IU reconoce que los Presupuestos condicionan la “pervivencia” del Gobierno

En un contexto de máxima incertidumbre, con el Gobierno tratando de ganar tiempo para evitar la ruptura definitiva con Junts en el Congreso, Izquierda Unida reconoce que la aprobación de unos Presupuestos “sociales” condicionará la subsistencia de la coalición. El líder de la formación, Antonio Maíllo, subraya en el borrador del informe político que la dirección somete a debate este sábado que estas Cuentas marcarán la “mayor o menor debilidad” del Ejecutivo ante el que anticipa ya como “un fin de legislatura complejo”. El coordinador federal de IU llama a “no dar por hecho” que lo que vendrá tras las próximas elecciones será un Gobierno “reaccionario” y coloca entre los retos legislativos prioritarios la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para la acogida de menores migrantes y la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Precisamente este viernes, Sumar reúne a ministros y portavoces del espacio en un acto de unidad para reivindicar esta medida y empujar al PSOE a aprobarla cuanto antes en el Consejo de Ministros.

El documento al que ha tenido acceso EL PAÍS advierte de que la iniciativa impulsada desde Trabajo y bandera electoral de la vicepresidenta Yolanda Díaz “se enfrenta a obstáculos tanto desde el ámbito empresarial como desde sectores más conservadores del Gobierno”, una referencia clara tanto a la patronal como al Ministerio de Economía. En la última semana, Díaz y el titular de esta cartera, Carlos Cuerpo, han reconducido el enfrentamiento que mantenían ya de manera abierta desde diciembre, y está previsto que la medida llegue a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE), organismo que estudia la agenda del Consejo, el próximo 27 de enero, poco más de un mes después de la firma del pacto con los sindicatos. En su informe, Maíllo señala también que la falta de una “estructura adecuada para acompañar la transición” hacia las 37,5 horas, así como la creación de “mecanismos de control y evaluación”, y la “resistencia” de sectores que “temen” el impacto económico de su puesta en marcha, “complican” la materialización de la iniciativa.

El cierre de filas en torno a este asunto es absoluto entre los partidos de Sumar, que coinciden en que una medida de este calado después de cuatro décadas con la jornada laboral congelada en 40 horas, puede servir de revulsivo y ayudar al Gobierno en un momento de cierta parálisis parlamentaria y más, con los Presupuestos en el aire.

En este punto centra también una parte de su informe el máximo responsable de IU. Maíllo afirma que se trata de una negociación “crucial para la viabilidad” de muchas de las políticas que promueven y liga su consecución al futuro del Gobierno. “Sacar adelante unos Presupuestos sociales es indispensable para acometer las mejoras en las condiciones de vida de la clase trabajadora que IU impulsa y que condiciona la pervivencia del Gobierno y, por tanto, condición sine qua non para afrontar con mayor o menor debilidad un complejo fin de legislatura”, reza el escrito.

Después de meses con las infraestructuras de las islas Canarias colapsadas, el dirigente califica de “exigencia de primer nivel” la reforma para hacer obligatorio el reparto de menores migrantes por parte de las comunidades autónomas y reclama que el Ministerio de Juventud e Infancia, que dirige su propio partido con Sira Rego, “lidere” ese debate.

Tras haber lanzado en noviembre la Convocatoria por la Democracia —un proceso de escucha y participación ciudadana y social— y con gobiernos virando a la derecha por todo el mundo, Maíllo llama a “estar a la altura” y no “darse por vencidos en la disputa cultural e ideológica”. Es decir, a no asumir como “irreversible” la llegada del PP y de Vox al Gobierno de España y “no dar por hecho” que habrá un Ejecutivo “reaccionario que destruirá las conquistas adquiridas y derechos que damos por supuestos”, afirma.

“Lo contrario, la resignación, los brazos cruzados, la tentación de pensar en sobrevivir por una suerte de ‘cuanto peor mejor’, ha demostrado que solo sirve para retroceder decenios en derechos que luego deberán recuperarse como objetivos electorales”, prosigue en un mensaje que puede interpretarse como un dardo a Podemos, antiguo socio de coalición que ha ido intensificando la presión al Gobierno estos meses.