

En los años siguientes, los cambios normativos al alza en esta figura empezaron a aportar cada vez más ingresos a las arcas autonómicas, con Cataluña y la Comunidad Valenciana a la cabeza. Pese a ello, la disparidad impera entre las comunidades. Madrid, una vez más, destaca: es la que aplica el tipo más bajo a las transmisiones de inmuebles.