Gobierno y oposición, un mes para reorientar posiciones

Las explicaciones iniciales ―y en algunos casos durante casi tres días― fueron ajenas al contenido del real decreto ley derrotado el pasado miércoles en el pleno del Congreso. No se sabía muy bien por qué votaron en contra el PP y Junts; acaso Vox fue el más explícito. Una vez que el Gobierno apruebe en el Consejo de Ministros un nuevo decreto ley y, por tanto, sus medidas entren en vigor, habrá un mes hasta que vuelva al Congreso; 30 días en los que los grupos de la oposición deben perfilar sus explicaciones del sí o del no. El Ejecutivo también tendrá que convencer de las razones que le llevan a no trocear las medidas que esperan millones de españoles para que unas no impidan la aprobación de otras.

De la extensión del llamado decreto ómnibus, desarrollado en 140 páginas, se aprovecha Gobierno y, sobre todo, la oposición. El porcentaje de ciudadanos que puedan o quieran dedicar un tiempo importante a leer y subrayar las 80 medidas es muy exiguo, por lo que en este caso es improbable que se cumpla la máxima de que el dato mata al relato. Los partidos lo saben. Al extenso documento la oposición conservadora añade otras medidas que no figuran en el mismo o interpretaciones alejadas de la letra y del espíritu de la norma.

Nadie dice estar en contra de la revalorización de las pensiones, ni de la continuidad de las bonificaciones al transporte, que afecta a 12 y 20 millones de ciudadanos respectivamente. Pero la continuidad de la prohibición de los desahucios en caso de vulnerabilidad no tiene el apoyo del PP. Sobre las entregas a cuenta para las comunidades autónomas nada se escucha, ni tampoco evitar que se corte el suministro de agua y luz a quienes no puedan pagarlo por razones económicas justificadas y probadas.

Cada actor, en el Gobierno, en la oposición, desde el apoyo asegurado como es la izquierda nacionalista, realza las medidas indiscutiblemente apoyadas. El traspaso del palacete parisino al PNV, antigua sede del Gobierno vasco e incautado por la Gestapo, ha sido una reivindicación del nacionalismo vasco a todos los Ejecutivos, con distinto grado de culminación, pero siempre presente en las negociaciones para asegurar la mayoría parlamentaria del PSOE o del PP. Este asunto, con dudas jurídicas sobre la titularidad en algunos documentos, pero tampoco taxativos en su rechazo, ha sido tomado por el PP como ejemplo del porqué de su rechazo al decreto. El cuestionamiento del derecho del Ejecutivo vasco a recuperar el edificio que hoy alberga el Instituto Cervantes en París ―por cuya puerta, en el número 11 de la Avenida Marceau, pasan desde hace decenas de años miles de vascos como gesto de recuerdo a su historia― ha socavado aún más la confianza entre el PP y el PNV.

El Gobierno de Pedro Sánchez se centra en las medidas frustradas que afectan a millones de españoles. A estos es a los que hay que mirar, señalan en la parte socialista. Los socios de izquierda y los sindicatos se han activado extraordinariamente para instar al Ejecutivo a que no deje atrás ni una sola de las medidas que componen el llamado “escudo social”. La expresión nació del primer Gobierno del PSOE con Unidas Podemos, y ambos se atribuyen la denominación para definir las políticas que se impulsaron primero por los efectos demoledores de la covid; después, por la guerra de Ucrania; y, en paralelo, por la inflación. Ni un paso atrás, es la actitud y la posición de los sindicatos de clase y de los socios externos parlamentarios, con excepción de Junts. Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG mantienen el bloque de apoyo.

Movilizaciones

Desde su responsabilidad, tanto CC OO como UGT salieron de inmediato a convocar movilizaciones en toda España para el próximo domingo 2 de febrero. “A la calle contra el asalto a los bolsillos de la gente”, se lee en la llamada conjunta de los dos sindicatos, con la figura de uno de los leones del Congreso. La demanda se dirige a todos los grupos parlamentarios. En el cartel se exhorta a acudir a la manifestación a quienes se sientan concernidos por el precio del transporte público, por el salario y el ingreso mínimo, por la pensión, ante el riesgo de desahucio, problemas para pagar los suministros básicos y a los afectados por la dana.

Hay muchos más asuntos en las 140 páginas sobre los que todos los grupos serán juzgados. El Gobierno, en primer lugar. Esta es la convicción que expresan interlocutores de Sumar, del resto de los socios de la izquierda y de las centrales sindicales, por mucho que quienes lo hayan impedido sean Junts, PP y Vox. Un nuevo real decreto ley aprobado en el Consejo de Ministros llevará aparejada su entrada en vigor y que, por ejemplo, la subida de las pensiones de enero se repita en febrero. Después, comenzará la cuenta atrás de los 30 días de negociación para su convalidación en el Congreso.

Aun así, las negociaciones con Junts, antes de llevarlo al Consejo de Ministros, están en curso. A diferencia de otros pulsos del partido de Carles Puigdemont, su rechazo a estas propuestas sí afectan a millones de catalanes, por lo que tendrá que medir hasta donde llega su presión, expresan interlocutores socialistas. En el partido de Sánchez no omiten que, junto al perjuicio a los ciudadanos, se medirá su capacidad de gobernar.