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A Baleares también llegan pateras: la Ibiza de los extranjeros pobres pide ayuda desesperada

La entrada sin precedentes de migrantes desde Argelia agrava la crisis social en la isla del lujo y el desenfreno por la falta de recursos para atenderlos

Pateras amontonadas en el puerto de Ibiza a principios de diciembre, con Dalt Vila (parte alta del casco histórico) al fondo.
Pateras amontonadas en el puerto de Ibiza a principios de diciembre, con Dalt Vila (parte alta del casco histórico) al fondo.Marcelo Sastre
Sonia Vizoso

Cuando el frío llega, emerge la Ibiza sumergida, liberada de la avalancha de extranjeros bronceados que visten de blanco nuclear y exprimen sus tarjetas de crédito. Foráneos son el 75% de los turistas que arriban a la isla en busca de sol, fiesta y desenfreno, y el 100% de quienes, cada vez más, recalan en ella huyendo de la pobreza, la violencia y la guerra. Estos últimos, los que llegan en patera y no en yate o crucero, se han triplicado en solo un año, según datos aportados por Cruz Roja. Tras una dura singladura desde Argelia, desembarcan también, y sobre todo, en la costa de Formentera.

Ninguna de las dos islas Pitiusas tiene sus servicios públicos preparados para asistir a estas personas tan necesitadas. Es otra vuelta de tuerca a la crisis social que desgarra desde hace años esta isla en la que conviven las mansiones de ricos y famosos con poblados chabolistas de trabajadores que no pueden pagarse una vivienda.

El primer día de 2025 arribaron en patera a las Pitiusas 73 personas. Es la señal de que la tendencia de 2024 no va a cambiar. Las llegadas a Baleares se dispararon el año pasado más de un 200%. La mayoría de los migrantes de la ruta de Argelia desembarcan en Ibiza y Formentera. Hasta octubre, según cifras policiales, alcanzaron estas dos islas unas 120 embarcaciones con 2.200 inmigrantes a bordo (700 a Ibiza y 1.500 a Formentera). Triplican los datos de 2023 y la mayoría son ciudadanos argelinos, aunque también hay cada vez más subsaharianos, explica Juanan Torres, coordinador del equipo de Primera Respuesta de Emergencia para Población Inmigrante (Prepi) de Cruz Roja en Ibiza, el primer dispositivo que les proporciona atención sanitaria, comida, productos de higiene o mantas. “Es una barbaridad”, admite Torres sobre el aumento. Desde que en 2017 empezaron a arribar las primeras pateras a las Pitiusas y en 2020 se constituyó el equipo humanitario que él dirige, los cuatro técnicos y los voluntarios que se reparten las guardias estaban acostumbrados a salidas puntuales y con parones. Ahora no solo no hay un mes sin llegadas sino que se producen muchas en poco tiempo, lo que provoca un “problema de desgaste físico y mental” en quienes los asisten desde Cruz Roja.

Juanan Torres, coordinador del equipo de Primera Respuesta de Emergencia para Población Inmigrante (Prepi), en la sede de Cruz Roja en Ibiza.
Juanan Torres, coordinador del equipo de Primera Respuesta de Emergencia para Población Inmigrante (Prepi), en la sede de Cruz Roja en Ibiza. Marcelo Sastre

Las fuerzas de seguridad y los equipos de salvamento marítimo están tensionados en las Pitiusas, pero hay otro servicio público muy delicado que está a punto de colapsar, alertan las autoridades insulares: la atención a los menores. El único centro para ellos está en Ibiza y dispone de solo 90 plazas. En un día han ingresado hasta 15 niños recién desembarcados de un viaje traumático por el Mediterráneo que dura entre 7 y 14 horas. “No tenemos personal suficiente y empezamos a sufrir problemas de espacio. A este ritmo, el servicio puede llegar a ser insostenible tanto económica como humanamente”, advierte un portavoz del Consell de Eivissa. Este dispositivo que tanta “sensibilidad” requiere, añade esta fuente oficial de la institución gobernada por el PP, está ahora mismo “más pendiente de la logística y de adaptarse a las llegadas [de pateras] que de los chicos, que son lo importante”.

La falta de medios es tal que Formentera, que recibe el 50% de la presión migratoria de Baleares pero cuenta con solo el 1% de la población del archipiélago, acaba de aprobar la devolución de la competencia de tutela de menores extranjeros no acompañados al Gobierno balear. Alega incapacidad presupuestaria para hacerle frente. A 1 de enero de 2024, la Administración autonómica se hacía cargo de una decena de niños inmigrantes; 12 meses después debe cuidar de un centenar de críos. Una portavoz del Consell de Formentera explica que sus proyecciones apuntan a que necesitarán cada año unos 8,5 millones de euros para financiar esta labor, es decir, entre un 15% y un 20% de su presupuesto anual. “Esta situación ahoga la economía de la isla”, lamentan las autoridades insulares, que piden “ayuda urgente” al Estado y dicen sentirse desamparados. Estos menores, inciden, “no son sólo números”, merecen “un trato digno” y educación: “No se trata de pasárselos de un sitio a otro”.

En septiembre pasado, aún en temporada alta de extranjeros pudientes, llegó a Ibiza un viejo pesquero argelino con 105 migrantes. Es el mayor aluvión hasta ahora. La isla carece de un centro de acogida temporal para darles un techo, por lo que los ciudadanos más vulnerables (mujeres embarazadas, niños o personas procedentes de países en guerra, por ejemplo) tienen que ser enviados en el menor tiempo posible a Palma primero, y luego derivados a algún alojamiento más estable en la Península. Ese trabajo lo realiza otro equipo de Cruz Roja y tampoco es fácil. Incluye encontrar plaza en un centro de otro punto de España y también un billete para salir de la isla, aunque sea en plena temporada de avalancha de viajeros de ocio y siempre a contrarreloj, para que los afectados no se queden en la calle.

Pateras apiladas en el puerto de Ibiza.
Pateras apiladas en el puerto de Ibiza.Marcelo Sastre

Los extranjeros que viajan en patera a Ibiza están deseando escapar. Los que no son calificados por el Ministerio de Interior como especialmente vulnerables -y a los que, por tanto, no se les asigna alojamiento público- vagan por sus calles hasta que encuentran la oportunidad de subirse a un ferri. “Aquí están aislados y es muy complicado quedarse”, explica Torres, de Cruz Roja, sobre un territorio con la carestía de la vida y la vivienda desbocada. En verano, los migrantes desembarcan quemados por el sol o por el combustible que portan a bordo; en invierno, como poco, ateridos de frío. La organización humanitaria les presta una atención sanitaria de urgencia y, si es preciso, los deriva al único hospital público de la isla. Para afrontar el aumento de trabajo en las Pitiusas, Cruz Roja ha reforzado la captación de voluntarios.

Esta ruta migratoria entre Ibiza y Argelia ha sido de ida y vuelta a lo largo de la historia. Hace casi cien años, en la década de los años treinta del siglo pasado, eran los ibicencos los que escapaban al país africano en busca de un futuro mejor. Las hipótesis que explican por qué las Pitiusas se han vuelto ahora una vía prioritaria para llegar a Europa son varias. En Cruz Roja lo atribuyen a que se percibe como un trayecto “corto y seguro”, aunque se calcula que son cientos los migrantes que han muerto durante la travesía. Fuentes policiales, sin embargo, defienden que la razón es otra. Aseguran que las mafias que trafican con los migrantes saben que es más fácil entrar por Ibiza y Formentera por la falta de personal y medios que sufren las fuerzas de seguridad.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) lleva meses quejándose de las condiciones en las que trabajan los agentes en las Pitiusas. Reclama un centro de acogida temporal en Ibiza, porque ahora los inmigrantes son atendidos bajo una carpa de la empresa naviera Baleària instalada en el puerto “que no cuenta con ninguna medida de seguridad ni para los policías ni para las personas que llegan”, lamenta Manuel Pavón, portavoz de la central en Baleares. “Es sangrante lo que está pasando. Estamos desbordados”, lamenta el representante sindical.

En el muelle ibicenco, frente a la icónica estampa de Dalt Vila, la parte alta del centro histórico, se alza un cementerio de pateras. Una treintena de precarias embarcaciones se amontonaban a principios de diciembre, marcadas por la Guardia Civil y Salvamento Marítimo con la fecha de incautación. En Formentera, el Consell ha tenido que contratar de forma urgente a una empresa para retirar las lanchas que se han ido acumulando este año en su litoral. Sus responsables se han llegado a plantear sacar el servicio a licitación el año que vienen porque prevén que la cifra de llegadas siga creciendo. Contra el criterio de Interior, defienden que la de las Pitiusas es “una ruta de entrada a Europa totalmente consolidada”.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado recientemente en el Senado que Baleares sea una vía migratoria “consolidada”. “Estoy de acuerdo con él: no es una vía consolidada, es una autopista. Nos sorprende que niegue lo evidente”, responde el policía Pavón. A preguntas de este periódico sobre si atenderá las alertas de las autoridades de las Pitiusas sobre el desbordamiento de los servicios que atienden a las personas que llegan en patera, el ministerio se limita a señalar que en los últimos seis años ha incorporado 400 nuevos agentes de policía y Guardia Civil a las Baleares, lo que “ha permitido recuperar la pérdida de personal sufrido en las legislaciones anteriores a 2018 y ofrecer una respuesta más eficaz a la cuestión migratoria”.

Vicent Torres, vicepresidente de la Plataforma Sociosanitaria de las Pitiusas, en la sede de la organización.
Vicent Torres, vicepresidente de la Plataforma Sociosanitaria de las Pitiusas, en la sede de la organización.Marcelo Sastre


El otro “efecto llamada”

Una pintada se mofaba hace años de la imagen de la isla que explotan los empresarios del turismo y el ocio. “Feliz falsedad”, se leía en aquel muro. Hoy, en la meca del lujo y el desenfreno que es Ibiza, los turistas son atendidos muchas veces por chabolistas. Sin agua corriente ni luz, centenares de empleados del sector se asean a diario con un barreño para ir al trabajo y seguir alimentando el negocio. Muchos son extranjeros y habitan coches, caravanas e infraviviendas en varios poblados dispersos por la isla. La carestía de la vivienda también ha multiplicado el número de familias que sobreviven hacinadas en pisos compartidos con desconocidos. A las instituciones y entidades sociosanitarias ibicencas les preocupan mucho las consecuencias que este tipo de vida está teniendo y tendrá en la salud física y mental de esos vecinos e, incluso, en el desarrollo psicomotriz de los más pequeños.

Coinciden en esa inquietud los responsables de la Plataforma Sociosanitaria de las Pitiusas, que agrupa a una quincena de asociaciones que atienden a ciudadanos en riesgo de exclusión. Asisten a personas inmigrantes, con discapacidades, con problemas de adicción a las drogas, con enfermedades mentales o crónicas… Uno de sus directivos, Enric Casanova, culpa de la “polarización social” que sufre Ibiza al “efecto llamada”. Y no se refiere a la inmigración irregular. Él habla de los turistas y de un modelo de negocio que riega de dinero a pocas empresas de dentro y a muchas de fuera. Explica que esa forma de explotar la riqueza de la isla genera “saturación” y precisa de mucha mano de obra “barata y poco cualificada” que llega de fuera, sin papeles, sin acceso a servicios básicos y muchas veces cobrando en negro. “Estamos importando mano de obra y exportando beneficios”, lamenta.

Para colmo, los servicios públicos en Ibiza están escasos de personal porque no es un destino deseable para los funcionarios. “Un funcionario cobra lo mismo aquí que en Cuenca, pero cómprate un piso aquí o en Cuenca, o vete al supermercado aquí o en Cuenca”, apunta el vicepresidente de Plataforma Sociosanitaria, Vicent Torres. Para él, “esta es la Ibiza sumergida que nadie ve ni quiere ver”. “No es la sumergida”, tercia Casanova. “Es la real. La otra es de cartón piedra”.

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Sobre la firma

Sonia Vizoso
Redactora de EL PAÍS en Galicia. Es licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago. Lleva 25 años ejerciendo el oficio en la prensa escrita y ha formado parte de las redacciones de los periódicos Faro de Vigo, La Voz de Galicia y La Opinión de A Coruña, entre otros. En 2006 se incorporó a El País Galicia.
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