El fiscal del Estado afirma que dimitir sería “una concesión a los delincuentes”

El fiscal general del Estado soportó este martes en el Senado el imponente apedreamiento verbal del PP, secundado por Vox, que por momentos rebasó la frontera del insulto. La senadora popular Pepa Pardo llegó a acusar a Álvaro García Ortiz de actuar “al más puro estilo de un vulgar delincuente”, mientras Paloma Gómez, de Vox, sentenciaba que “tiene la vida y el prestigio totalmente destrozados”. García Ortiz evitó el enfrentamiento directo tras subrayar que él no puede “entrar al combate político”, pero se defendió con ardor. No piensa dimitir porque eso constituiría, alegó, “una concesión a los delincuentes”. Reiteró que siempre ha borrado “regularmente” los datos de sus dispositivos electrónicos. Y apelando a una directiva europea que así lo prescribe, remachó: “Tengo derecho a proteger mis datos personales y de los que soy custodio”.

Una semana después de que la juez decana de Madrid y un fiscal del Supremo participasen en un acto organizado por el PP en el Congreso para criticar al Gobierno, la senadora popular Pardo reconvino a García Ortiz por entrar a la comisión del Senado donde se iba a celebrar su comparecencia acompañado de miembros del PSOE. El resto de los integrantes de su bancada jaleó la protesta con ese sucedáneo de aplauso que se practica en las comisiones de las Cortes: golpeando los pupitres. Entre ellos, la portavoz del grupo popular, Alicia García, y su sombra en las sesiones de la Cámara alta, el veterano Javier Arenas, ninguno de los cuales pertenece a la comisión, pero que acudieron a arropar a la oradora.

En un discurso leído de principio a fin, Pardo no dio tregua al fiscal. Incluso le negó la bienvenida para afearle que haya estado meses demorando la comparecencia solicitada por el PP. La senadora popular obvió por completo la intervención inicial de García Ortiz, que durante 45 minutos había repasado las actuaciones de la Fiscalía —ese era el motivo que figuraba en el orden del día— en cuestiones de lo más diverso, de la violencia de género a los delitos de odio, la corrupción o el acoso a menores en las redes sociales.

Pardo no se detuvo ni en uno solo de esos asuntos. Entró directamente a exigir la dimisión del máximo responsable del Ministerio Público por su imputación en el Tribunal Supremo, acusado de revelar datos del fraude fiscal del novio de la presidenta madrileña “con el único objetivo de destruir a una adversaria política”, apostilló la senadora. Entre continuas descalificaciones —“indecencia”, “servilismo”, “no tiene la mínima dignidad”…— o la atribución a él de decisiones de otras instancias —como el archivo de la causa por el asesinato de Miguel Ángel Blanco—, la representante del PP lo acusó desde “imponer la censura a los medios de comunicación” hasta “dinamitar el Estado de derecho”. Cuando le llegó el turno, el socialista José María Oleaga exclamó: “Ha superado todos los límites de lo que yo había visto”.

García Ortiz comenzó su réplica con una precisión: el fiscal general del Estado siempre ha obedecido a una “legítima designación del Gobierno” y, por tanto, enfatizó, su nombramiento no puede ser considerado como un “asalto a las instituciones”. Lamentó por “innecesarios” algunos ataques —en una intervención posterior ya hablaría de “insultos”— aunque condescendió con el “derecho” de los senadores a lanzarlos. Y advirtió de que su posición no le permitía bajar al barro y meterse en el cuerpo a cuerpo: “Yo no me puedo defender, salir al campo político y contestar. Si aterrizase en la arena política, perdería la neutralidad”. Por eso mismo, “criticar al fiscal general del Estado es muy fácil, lo puede hacer hasta un niño de cuatro años”, aseveró.

García Ortiz aún tenía una segunda precisión inicial: tampoco le está permitido hacer comentarios sobre diligencias judiciales en marcha. Hecha esa salvedad, no eludió el debate sobre su insólita situación tras haber sido imputado por el Supremo. Y se mostró muy rotundo al insistir en que no piensa dimitir porque eso equivaldría a una “concesión a los delincuentes”. Para explicar esa afirmación, se refirió a grupos como los narcotraficantes que “como vean un ápice de debilidad en la Fiscalía, van a aprovecharlo”.

“Para mí sería más cómodo marcharme, desde el punto de vista profesional, familiar y personal”, aseguró, antes de añadir otro argumento para justificar su permanencia en el cargo: “defender mis valores y las instituciones”. En ese momento dejó caer el único reproche a compañeros de profesión: confesó su “perplejidad” por las manifestaciones públicas de algunos fiscales que, según él, contribuyen a reforzar los ataques que sufre.

El fiscal se extendió luego en explicar una de sus actuaciones más cuestionadas, el borrado de los datos de sus dispositivos electrónicos. Apeló a las leyes nacionales y europeas de protección de datos que recomiendan su destrucción periódica. No solo reivindicó el “derecho” a defender su “intimidad”, sino que recalcó que en sus teléfonos y su correo electrónico hay mucha otra información sensible que concierne a terceras personas.

García Ortiz evitó cualquier crítica al juez del Supremo que instruye la causa contra él, Ángel Hurtado, pero deslizó algunos comentarios generales. Relató que se ha visto obligado a cambiar de teléfono y cancelar su cuenta privada de correo electrónico por, según dijo, el acoso sufrido tras divulgarse en las diligencias judiciales los números y las direcciones. También denunció ser víctima de lo que en derecho se llama la “inversión de la carga de la prueba”. “La inocencia se presume. Por ser fiscal general del Estado no lo soy más, pero tampoco menos. Ningún ciudadano está obligado a demostrar su inocencia”, concluyó.