Desarticulada en Palma una organización que explotó a casi 200 inmigrantes con el cuidado a dependientes

Semanas extenuantes con un solo día libre, trabajando como internas al cuidado de ancianos dependientes o realizando labores del hogar. Sin derecho a vacaciones, sin cobertura sanitaria o de accidentes y con apenas dos horas diarias consecutivas para descansar. En estas condiciones trabajaban las más de 185 víctimas de una organización criminal que, bajo el paraguas de una empresa ficticia, se aprovechaba de inmigrantes en situación irregular para ofrecer servicios de cuidados a personas dependientes y de limpieza en la isla de Mallorca. Cinco personas han sido detenidas acusadas de presuntos delitos de explotación laboral, falsedad documental y favorecimiento de la inmigración irregular, aunque el cabecilla de la trama, un hombre de nacionalidad española de 30 años, permanece en paradero desconocido desde que se enteró de que estaba siendo investigado hace unas semanas.

Se trata de la empresa con mayor número de trabajadores en situación irregular detectada en la historia de Baleares, la mayoría de ellas mujeres vulnerables procedentes de Colombia, Ecuador, Venezuela y Paraguay, que se prestaban a realizar el trabajo en condiciones de explotación porque no encontraban otra salida. La investigación, realizada por el grupo I de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de la Jefatura de la Policía Nacional de Baleares, se inició el pasado mes de julio cuando una de las trabajadoras se presentó en la oficina de extranjeros con un certificado falso de alta de la Tesorería General de la Seguridad Social. Tenía la intención de iniciar los trámites para obtener un permiso de residencia, lo que puso a la policía sobre la pista de una red que podría estar explotando a inmigrantes en situación irregular.

A raíz de este episodio los investigadores lograron identificar al cabecilla de la trama, un ciudadano español de 30 años que estaba rodeado de varias personas que se encargaban de controlar a las empleadas y de realizar las gestiones administrativas en la empresa. “Este hombre había trabajado como auxiliar de enfermería y tenía contactos personales y cierta credibilidad. Les informó de que había creado una empresa, que después era totalmente ficticia, y algunos lo recomendaban, sobre todo trabajadores sociales de hospitales y ayuntamientos, porque creían que era legal la actividad”, explica el jefe del grupo de la UCRIF, Juan Anders Lemos Hoffen, encargado de dirigir el operativo. El principal sospechoso se encargaba de captar a las trabajadoras a través de grupos de Facebook y mediante recomendaciones verbales en círculos de inmigrantes en Palma, con especial interés en perfiles de entre 30 y 40 años.

Las mujeres eran contratadas como internas al cuidado de personas ancianas y con dependencia y para realizar labores de hogar. Trabajaban seis días por semana, con apenas dos horas de descanso consecutivas en la misma jornada, sin vacaciones y sin seguro. “Les tenía aleccionadas sobre lo que decir a las familias con las que trabajaban y les amenazaba con la expulsión del país si denunciaban a la policía”, asegura Lemos Hoffen, que cuenta que el sospechoso se quedaba con más de la mitad del dinero de cada cliente pagaba por cada trabajadora interna, que alcanzaba los 2.000 euros.

Además de obligarles a trabajar bajo condiciones abusivas, el empresario engañó a las trabajadoras haciéndoles creer que contaban con un seguro médico que en realidad había dado de baja a los pocos días de contratarlo. Una de las mujeres, que tuvo un accidente laboral y se rompió un hueso del pie, descubrió al acudir a urgencias de un centro sanitario que el seguro médico no tenía ningún tipo de vigencia porque las cuotas no habían sido abonadas. Más allá de la oferta de servicios de cuidado a la dependencia, el empresario tenía contratados a varios hombres que se hacían pasar por fisioterapeutas titulados, quienes realizaban sesiones de rehabilitación a personas mayores de edad, con un riesgo grave de salud porque no contaban con la formación necesaria.

Importantes ingresos

La empresa, que no estaba dada de alta y no figuraba en los registros, se había dotado de una imagen de credibilidad, con folletos publicitarios, tablas de servicios y de costes. Había conseguido muy buena fama en el sector sociosaniario y era recomendada por trabajadores de hospitales, centros de mayores y ayuntamientos. “Todo lo hacía para su conveniencia. Decía a los clientes que una misma trabajadora no podía cubrir todo el fin de semana, porque debía tener tiempo libre, para que estos tuviesen que contratar a otra de las mujeres y así ganar más dinero. Pero la empleada, en realidad, no disfrutaba después de tiempo libre. Les prometía que en un año arreglaría su situación legal, pero no era verdad”, relata Lemos Hoffen.

Todo este entramado delictivo generó importantes beneficios al empresario, con unos ingresos mensuales medios de 200.000 euros, una cantidad que asciende a seis millones de euros en los dos años que la falsa empresa ha estado en funcionamiento, según los resultados de la investigación policial. Los agentes han localizado 25 cuentas bancarias a su nombre en 13 bancos diferentes y han constatado que utilizaba entidades de transferencia de divisas para el movimiento de dinero y el pago a sus empleados. También han localizado cuentas bancarias con sede social en una capital europea, con la intención de evitar el pago de impuestos a la Agencia Tributaria. Las cuentas de intercambio de divisas se abrían en un locutorio de Palma, en donde también obligaba a las empleadas a ponerlas a su nombre para no ser detectado por las autoridades.

En los registros que la policía realizó el pasado 20 de noviembre, los agentes se incautaron de una gran cantidad de documentación, así como de equipos informáticos y terminales móviles que están siendo analizados. Los investigadores de la Policía Nacional continúan tratando de localizar al principal sospechoso. Las otras cinco personas que fueron detenidas, acusadas de varios delitos como pertenencia a organización criminal o favorecimiento de la inmigración ilegal, han quedado en libertad con medidas cautelares. Algunos de ellos han avanzado su intención de colaborar con la investigación, según han confirmado fuentes jurídicas.