Hazte Oír usa un delito en vías de extinción para hacer ruido a costa de Lalachus

Laura Yustres, alias Lalachus, ha pasado de golpe a formar parte de dos galerías de personajes públicos. La primera es la de quienes han presentado en TVE las campanadas de Nochevieja. Ahí se suma a Ana Obregón, Ramón García, Raffaella Carrà, Carmen Sevilla o Jennifer Hermoso, entre otros. Del segundo listado forman parte el músico ya fallecido Javier Krahe, el artista Abel Azcona, la política Rita Maestre, el actor Willy Toledo o el humorista Dani Mateo, que entraron en dicho catálogo por un vídeo cocinando un cristo, por una performance consistente en formar con hostias la palabra “pederastia”, por una irrupción en sujetador en la capilla de la Complutense, por un “me cago en Dios” y por un chiste en el que se llamaba “mierda” al Valle de los Caídos, respectivamente... ¿Y qué listado es ese? El que forman las figuras de la vida pública denunciadas por el delito de ofensa a los sentimientos religiosos, destino que aguarda a Yustres tras anunciar el grupo ultraderechista Hazte Oír acciones legales contra ella por mostrar antes de las campanadas una estampita de una vaquilla del programa de TVE Grand Prix que simula la imagen del Sagrado Corazón de Jesús.

Antecedentes en mano, la cómica de Fuenlabrada (Madrid) no tiene excesivos motivos para inquietarse por su futuro penal. Porque ninguno de los casos antedichos acabó en condena. Tras grandes revuelos mediáticos, unos acabaron en archivo (Azcona, Mateo o la revista Mongolia por la portada de un belén en el que el niño Jesús era el emoticono de la caca); otros en absolución, ya fuera tras un juicio (Krahe, Toledo) o tras un recurso (Maestre). Es más, desde que en 1995 el Código Penal introdujo en su artículo 525 la actual redacción del delito de ofensa a los sentimientos religiosos, también conocido como escarnio, solo hay constancia de una condena en firme. Fue en 2018, cuando un juzgado de lo penal de Jaén condenó en una sentencia de conformidad a un joven que, a raíz de una denuncia de la Cofradía de la Amargura, tuvo que pagar 480 euros de multa por publicar en Instagram un fotomontaje de un cristo con su propia cara. Al aceptar la pena, el joven se libró de una posible multa 4,5 veces superior.

Eso es lo que hay en el casillero de los denunciantes: una multa a un joven que no quería mayores líos, y que a tenor de cómo se han resuelto procesos parecidos hubiera salido bien librado de haber decidido ir a juicio. Si ha habido alguna otra condena firme, no está recogida en las memorias de la Fiscalía General, habría sido por conformidad y habría pasado desapercibida incluso a juristas especializados como José Antonio Ramos, de la Universidad de A Coruña, Jacobo Dopico, de la Carlos III, y Rafael Alcácer, de la Rey Juan Carlos. A esta única condena firme se suma otra provisional, por el conocido como caso del “chumino rebelde”, que aguarda el fallo del Constitucional. Los juristas especializados se inclinan por un pronóstico de sentencia de defensa de la libertad de expresión en un caso casi gemelo de otro donde hubo absolución, el del “coño insumiso”. En ambos casos se trata de procesiones en las que feministas hicieron un uso irreverente de simbología religiosa en un contexto de manifestación política. De no ser el fallo favorable a la condenada —la feminista Elisa Mandillo—, el caso iría al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que expondría a España a un tirón de orejas en el delicado terreno de la libertad de expresión.

De modo que así queda el saldo del delito desde 1995: una condena firme, que podría haberse evitado con un juicio, y otra provisional, que podría revertirse en el Constitucional o en Europa. En la memoria de la Fiscalía de 2023, última disponible, quedó a cero el número no solo de condenas, sino también de escritos de acusación. No parece un balance de éxito de las organizaciones católicas y/o de extrema derecha que suelen presentar las denuncias. Al menos, de éxito en el terreno penal.

Cosa distinta es lo conseguido en cuanto a otro objetivo: la notoriedad, el ruido. Asociaciones como Abogados Cristianos y Hazte Oír, ávidas buscadoras de repercusión, polémicas en redes, titulares de prensa, minutos de televisión e indignación de la izquierda, han logrado visibilidad con sus denuncias —o anuncios de denuncias— por ofensa a los sentimientos religiosos, técnica que ha resultado ser una máquina de atraer atención. La que más juega esta carta es Abogados Cristianos, muy próxima a Hazte Oír, a la que esta vez le ha tocado llevar la iniciativa. Del rédito medático que dejan estas denuncian también han disfrutado el Centro Jurídico Tomás Moro —organización en la misma órbita ideológica—, Alternativa Española o Falange Vasconavarra.

Las entidades ultracatólicas saben que estas denuncias tienen tirón. Un ejemplo: son incontables los titulares que logró Abogados Cristianos con sus acciones legales contra Netflix por emitir una sátira sobre un cristo gay, por más que bordeen el dislate jurídico. Lo que ha quedado ha sido un prolongado aprovechamiento de la visibilidad ofrecida para denunciar la ideología woke. En este caso, Abogados Cristianos denunciaba y Hazte Oír montaba campañas exigiendo la retirada. Una dinámica muchas veces repetida. Igualmente poderosa es la repercusión que en menos de 24 horas ha tenido la denuncia por escarnio anunciada este miércoles por Hazte Oír contra Lalachus, David Broncano y el presidente de RTVE, José Pablo López, y que a su vez ha sido públicamente respaldada por otras organizaciones de este mismo espectro. ¿La base de la denuncia? La cómica había mostrado lo que llamó “la estampita de la vaquilla de Grand Prix”. “Porque, escúchame, hemos crecido todos viendo el Grand Prix”, decía dirigiéndose a Broncano antes de exaltar la capacidad de la televisión pública para reunir a la familia. Eso y la foto que encabeza este artículo condensan la supuesta ofensa delictiva a los cristianos.

Tras más de veinte mensajes y retuits sobre el tema que habían empezado menos de una hora después de las campanadas, el anuncio de acciones legales este miércoles multiplicó el impacto de la campaña de Hazte Oír contra Lalachus y RTVE. Diversos medios, sobre todo conservadores, vieron en el recurso a los tribunales un asidero para convertir en noticia un tema que estaba dando cada vez más que hablar en redes sociales, donde Hazte Oír afirmaba haber reunido miles de firmas reclamando que Lalachus no trabaje más en RTVE. Una vez anunciadas las acciones legales, Vox se subió a la ola a través de mensajes en redes sociales de Juan Carlos Girauta, que calificó el gesto de “ofensa a nuestras creencias” con dinero público, y Jorge Buxadé, que habló de “imagen blasfema” y difundió un vídeo de sí mismo grabado en El Cerro de los Ángeles, en Getafe (Madrid), donde Alfonso XIII ordenó levantar en 1919 un monumento al Sagrado Corazón de Jesús, según explicó el dirigente. Después de Vox, expresó su repulsa el arzobispo Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, para acusar a TVE de burlarse de la simbología católica. La polémica no hacía más que crecer, al igual que el número y relevancia de quienes participaban.

Sin el artículo 525.1 del Código Penal, la campaña contra Lalachus se hubiera quedado en un pataleo, más o menos aparatoso pero mero pataleo. Pero la tipificación del delito de ofensa a los sentimientos religiosos, pese a que casi treinta años de vigencia acreditan su escasa capacidad de traducción en sanción penal, ha permitido multiplicar su impacto mediático, su repercusión política y la visibilidad de sus promotores, como antes ocurrió con los casos de Toledo, Azcona o Mateo y ocurrirá con el próximo que haga un chiste inapropiado a ojos del denunciante de turno. El impacto será aún mayor si la denuncia es aceptada a trámite y Lalachus es llamada a declarar. Todo lo que venga serán minutos de oro para los integristas de Hazte Oír y los que se sumen a su causa contra el llamado progresismo woke. Más leña a la caldera de la guerra cultural.

La pasada legislatura, durante el Gobierno PSOE-Unidas Podemos, el Ministerio de Justicia ya anunció una reforma de este delito, sin resultado. En septiembre de este año el Ejecutivo PSOE-Sumar retomó esta pretensión, incluyéndola en el Plan de Acción por la Democracia. Este mismo miércoles, en plena vorágine de mensajes en redes contra Lalachus, el ministro Félix Bolaños reafirmó este compromiso y cargó contra quienes quieren “amedrentar” a la presentadora. Qué cosas: las campanadas de la Nochevieja de 2024 podrían dejar como legado la aceleración del fin de un delito ya en vías de extinción. De ser así, perderán una vía de lucimiento grupos como Hazte Oír o Abogados Cristianos. Grupos que paradójicamente son —junto a Vox y la Asociación Católica de Propagandistas, cuyo altavoz mediático está especialmente activo contra Lalachus— los que más dicen combatir la “cultura de la cancelación”.