El pacto migratorio se enquista: la conferencia de presidentes tampoco desbloquea el acuerdo
Canarias y País Vasco plantean un reparto extraordinario de menores migrantes mientras se sigue negociando la ley de extranjería. Andalucía también se declara al límite

La Conferencia de Presidentes concluyó tal y como comenzó: sin un atisbo de acuerdo para abordar la cuestión migratoria, concretamente la situación de los menores extranjeros no acompañados que siguen hacinados en Canarias y Ceuta. Ni entre las comunidades autónomas, ni con el Gobierno. “Ha sido una oportunidad perdida”, mantuvo el presidente canario, Fernando Clavijo. “No quiero decir que hemos perdido el tiempo, porque creo que hay que hablar de estos temas, pero es frustrante”, dijo el dirigente murciano Fernando López Miras. Las quejas de los dirigentes ante los traslados de inmigrantes a sus territorios y la falta de información fueron recurrentes.
Clavijo, desesperado por avanzar en alguna solución que libere sus centros de acogida, llegó a la cita con un acuerdo al que ha llegado con el País Vasco en el que exigen al Gobierno un Plan Estratégico de Migración. El pacto propone, además, un reparto extraordinario de menores extranjeros no acompañados mientras se siga negociando la reforma que pretende imponerlo por ley. Este es ya el tercer pacto que Clavijo firma en menos de un año si se tiene en cuenta el que selló con el Gobierno para reformar la ley de extranjería y el acuerdo que firmó después con el PP para “afrontar la crisis migratoria”. Ninguno se ha concretado todavía en un alivio de la situación de los 5.200 menores acogidos en las islas. Tampoco de la de Ceuta, que, saturada, participa también de las negociaciones. Ante la parálisis de las negociaciones con los populares, el Gobierno ha incluido el apoyo de Junts en su negociación sobre el traspaso de competencias en materia migratoria.

La propuesta de reparto de Canarias y Euskadi vuelve un poco a los orígenes y propone que en tres meses se plantee “la figura jurídica oportuna” para ejecutar una distribución extraordinaria de los menores en base a cinco indicadores: población total; media de menores acogidos por cada 100.000 habitantes los últimos seis meses, PIB per cápita, desempleo y solidaridad, es decir el total de menores acogidos los últimos cinco años. Ni el documento, ni las propias comunidades concretan de qué número de niños se estaría hablando.
La iniciativa bilateral ha pillado con el pie cambiado a algunos dirigentes autonómicos. El murciano López Miras se ha quejado de no haber visto “ni un solo papel”, en referencia a la propuesta entre Canarias y Euskadi. “No la conocemos. El presidente canario nos ha dicho que hablado de una propuesta con Cataluña y el País Vasco… Sorprendente…¿verdad? Si estamos hablando de una cuestión de Estado , lo lógico es que se hable con todos, ¿no?”, afirmó. López Miras ha defendido que está dispuesto a llegar a acuerdos basados en la “solidaridad”, pero esto ya no es suficiente, según fuentes del Gobierno Vasco. “Estamos cansados de los discursos de solidaridad que escuchamos por parte de algunas comunidades autónomas y eso es lo que venimos a decir con este acuerdo: ya está bien de hablar de solidaridad y empecemos a hablar más de corresponsabilidad entre todos porque si no, no habrá solución”, mantienen estas fuentes.

El presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, por su parte, ha mantenido su crítica a la falta de transparencia del Gobierno ante el reparto de inmigrantes y ha incidido en sus limitaciones. “Tenemos un problema de capacidad de absorción. En Andalucía, llegan de manera semanal entre 200 y 300 personas migrantes”, afirmó el presidente, que asegura que su capacidad de acogida menores supera el 100%. “La migración es necesaria para el desarrollo económico de nuestro país”, terció Moreno, “pero hemos pedido que las políticas migratorias sean de Estado”, para demandar a continuación más presencia de Frontex, más devoluciones o el reconocimiento de Andalucía como frontera sur de Europa. Mientras Isabel Díaz Ayuso se refirió al “volumen ingente” de inmigrantes que viven en su comunidad y que “el Gobierno desconoce”, el de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, ha reclamado un pacto de Estado en inmigración “porque si lo tiene que hacer los partidos a nivel nacional va a ser imposible por el nivel de decibelios”. Page ha hablado de “desasosiego” porque, dijo, “no se sabe cuándo va a parar la presión migratoria”.
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