Sumar sale a la ofensiva con las banderas sociales

Tras meses complejos, lastrados por el caso Errejón y en un Gobierno con dificultades para legislar, Sumar aprieta el acelerador en el arranque de año. La formación que dirige en el Ejecutivo la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, culmina este viernes una semana de objetivos cumplidos, con el pacto para llevar la reducción de jornada el próximo martes al Consejo de Ministros o el acuerdo en la mesa del diálogo social para la subida del salario mínimo en 50 euros. La coalición también dará luz verde en unas semanas a la reforma de la ley de dependencia, ministerio que dirige Sumar. En un intento por movilizar a la izquierda y salir a la ofensiva, la también titular de Trabajo, que ha recorrido platós de televisión y estudios de radio en los últimos días para reivindicar cada una de estas medidas, se ha echado también a la carretera para hablar de conciliación, vivienda y explicar por España los beneficios de la norma estrella de su ministerio: la jornada laboral de 37,5 horas a la semana.

La primera parada de la gira que la llevará por siete comunidades hasta mayo la llevó este jueves en Gijón, donde se rodeó de representantes sindicales y el consejero de Ordenación Territorial y Vivienda del Principado, Ovidio Zapico (IU). “La propuesta de reducción de jornada no es una medida económica y social más, es un proyecto de país que supone la modernización de España. Un avance sin precedentes, por eso tiene tantos adversarios”, advirtió la vicepresidenta antes de reiterar que el Ejecutivo debe actuar para “ganar” a la “internacional del odio”. “La misión del Gobierno y de la gente progresista es ponerse en marcha y decir que hay esperanza”, subrayó a la vez que pedía a los ciudadanos salir a “defender” la ley y también a la coalición. “No da igual quién gobierne”, incidió.

Todo Sumar está volcado en la promoción de esta reforma, que goza de un enorme consenso entre los españoles. Para el socio minoritario, el haber superado la oposición del Ministerio de Economía al lograr que el texto se tramite por el procedimiento de urgencia y respetando el acuerdo con los sindicatos, supone una victoria de gran valor, aunque son conscientes de que su paso por las Cortes será duro porque, a priori, ni el PP ni Junts son favorables al cambio. Conciliar los intereses de la formación catalana —próximos a la posición de la patronal Foment del Trevall— con los de partidos como Podemos, resulta muy complejo, reconocen.

Los datos de la Encuesta de Población Activa publicados el martes, que sitúan el paro por debajo del 11% por primera vez en 16 años, y el pacto para la subida del SMI, han contribuido también a que Sumar haya sacado la cabeza esta semana después de un tiempo desdibujado, con el liderazgo del espacio político en el aire y en un Gobierno condicionado por la ausencia de una mayoría parlamentaria clara. El acuerdo con los independentistas de Carles Puigdemont para aprobar el decreto ómnibus que dejaron caer junto a PP y Vox hace nueve días y que ponía en riesgo la revalorización de las pensiones, la moratoria de los desahucios o las bonificaciones al transporte, ha sido otra buena noticia para Sumar, que ha hecho también suyo el éxito del Ejecutivo.

En medio de este panorama, la estrategia inmediata de los de Díaz pasa por centrarse en defender las medidas logradas y dar la batalla por las nuevas normas sociales, como la renta universal por crianza, que llevó este miércoles a la vicepresidenta a protagonizar un acto público con el ministro Pablo Bustinduy. Sumar lleva tiempo empujando al PSOE a aceptar una prestación de 200 euros al mes por hijo a cargo hasta los 18 años y aunque fuentes del grupo reconocen que es prácticamente imposible lograr el 100% de lo que piden, aspiran a conseguir algún tipo de ayuda en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Mientras eso no llega —las Cuentas tienen difícil, además, obtener el visto bueno de la Cámara baja—, el Ejecutivo sacará adelante próximamente la ley de Dependencia, del departamento de Derechos Sociales, que dirige Bustinduy. El anteproyecto está bastante avanzado y ha pasado ya por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE), que fija la agenda del Consejo de Ministros, pero todavía no hay una fecha exacta para su aprobación.