Vox sube en las encuestas aupado por la ola de Trump mientras se multiplican las purgas y crece la rebelión interna

Menos de un mes después de su última visita, el líder de Vox, Santiago Abascal, viajará la semana próxima a Washington para participar, por segundo año consecutivo, en la Convención de Acción Política Conservadora (CPAC), el gran foro de la derecha trumpista. Allí coincidirá con el presidente argentino, Javier Milei, el presidente del Reagrupamiento Nacional francés, Jordan Bardella, y el promotor del Brexit, el eurófobo británico Nigel Farage. Pero, sobre todo, con Donald Trump, con quien mantuvo un breve encuentro en esta misma convención en 2024 y al que no pudo saludar en su toma de posesión, el pasado 20 de enero, pese a ser el único político español invitado al evento.

Abascal no rehúye que se le asocie con Trump. Al contrario. Está convencido de que la ola populista que ha devuelto la Casa Blanca al que fuera presidente de Estados Unidos de 2017 a 2021 llegará antes o después a España y lo aupará también a él. De momento, las encuestas parecen darle la razón. Abascal, que siempre ha despreciado a las empresas demoscópicas, presume ahora de que le atribuyan “un 15% de intención de voto y subiendo”, cinco puntos más que hace seis meses. “En algo habremos acertado”, remacha.

En vísperas de su regreso a EE UU, el líder de Vox ha salido en defensa de Trump frente a los supuestos ataques del presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, quien se limitó a mostrarse “preocupado” por su política comercial y arancelaria. “Veo con tristeza y preocupación que el PP vaya a abrazar de nuevo a Sánchez, en esta ocasión contra Donald Trump”, ha dicho. En su opinión, el peligro para la industria y el campo españoles no viene de los aranceles con los que la nueva Administración estadounidense ha amenazado a Europa, “sino de las políticas que el PP y los socialistas han pactado en Bruselas”.

Sin embargo, mientras Abascal mantiene una agenda internacional frenética —hace ocho días reunió en Madrid a lo más granado de la extrema derecha europea—, Vox asiste a una sangría constante, y hasta hace poco silenciosa, de cuadros intermedios y cargos públicos, algunos purgados por el aparato y otros dimitidos voluntariamente, y a una rebelión sin precedentes de afiliados críticos que, por vez primera, han salido del anonimato para denunciar la falta de democracia en el partido.

El último incendio interno se inició en Sotoserrano, un pueblo con medio millar de vecinos en el parque natural de la Sierra de Francia, al sur de la provincia de Salamanca. El detonante fue un coto de caza mayor llamado El Pardo, como el palacio donde residía Franco, que el anterior alcalde de la localidad, exsocialista, alquiló a una sociedad de cazadores por 2.000 euros anuales más IVA durante 20 años. El arrendamiento de esta propiedad comunal de unas 3.000 hectáreas, donde abundan ciervos, corzos y jabalíes, por un precio que el actual regidor estima inferior en un 90% a su valor real, provocó un escándalo mayúsculo. Los dos ediles de Vox, aliados hasta entonces con los tránsfugas del PSOE, decidieron sumarse a la moción de censura promovida por el PP.

El resultado no podía ser más ventajoso para el partido de Abascal: uno de sus concejales, Juan Ignacio Hernández, se hizo con la alcaldía, a pesar de que el PP, con tres ediles, era el grupo mayoritario. Sin embargo, el presidente provincial de Vox, Carlos Menéndez, prohibió la moción. Cuando su número dos, Javier Teira, le preguntó el motivo, se limitó a decirle que eran “instrucciones de Madrid”. El candidato a alcalde habló con Iván Vélez, alto cargo en la sede central de Vox, y le contó el malestar que había en el pueblo, pero este, “con tono prepotente”, subraya, se limitó a espetarle: “El partido no permite que esa moción de censura salga adelante”. Nadie explicó nunca a Hernández por qué la dirección nacional de Vox despreciaba hacerse con una alcaldía, pero él sospecha de las relaciones personales entre el club de cazadores que se adjudicó el coto y algunos dirigentes de Vox. “Si no hay intereses privados detrás, no se entiende que mi partido me diera la espalda”, reflexiona.

El 28 de enero, en un gesto insólito, un grupo de afiliados de la formación se concentró, a cara descubierta, en la Plaza Mayor de Salamanca, para denunciar la falta de transparencia y reclamar más participación en las decisiones. Entre los asistentes había una docena de cargos públicos de Vox, incluido su único diputado provincial y tres de sus cuatro alcaldes en la provincia. Uno de ellos era el nuevo regidor de Sotoserrano.

Solo tres días después, la dirección del grupo de Vox en las Cortes de Castilla y León expulsó a dos de sus 11 procuradores: el propio Teira, a quien acusa de haber convocado la concentración de Salamanca, y su compañera Ana Rosa Hernando, promotora de una plataforma que reivindica la recuperación de las primarias para elegir a los cargos internos en las provincias con más de 500 afiliados; y el retorno de Vox al grupo de los Conservadores y Reformistas (ECR), que lidera la primera ministra italiana Giorgia Meloni, en el Parlamento europeo. En 2022, Abascal suprimió de un plumazo las primarias con la excusa de evitar peleas internas; mientras que el cambio de grupo en la Eurocámara, decidido por sorpresa, ha causado malestar en las bases del partido, ya que entre sus nuevos socios en Patriots están Marine Le Pen, que apoyó la inclusión del derecho al aborto en la Constitución francesa, o los flamencos de Vlaams Belang, que han acogido a Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica).

La salida de los dos procuradores díscolos provocó, a modo de carambola, la dimisión del hasta ahora líder del partido en Castilla y León, Juan García-Gallardo. El detonante fue su negativa a firmar la expulsión de los críticos. No porque estuviera de acuerdo con ellos, sino por la endeblez jurídica del acuerdo, según ha explicado. Como abogado de profesión, no podía asumir una medida disciplinaria de ese calibre sin audiencia previa a los sancionados. El secretario general del partido, Ignacio Garriga, le dio un ultimátum: o firmaba en 15 minutos o se iba él también. Y se fue.

En realidad, este incidente fue solo la gota que colmó el vaso. Hacía tiempo que el otrora enfant terrible de Abascal había caído en desgracia: en enero de 2023, Vox comunicó al presidente castellano y leonés, Alfonso Fernández Mañueco, que los temas importantes ya no los negociaría con Gallardo, todavía vicepresidente, sino con Montserrat Lluis, una de las vicesecretarias generales del partido, a las órdenes directas de Garriga.

Abascal ha repetido estos días que “Vox es un partido nacional, en el que no caben baronías ni marquesados”. Sin embargo, no era un problema de centralismo versus autonomía; ya que, además de vicepresidente de la Junta, Gallardo formaba parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), máximo órgano de dirección de Vox. En teoría, no era solo un dirigente territorial sino también nacional. La exdiputada Inés Cañizares, vicealcaldesa de Toledo, ha calificado de “impecable” la despedida de Gallardo, quien criticó a la “oligarquía” que gobierna su partido, y ha recordado que, cuando Abascal se dio de baja en su día del PP, dijo que lo hacía por “falta de democracia interna”.

La crisis de Vox en Castilla y León aún no ha dado sus últimos coletazos. El 6 de febrero era suspendida de militancia, por seis meses, la portavoz del partido en el Ayuntamiento de Palencia, Sonia Lalanda, que había criticado la ruptura de los gobiernos autonómicos con el PP. Y el día 10, dos de los tres concejales de la formación en el consistorio salmantino, del sector crítico, destituían a su portavoz, único oficialista, tras denunciar que había hecho un “uso indebido” de fondos municipales. De paso, despedían al secretario provincial de Vox, Juan Ramón Gallego, que cobraba como asesor a cargo del Consistorio. El día 12, los cuatro concejales de Osorno la Mayor (Palencia), donde Vox ganó las elecciones, disolvían el grupo municipal tras acusar de abandono a la dirección del partido.

Fuera de Castilla y León, Vox anunció el 7 de febrero la expulsión del grupo municipal de Salou (Tarragona) de Josefa Aguirre, Sonia, una de sus tres ediles. Sonia fue una de las fundadoras de Vox en Tarragona en 2017, en pleno clímax del procés, lo que le valió sufrir actos de acoso e incluso una agresión física. Durante casi siete años, fue vicepresidenta y mano derecha de la presidenta provincial, Isabel Lázaro. El último choque con sus excompañeros de grupo se produjo cuando le prohibieron invitar a una fiesta local a la propia Lázaro, convertida en bestia negra para Vox después de que acusara a Garriga de cobrar un sobresueldo irregular del Parlament. Seis de los 23 ediles que sacó Vox en la provincia hace poco más de año y medio ya se han dado de baja, según el recuento de Aguirre.

A casi 2.500 kilómetros al sur, el pasado martes, abandonaba Vox su concejal en Puerto del Rosario, el único cargo público del partido en Fuerteventura, quien se había negado a pedir disculpas por votar en contra de la extracción de tierras raras en la isla. Era el quinto concejal de Vox en Canarias que rompía con el partido desde enero de 2024, tras los de Teide, Teguise, Ingenio y Santa Cruz de Tenerife. En septiembre pasado, una de las tres diputadas autonómicas del partido, Marta Gámez, dejó el grupo tras denunciar que su discurso sobre la inmigración no respeta los derechos humanos y se desentiende del grave problema que sufre Canarias con la llegada de menores.

El goteo de bajas es constante desde que, en julio pasado, Vox salió de los gobiernos de Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia y Extremadura. El partido ultra ha perdido a tres de sus cuatro concejales en el Ayuntamiento de Albacete: dos en San Sebastián de los Reyes (Madrid) y Cuarte de Huerva (Zaragoza) y uno en León, Badajoz, Esporles (Mallorca), Hellín (Albacete), Villaviciosa (Asturias) y Villlares de la Reina (Salamanca), además de un parlamentario autonómico en Baleares, el segundo en lo que va de legislatura. Los críticos de la formación, tanto los que siguen dentro como los que ya se han ido, han sido convocados a un encuentro el próximo día 22 en Madrid. En la convocatoria se denuncia la conversión de Vox “en un partido opaco, de tintes dictatoriales” y “decisiones inexplicables”, como el abandono de los gobiernos autonómicos o el cambio de aliados en Europa, “con nocturnidad y alevosía”. Fuentes de Vox descartan que Abascal vaya a rectificar: en noviembre pasado fue elegido presidente del partido europeo Patriots.eu, patrocinado por el primer ministro húngaro Viktor Orbán, y hace una semana, en Murcia, zanjó cualquier debate sobre la ruptura de los ejecutivos autonómicos de coalición con el PP. “Estoy mucho más orgulloso de haber salido de los gobiernos que de haber entrado”, dijo.

Para ser un partido joven, que acaba de cumplir su décimo aniversario, Vox acumula ya un buen número de cadáveres en el armario: Iván Espinosa de los Monteros, Macarena Olona, Rocío Monasterio, Juan García-Gallardo y un largo etcétera. El portavoz del partido en Andalucía, Manuel Gavira, ha minimizado la crisis asegurando que, “salvo Abascal, nadie es insustituible”. El problema, alegan los críticos, es que, si un día hace falta, no habrá nadie para sustituirlo, porque “a todo el que levanta la voz le cortan la cabeza”.