Que el Gobierno pacte consigo mismo

El Gobierno debe pactar consigo mismo. Para ahorrarle un espectáculo de circo a la ciudadanía. Y en beneficio de la estabilidad, que se supone conviene a todos.

Dos vicepresidentas acuerdan lo principal, subir el salario mínimo, SMI. Y discrepan por lo secundario, si este tributa al IRPF. Merma para ambas. A María Jesús Montero le dañaría estrenarse así como candidata a presidir Andalucía. Yolanda Díaz debe insuflar empuje a Sumar; dividir, resta. Sus dos partidos pierden. La opinión castiga a quienes se pelean.

Abstrayendo aciertos y torpezas de las protagonistas, ambas exhiben motivos técnicos, de política fiscal y cohesión social, de peso. Por tanto, armonizables.

Los socialistas se apoyan, para aupar a los beneficiarios del SMI a sujetos de tributación por vez primera, en que sus nuevos ingresos ya no son de mera supervivencia, tipo Ingreso Mínimo Vital. Alcanzan, tras un aumento del 61% durante el sanchismo, los 16.576 euros anuales. El objetivo prometido: un 60% del salario medio. Y argumentan como aleccionador incorporarles a contribuyentes, ya que la Constitución ordena que “todos” contribuyan al gasto común “de acuerdo con su capacidad económica”… lo que por cierto posibilitaría una gradación, una modulación para el nuevo contribuyente.

Los de Sumar conocían que el alza del 4,4% —los 50 famosos euros mensuales— era bruta, antes de impuestos, pues así lo registró el comité de expertos. Por eso su desalineamiento obedecerá más al proceso decisorio, o a la táctica. La idea de que la obligación debe empezar por los de “arriba” es equívoca. La progresividad exige más de quienes más ganan y tienen; y menos de quienes acopian menos. No empezar antes o después. Los líderes luchan por derechos; y por deberes, aunque incomoden.

Pero la alerta allega un valor. Es eficaz como acicate adicional a la cohesión social. Y, por tanto, útil para elaborar una fórmula intermedia viable y políticamente digerible por sus socios mayores. Como el de periodificar o escalonar el esfuerzo a quienes se estrenen en el (incómodo) honor de pagar impuestos.

Así que hay terreno fértil para deshacer el entuerto: tributar, pero suavizando la frontera entre no pagar y pagar; aunque existen otras variantes para el mismo propósito. El litigio es indeseable. Mimar en exceso (o sea, automáticamente) a los receptores del SMI puede suscitar sentimientos de agravio entre otros colectivos tampoco boyantes (arrastrados gracias a aquellos a un mínimo exento superior).

Y puede validar indirectamente la propuesta conservadora de deflactar el IRPF —acompasar sus tramos al alza de la inflación, rebajándolos—, en teoría sugestiva: pero del todo inadecuada cuando España exhibe aún una presión fiscal inferior en cuatro puntos a la media europea, y ha habido que financiar la pandemia, la crisis energética, el envite ruso y el rescate social.

La negativa ideologista de las derechas a aumentar la tributación a los sectores económicos y segmentos sociales más prósperos, que califican ampulosamente de “impuestazo” o “hachazo fiscal”, ha esterilizado algunos conatos de mayor progresividad. Y la constatación de su parálisis en incrementar el SMI cuando gobernaron —14 euros en el primer mandato Rajoy (2012-2016), por 449 euros bajo Sánchez (desde 2018)— convierte en irrelevantes sus actuales proclamas sociales sobre este asunto.