Los movimientos ecologistas fortalecen la democracia y ayudan a mitigar los peores impactos del crecimiento económico

En España las movilizaciones ecologistas consiguen parar o suspender tres de cada diez de los proyectos a los que se oponen. A pesar de la fuerza de administraciones públicas y grandes empresas, a todos nos vendrán a la cabeza logros históricos contra la construcción del Hotel El Algarrobico en el Cabo de Gata, o más recientes cómo la paralización de la ampliación del Aeropuerto del Prat en Barcelona. Estos datos los hemos obtenido a partir de la documentación de 113 conflictos ambientales en España dentro del proyecto del Atlas Global de Justícia Ambiental del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB). A través de la experiencia acumulada documentando más de 4.100 proyectos conflictivos alrededor del mundo junto con centenares de personas voluntarias, hemos constatado que la intensificación persistente del consumo de materiales y energía es el principal desencadenante de conflictos ambientales.

En este sentido, los conflictos ambientales son un reflejo de la economía del país y nos ayudan a entender cuáles son las incoherencias y los límites socioambientales de nuestro modelo económico. En el caso español, los conflictos ambientales reflejan que las tensiones socioambientales más importantes coinciden con los sectores dominantes en nuestra economía: el turismo, la ganadería industrial y el sector energético.

Empezamos por el turismo: en los últimos diez años los visitantes internacionales han aumentado un 40% hasta los 85 millones anuales mientras las plazas hoteleras sólo han aumentado un 8%. El incremento de la demanda turística se absorbe básicamente en apartamentos turísticos, que han encarecido el alquiler, y han generado una importante respuesta social. Primero en Canarias con la manifestación que clamaba “Canarias tiene un límite”, después en Baleares, con el gobierno del Partido Popular y Vox admitiendo que “Baleares ha llegado a su límite”. Les han seguido estas semanas las protestas de Málaga, Cádiz, Barcelona, Girona, Alicante, Mallorca y Cantabria. El mensaje es el mismo en todos los sitios: se tienen que poner límites al turismo para garantizar el acceso a la vivienda a las clases arrendadoras.

Además, los límites del turismo también afloran a través de la oposición ecologista a la ampliación de puertos y aeropuertos en Barcelona, Madrid, Palma, o Valencia entre otras ciudades. El sector turístico también se ve relacionado con un incremento del consumo material y energético, y la deposición de residuos. Recientemente, un estudio ha determinado que el turismo es responsable del 80% de los residuos que se encuentran en las playas de las islas mediterráneas en verano. Esto conduce a una alianza entre dos grandes movimientos sociales españoles: el del derecho a la vivienda y el movimiento ecologista, que comparten sus demandas y acciones políticas para reducir el impacto social y ambiental del turismo.

Los problemas de las macrogranjas

Otro gran puntal de la economía es el sector primario. Entre 2012 y 2022 el número de macrogranjas se ha multiplicado por 135% hasta las 3.618 explotaciones. Aunque pueda pasar desapercibido en las ciudades, es un problema extendido por todo el territorio. La plataforma estatal Stop Ganadería Industrial agrupa las comunidades de centenares de pueblos que sufren los impactos en forma de contaminación del agua y el aire, que perjudican la salud de los ecosistemas y las comunidades locales. En este movimiento convergen organizaciones y demandas ecologistas, con campañas por el bienestar animal, por los derechos de los agricultores y en contra de la despoblación.

Finalmente, hablamos del sector energético. Para prevenir los peores impactos climáticos debemos desmantelar las infraestructuras fósiles a marchas forzadas. Nuestra investigación demuestra que los movimientos organizados contribuyen a mitigar el cambio climático a escala mundial, consiguiendo parar centenares de proyectos perjudiciales para el clima. En España tenemos los precedentes recientes de las victorias ecologistas contra el gasoducto Midcat, la refinería de Balboa, y el fracking. Las luchas siguen contra las regasificadoras de GNL y los gasoductos que continúan importando gas y exportando los impactos ambientales de nuestro consumo energético a otros países.

En la transición energética las renovables son nuestras grandes aliadas, pero solo cuando consiguen desplazar el consumo de combustibles fósiles. En la última década, la instalación de renovables ha retirado las centrales de carbón y ha reducido las emisiones de nuestro mix eléctrico significativamente. Sin embargo, en lo que llevamos de 2024 la generación con combustibles fósiles se concentra en picos de consumo y solo representa un 19% del mix (1% carbón). Con estos datos, las plataformas locales por la salvaguarda del paisaje frente a macroparques de renovables y redes nacionales como Ecologistas en Acción o Greenpeace cuestionan para qué y para quién será la electricidad producida y quién se va a llevar los beneficios.

Algunos actores políticos, entre ellos la extrema derecha, siguen intentando instaurar una falsa tensión entre los movimientos climáticos y los movimientos contra las macrorrenovables para justificar las centrales térmicas y nucleares. Nada más lejos de la realidad: el movimiento ecologista está unido por las reclamaciones de una reducción en el consumo de energía, sobre todo de los grandes consumidores, y una transición justa que permita acabar con los combustibles fósiles y adoptar un modelo de renovables distribuidas que repercutan positivamente en las comunidades.

Este debate nos sitúa ante el gran reto de la descarbonización: la mayoría del petróleo y gas no se consumen para la producción de electricidad, sino en el transporte, la climatización y la industria. La descarbonización pasa por la electrificación, la gran transformación energética que lo va a cambiar todo: producción, distribución y consumo.

Conflictos futuros

Esto nos apunta la dirección de los conflictos ambientales que vendrán, y que ya empiezan a emerger. La electrificación, igual que las renovables, requiere minerales críticos. Hasta ahora estos se han extraído de terceros países provocando campañas en contra de la externalización de impactos ambientales. Sin embargo, con la justificación de garantizar el suministro doméstico ya se están anunciando la apertura de minas a lo largo del territorio español, especialmente en las periferias económicas del país (Galicia, Andalucía, Murcia, y Extremadura). Pero las actividades mineras tienen grandes impactos ambientales, y los vecinos de las localidades donde se proponen estas minas están ofreciendo resistencia.

Se está aglutinando una plataforma nacional de estos movimientos locales para hacer frente a las narrativas que imponen la necesidad de minar más sin cuestionarse quién se va a beneficiar de la explotación y de si necesitamos tal cantidad de materiales para seguir manteniendo nuestros consumos de energía. En muchos de los pueblos que acogen minas o renovables sienten que la transición energética les sacrifica para el beneficio de otros por la falta de información y escucha a las comunidades afectadas. Este descontento se suma al agravio histórico de la España Vaciada por la falta de servicios públicos y oportunidades económicas sostenibles.

El estudio de los conflictos ambientales demuestra que las reclamaciones ecológicas son la pieza central de una red de movimientos sociales que se extiende por todo el territorio. Lo son precisamente porque responden y ponen de manifiesto las tensiones de nuestro modelo socioeconómico basado en un crecimiento insostenible del consumo de recursos que choca contra límites ambientales y sociales. Así, los movimientos socioambientales son una pieza fundamental de nuestra sociedad que fortalece la toma de decisiones democráticas y contribuye a mitigar los peores impactos del crecimiento económico sobre las personas, los ecosistemas y el clima. Según documenta la plataforma Defender a quien Defiende, en España el ecologismo es el movimiento más criminalizado. Cuánto nos equivocamos, deberíamos reconocer su importante contribución a la sociedad.

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