De la moratoria al uso de los purines como biometano: Castilla-La Mancha levanta la suspensión a las macrogranjas

Ni una moratoria fake ni una norma para mejorar la gestión de los purines generados por las macrogranjas de porcino. Las plataformas vecinales y organizaciones ecologistas que se oponen a la ganadería industrial rechazan las nuevas medidas del Gobierno de Castilla-La Mancha, en vigor desde este año, para regular una actividad que supone el 18% del Producto Interior Bruto regional, con una facturación anual de casi 1.000 millones de euros y el 7,6% de la producción nacional. El pasado 31 de diciembre finalizó la moratoria que el Ejecutivo del socialista Emiliano García-Page aprobó tres años antes para frenar la ampliación o instalación de nuevas macrogranjas en esta región y que unos días después motivó la primera protesta de estos colectivos frente al Palacio de Fuensalida en Toledo, sede del Gobierno regional. Si la suspensión ya fue calificada en su momento por estas plataformas como un “coladero”, la nueva normativa tampoco ha servido para calmar los ánimos en los municipios de Castilla-La Mancha que conviven con este modelo de ganadería industrial.

“Estamos criando para exportar a países enormes y no para comer, mientras nosotros nos quedamos con la mierda”, resume Mila Herreros, vecina de Cardenete (Cuenca), localidad de 350 habitantes, situada en la Reserva de la Biosfera del Cabriel, que desde 2018 cuenta con una explotación ganadera de casi 7.000 mil plazas para cerdos de engorde y una balsa de purines para cinco millones de litros. En su término municipal, a apenas un kilómetro de su casco urbano, se ubica una de las 266 explotaciones porcinas de más de 2.500 cabezas registradas en Castilla-La Mancha en 2022, la mayoría en zonas en riesgo de despoblación. Sumando las de Yémeda, otro municipio cercano de apenas 22 habitantes, sus vecinos viven rodeados por tres macrogranjas que suman casi 15.000 plazas para cerdos de engorde. El polígono de Cardenete se reconvirtió en uno ganadero para dar cabida a una instalación enmarcada en el llamado modelo de integración porcina, que ahorra costes al ganadero -que aporta el recinto y el personal- y a la empresa que proporciona los animales al garantizarle un mayor suministro.

Herrero relata las molestias por los olores y el peligro de contaminación por los purines y recuerda como una antigua explotación porcina, ya desaparecida, disparó los niveles de nitratos en una de las fuentes del pueblo. Con la polémica generada estos años, estas instalaciones, apunta, “cuidan más” la forma en la que se desprenden de estos residuos: “Antes los vertían como abono en el campo, encharcando. Les daba lo mismo. Ahora los lugares donde los vierten, normalmente por la noche, no son de acceso fácil”. Las plataformas desmienten además que estas instalaciones ayuden a crear empleo en estas zonas, al tratarse de procesos mecanizados, y apuntan a su impacto en otros sectores: “El polígono en el que se ubica cuenta aún con parcelas vacías y ya ha habido quejas de turistas por el olor que la instalación desprende en verano. “Yo no pasaría un fin de semana en un lugar donde huela a gorrino. Se habla mucho de la España vaciada pero ¿cómo va a ir la gente a un lugar donde apeste?, se pregunta Paciencia Talaya.

Talaya es coportavoz de Stop Ganadería Industrial en Castilla-La Mancha y vecina de Quintanar del Rey (Cuenca), donde sus vecinos tratan de evitar la construcción de una macrogranja de 2.200 madres a apenas 300 metros del pozo de agua que abastece la localidad. Como Herreros, asegura que la moratoria aprobada en 2022 fue un “coladero” al facilitar a las empresas promotoras fragmentar los proyectos para que ninguno de ellos superara las 2.500 cabezas, permitiendo así su tramitación como evaluación de impacto ambiental simplificada agilizando plazos y trámites. Desde esta plataforma creen que lejos de poner coto a este modelo de ganadería, el decreto aprobado lo agravará al reactivar los 61 proyectos paralizados en este tiempo y abrir la puerta a la implantación de decenas de plantas de biometano. “Estamos acostumbrados a escuchar que tenemos derecho a respirar un aire limpio y a beber un agua limpia, algo que si se cumplen estos proyectos no podremos tener”, dice.

En 2022, un informe de Greenpeace señalaba que el 63 por ciento de las aguas subterráneas de Castilla-La Mancha estaban contaminadas por nitratos. El Gobierno regional defiende haber aprobado una norma que conjuga la producción ganadera con la protección del medio ambiente. Desde la Consejería de Desarrollo Sostenible, encargada de elaborar el decreto, exponen las bondades de la nueva regulación. Una de ellas, que ya estaba en vigor, establece en dos kilómetros la distancia mínima a la que deben situarse estas macrogranjas. La otra, más novedosa, impone condiciones a la gestión de los purines y prohíbe su vertido directo al suelo sin un tratamiento previo, obligando a estas explotaciones a adoptar alguna de las técnicas recogidas en el decreto para transformar los purines en biometano y reducir la contaminación. “Siempre estaremos vigilantes para que se observe el estricto y escrupuloso cumplimiento de la normativa que hemos aprobado”, apuntan a EL PAÍS fuentes de la Consejería.

Temor a un posible “efecto llamada”

Las plataformas creen que la norma provocará un “efecto llamada” y niegan que las plantas de biometano sean tan inocuas como se pretende hacer ver: “Se trata de instalaciones tremendamente complejas donde se desarrollan procesos biológicos igualmente complejos y donde intervienen variables difíciles de prever y controlar, como los posibles escapes, olores o malas prácticas”, señala Toni Jorge, portavoz de Pueblos Vivos Cuenca. Desde esta asociación critican que el plan de biometanización no ponga límites al tamaño de estos proyectos y sólo establezca la distancia mínima a la que deben situarse sin hablar de la orientación de los vientos o la orografía. Jorge asegura que la norma aprobada seguirá permitiendo el vertido directo de purines en las casi 790 explotaciones que al no alcanzar las 2.500 cabezas no tendrán que pasar por una autorización ambiental integrada. Las medidas aprobadas, esgrime, “perpetúan un modelo ganadero insostenible y dañino”.

Los colectivos acusan al Ejecutivo de García-Page de hacer un decreto de estiércoles “a medida del sector cárnico” al conceder una moratoria de diez años para que las explotaciones de porcino intensivas se adapten a la nueva normativa. “Por lo visto ya no basta con ser la primera potencia europea, debemos ser la primera mundial”, lamenta Jorge. La Consejería de Desarrollo Sostenible defiende, por el contrario, que el sector aún tiene margen de crecimiento si se compara con otras comunidades autónomas y recuerda que los 61 proyectos suspendidos por la moratoria “deberán adaptarse a los nuevos requisitos ambientales recogidos en el decreto” si desean continuar con la tramitación. Según el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el número de macrogranjas porcinas en Castilla-La Mancha a finales de 2024 era de 1.065, con una tasa de 23,14 cerdos por kilómetro cuadrado, lejos de los 251,01 de Cataluña o los 201,45 de Aragón.

Las críticas también llegan, sin embargo, desde el sector. Miguel Ángel Higuera, director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (ANPROGAPOR), que representa al 80 por ciento de la producción porcina de España, considera que la legislación vigente ya era “absolutamente garantista”, por lo que el decreto aprobado no está justificado y pone en riesgo la viabilidad del sector. A una moratoria que “frenó la mejora e innovación del sector restando competitividad a los ganaderos castellano-manchegos”, explica, se suma el incremento de los costes de producción por la adquisición de unos equipos “innecesarios” para el tratamiento de unos purines que, dice, ya son orgánicos. Higuera achaca la contaminación por nitratos en Castilla-La Mancha a la sobrefertilización mineral y carga contra la nueva regulación: “La opción de tratamiento a través de plantas de biogás es una utopía que no se verá materializada porque el plan de metanización es inviable”, concluye.