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Cuidar a dependientes sin tener papeles: 24 horas de trabajo por un euro la hora

La justicia investiga a una empresa gallega de servicios sociales, que también trabajaba para la Xunta y los ayuntamientos, por explotar a mujeres en situación irregular

Trabajadoras explotadas por la empresa "Asistencia Castroverde" en Castroverde (Lugo), que las obligaban a trabajar en condiciones abusivas por no tener documentación bajo la amenaza de denuncialas a las autoridades para que fueran extraditadas
Óscar Corral
09/06/22
Trabajadoras explotadas por la empresa "Asistencia Castroverde" en Castroverde (Lugo), que las obligaban a trabajar en condiciones abusivas por no tener documentación bajo la amenaza de denuncialas a las autoridades para que fueran extraditadas Óscar Corral 09/06/22ÓSCAR CORRAL

Trabajar como interna 24 horas, de lunes a domingo. Atender a dependientes sin tener capacitación profesional e incluso con síntomas de covid. Ejercer a un tiempo de cuidadora, empleada de hogar y, si se tercia, peón agrícola. Cobrar por ello una miseria en sobres con billetes que se recogen en un bar. Y lo más importante: aguantar sin que nadie se entere de que eres una inmigrante sin papeles. Ese ha sido durante años el día a día de decenas de mujeres extranjeras en Galicia, según los testimonios y pinchazos telefónicos incluidos en una investigación judicial que ha destapado la doble vida de Asistencia Castroverde, SL, adjudicataria también hasta el año pasado del servicio de ayuda en el hogar que cofinancian la Xunta y los ayuntamientos. La principal imputada, dueña de la firma, presume en las escuchas de tener “casi 80 internas”, “todas extranjeras”. El número exacto de víctimas aún no se ha podido determinar, pero la empresa tenía de alta en la Seguridad Social solo a unas 30 empleadas.

A Cecilia no le costó nada dar con esta agencia de cuidadoras de ancianos cuando llegó a Lugo en 2019 sin permiso de trabajo. Esta colombiana de nombre supuesto, testigo del caso, salió a la calle desesperada por lograr ingresos para sobrevivir. En la puerta de un almacén, una mujer le dio el teléfono de tres empresas. Dos la rechazaron por no tener papeles, pero para la tercera su vulnerabilidad laboral no supuso problema. “Tengo para ti un trabajo en una casa. Pero no digas que no tienes papeles”, le advirtió Montse L. G., la dueña de Asistencia Castroverde y principal investigada, según cuenta Cecilia a este periódico.

Para evitar sospechas, Montse L. G. conminó a Cecilia a contarle a la familia que llevaba tiempo trabajando en Galicia. Y, para dar credibilidad a la historia, le hizo aprenderse varios nombres de pueblos donde ella nunca había estado. “Me llamó inmediatamente una señora para que cuidara a su madre enferma: ‘¿Puedes ya? Te recojo a las siete”, recuerda Cecilia que le dijo. La mujer que había contratado a Asistencia Castroverde se quedó pasmada con sus condiciones de trabajo: 800 euros al mes por trabajar sin ningún día libre a la semana. “Aquella familia me dejaba coger días de descanso y me los pagaba aparte”, apunta la testigo del caso. La clienta acabó enterándose de que no tenía la documentación en regla, pero entonces no denunció porque Cecilia así se lo rogó. En otra casa, sin embargo, no tuvieron reparos en verla deslomarse: trabajó 15 días seguidos, incluida Navidad y Fin de Año, cuidando a una anciana con la que dormía para así atenderla las 24 horas: “El peor diciembre de mi vida”.

Fachada de la sede de la empresa en Castroverde.
Fachada de la sede de la empresa en Castroverde. ÓSCAR CORRAL

María, también nombre supuesto, empezó a trabajar para la empresa dos días después de pisar España. Se enteró de su existencia por el boca a boca entre los inmigrantes en situación irregular. “No pagaba festivos ni vacaciones y si faltabas un día te quitaba 50 euros del sueldo pese a que por día te pagaba 25″, explica. La responsable de Asistencia Castroverde ha declinado dar su versión a EL PAÍS.

Historias como la de Cecilia y María se suceden en los seis tomos del sumario. El titular del juzgado de instrucción número 3 de Lugo aún no ha concretado los delitos, pero los informes de la Guardia Civil apuntan a una presunta explotación laboral en la que Montse L. G. “hacía uso frente a sus clientes de la imagen” de su compañía, que prestaba servicios a Administraciones. Además de ella, son cuatro los investigados: S. E. L., su hija; T. P. M., dueña de un bar donde las víctimas recogían los sobres con sus remuneraciones; A. Y. B. V., que reclutaba a trabajadoras sin papeles y entregaba pagos; y J. C. V., acusado de repartir los sueldos desde la gasolinera que regenta.

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Entre las víctimas hay familias procedentes de Colombia, Honduras o Nicaragua. La gran mayoría son mujeres y cuidaban a dependientes en hospitales y casas. Una treintena han recibido el asesoramiento jurídico gratuito de la ONG Aliad Ultreia y parte de ellas han logrado regularizar su situación en España gracias a las gestiones de la Guardia Civil de Lugo, según informa la asociación. “Esta empresa explotó a familias enteras y durante muchos años. Al menos una de las mujeres llevaba cuatro años trabajando para ella”, sostiene Waldir Sinisterra, abogado personado en la causa, quien ha solicitado incorporar al sumario una relación de las subvenciones que recibió la firma porque “se hizo un mal uso de ellas”.

Sinisterra mantiene que la Xunta y los ayuntamientos “nunca corroboraron con los beneficiarios de las ayudas a la dependencia las condiciones del servicio y la situación del personal contratado”: “Ella [por Montse L. G.] presenta ante las Administraciones un listado de personas que seguramente están contratadas legalmente, pero no son las que prestan el servicio. La empresa estaba desbordada”, mantiene Sinisterra. La Consejería de Política Social responde que sus inspectores verifican solo el cumplimiento de la normativa en la atención asistencial (las horas y las tareas), pero la situación laboral “es competencia de la Inspección de Trabajo”, esgrime. El último control, que se saldó sin sanciones, data de 2021, con la investigación judicial ya avanzada.

Sin salir de casa

Cecilia asegura que ha tenido compañeras que cuidaban a dos dependientes por 800 euros al mes cuando la familia pagaba a la empresa 1.900 euros. Otra estuvo seis meses en una casa de una aldea de Ourense: “Cobraba su hijo los sobres porque a ella no le dejaban salir”. El instructor del caso ha recogido los testimonios de mujeres que comían sobras, no les dejaban ducharse o eran obligadas a cuidar al ganado. Durante la instrucción han testificado familias que sostienen que ignoraban que las cuidadoras no tenían permiso de trabajo. Los pinchazos telefónicos revelan cómo la principal imputaba aleccionaba a las trabajadoras para que ocultasen ese dato: “No puedes decir que llevas un mes aquí, porque te mandan para casa pitando”, reprocha a una de las víctimas en diciembre de 2019.

A mediados del año pasado, Asistencia Castroverde entró en concurso de acreedores y ahora está en fase de liquidación, según el Registro Mercantil. El local de paredes desconchadas desde el que operaba la empresa investigada está a la entrada del municipio de Castroverde, a 35 kilómetros de Lugo. Hasta hace solo unos días en la ventana del bajo aún se podía leer el reclamo: “Ayuda a la tercera edad. Solicitud de cheque asistencial. Cuidado hospitalario”. Montse L. G. es conocida en el pueblo y trabaja de celadora en el hospital público de Lugo, donde captaba clientes. Asistencia Castroverde fue durante seis años adjudicataria del servicio municipal de ayuda en el hogar y, en una comarca especialmente envejecida, a ella acudían muchos vecinos en apuros por tener a su cargo a familiares dependientes.

El alcalde de Castroverde, el socialista Xosé María Arias, nunca recibió denuncias ni detectó problemas. Con una media de 20-30 auxiliares, la firma gestionó un programa que cofinancian el Ayuntamiento y la Xunta. “Todas las trabajadoras estaban legales y lo sé porque fueron subrogadas sin problema a la nueva adjudicataria cuando Asistencia Castroverde presentó concurso de acreedores”, explica el regidor. Todos los meses los servicios sociales le realizaban un seguimiento, añade, en los que debía aportar facturas y contratos: “Y se le mandaba a la Xunta”.

No todas las víctimas han querido denunciar, por miedo a ser deportadas. “Hay más empresas de cuidado de ancianos haciendo lo mismo porque esos empleos son los que más le salen a quienes no tienen permiso de trabajo”, avisa Cecilia. “Los particulares tienen miedo a contratarnos, las empresas no”.

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Sobre la firma

Sonia Vizoso
Redactora de EL PAÍS en Galicia. Es licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago. Lleva 25 años ejerciendo el oficio en la prensa escrita y ha formado parte de las redacciones de los periódicos Faro de Vigo, La Voz de Galicia y La Opinión de A Coruña, entre otros. En 2006 se incorporó a El País Galicia.

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