La investigación de la Operación Cataluña en el Congreso se atasca en otro mando policial señalado

Nueva sesión de la comisión de investigación de la Operación Cataluña en el Congreso y nueva jornada sin avances. Y ello pese de que uno de los comparecientes era el comisario jubilado José Luis Olivera, que había sido señalado por otros mandos policiales como supuestamente implicado en aquel operativo orquestado desde el Ministerio del Interior cuando gobernaba el PP para construir acusaciones, a menudo basadas en falsedades, contra dirigentes independentistas catalanes. El comisario Olivera ―que estuvo al frente de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional entre 2006 y 2012― ha negado la existencia del operativo en una docena de ocasiones y ha tildado que se hable de ella como “eslogan periodístico”. El mando policial ha recalcado que sus únicas participaciones en operativos en esta comunidad autónoma han estado relacionadas siempre con investigaciones judicializadas, como el llamado caso Palau, que destapó el cobro de comisiones ilegales para financiar a la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

Las respuestas evasivas del comisario Olivera sobre su participación en la llamada Operación Cataluña coinciden con las que dieron el pasado octubre otros dos de los comparecientes que han acudido al Congreso, señalados también como presuntos participantes en este operativo. Como él ahora, el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, mano derecha del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, y el exjefe de la Policía, el comisario Eugenio Pino, considerado muñidor de la llamada brigada patriótica, se limitaron entonces a afirmar que “no existió” una trama parapolicial para perseguir a personas en Cataluña por razones ideológicas o políticas.

Cuando varios diputados le han recordado al comisario Olivera que en varias de las grabaciones hechas por el también alto mando José Manuel Villarejo se le escucha asegurando que había participado junto a este en la gestación de la misma, el policía ha restado valor a esos comentarios, que tildó de “comentarios de bar” y los atribuyó a “la vanidad” de los agentes que les hace a veces atribuirse actuaciones que no han hecho. El comisario Olivera ―que ya había comparecido anteriormente en otras comisiones de investigación parlamentarias sobre las actividades de la llamada brigada patriótica, entre ellas el caso Kitchen por el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas por lo que deberá sentarse en el banquillo de los acusados― señaló en un primer momento que esas grabaciones podían estar “manipuladas” y que, en todo caso, no se “reconocía” en la voz que le atribuían. Posteriormente, ha optado por asegurar que no recordaba esos encuentros y, en todo caso, ha restado valor a lo que hubiera podido decir en ellas por el contexto en el que se habían producido, que describió como “comidas distendidas” en las que se bebía alcohol y en las que los asistentes fanfarroneaban: “Uno decía: ‘Yo he metido cinco goles’, y yo, ocho”.

El alto mando ha atribuido a supuestas rencillas personales que otro mando policial que ha comparecido antes que él, el también comisario Marcelino Martín Blas, que fuera jefe de la Unidad de Asuntos Internos, le haya acusado en la comisión de participar en el operativo parapolicial contra el independentismo catalán. Olivera ha vinculado a su compañero con el PP y afirmado que con aquella afirmación lo único que pretende es “fastidiarle” como, ha asegurado, ya había hecho en el pasado. Preguntado sobre el llamado Informe Pisa ―un documento apócrifo difundido en 2016 en el que se imputaba una falsa financiación irregular a Podemos menos de un mes después de que la formación consiguiera 69 diputados―, el comisario Olivera ha afirmado que no intervino en su elaboración. “No he leído ni he participado en él y creo que se confeccionó después de que yo saliera de la UDEF”, se ha escudado.

Otro miembro de la UDEF

Antes del comisario Olivera había comparecido otro antiguo miembro de la UDEF. En este caso, un inspector de la Policía Nacional que fue enviado a Andorra a recoger documentación sobre los titulares de cuentas en el Banco de Madrid, entidad dependiente de la Banda Privada de Andorra (BPA) donde tenía sus cuentas la familia de Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat. El agente, que se ha identificado en todo momento por su número profesional por cuestiones de seguridad, ha asegurado que su labor en aquel caso fue, únicamente, la de recoger la información en una bolsa roja cerrada en los juzgados del Principado y trasladarla a la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, y que no buscó en ella información sobre otros dirigentes independentistas. Su citación se había producido después de que varios de los que había comparecido antes se hubieran referido a él como firmante de varios informes que vinculaban a la Operación Cataluña. Él ha negado la autoría de ellos y se ha mostrado sorprendido en que se le vinculase con ellos.

El policía si ha admitido que en octubre de 2014 sus jefes le asignaron investigar la supuesta existencia de una cuenta en el extranjero del que fuera alcalde de Barcelona, Xavier Trías, de CiU ―uno de los episodios atribuidos a la Operación Cataluña― después de que llegase de la Dirección Adjunta de la Operativa (DAO, entonces dirigida por el comisario Pino) una nota para que se hiciera. El agente ha asegurado que le sorprendió que se publicara la información que contenía aquella nota en un periódico casi a la vez de que le hacían el encargo de iniciar las pesquisas. Días después se confirmó que la cuenta nunca había existido y la Fiscalía Anticorrupción archivó la investigación iniciada tras presentar la policía un informe sobre la misma.