La cúpula de Interior del PP impulsó las operaciones secretas Venus y Bolívar contra los líderes de Podemos

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía ha remitido un informe al juez Santiago Pedraz dónde detalla la existencia de dos “investigaciones secretas” denominadas “Venus” y “Bolívar” que puso en marcha la cúpula del ministerio del Interior durante el Gobierno del PP contra los principales líderes de Podemos. Pese a ser secretas, algunos datos de esas investigaciones fueron publicados en medios de comunicación, afines al PP, con tintes de escándalo. Pero solo unos meses después, los policías que intervinieron en las pesquisas secretas las cerraron sin resultados por falta de pruebas o, directamente, porque los hechos investigados eran falsos. La orden para iniciar la investigación y las pruebas aportadas, que resultaron en muchos casos falsas, siempre llegaron de la Dirección Adjunta Operativa bajo el mando del comisario Eugenio Pino, entonces número tres del Ministerio del Interior. Las investigaciones se llevaron a cabo siempre sin orden judicial.

El informe ya está en la mesa del juez Pedraz, quien investiga desde hace meses si la policía política a las órdenes del PP espió ilegalmente a los diputados de Podemos elegidos en los comicios generales de diciembre de 2015. Una conversación por WhatsApp entre el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Vázquez, y un comisario jefe de Policía, Enrique García Castaño, acreditó el interés de la cúpula de Interior por encontrar datos que pudieran ensuciar la imagen de los diputados de Podemos, cuyos resultados electorales en diciembre de 2015 (69 escaños) amenazaban la continuidad en el poder del PP.

La conversación sucedió así el 30 de enero de 2016:

Secretario de Estado de Interior Francisco Martínez: De aquellos de Podemos que tenían antecedentes... ¿Pudiste confirmar algo?

Comisario Enrique García Castaño: Pues lo pedí y voy a llamar porque no volví a preguntar. Se me pasó.

Martínez: Sería muy interesante saberlo... Y si han estado en temas abertzales, temas de extremismo violento, etcétera.

García Castaño: Josetxu Arrieta, el único que tiene pertenencia a ETA.

Martínez: ¿Estuvo condenado?

García Castaño: Sí.

Martínez: ¿Y los demás nada?

García Castaño: ¿Nada?

Martínez: Digo que si los demás están limpios ¿Tampoco violencia callejera, anarcas, etc.?

García Castaño: Lo vuelvo a mirar, pero creo que no.

Martínez: Cagüenlaputa (…) Alguno tiene que ser chungo.

García Castaño: Vamos a ver.

Francisco Martínez: Mira con ojos atentos.

García Castaño: Te parece poco todo lo que tienen, Castiñeira [jefe de la Brigada Provincial de Información] tiene que tener lo que haya, porque los trabajó mucho tiempo. (…) Le pregunto.

Francisco Martínez: Y de los otros, ¿qué? No me mandas nada...

García Castaño: El cabrón de Germán me dice que esta tarde, porque mirar los 69, se saca, pero hay que mirar uno a uno y, claro, deja rastro.

Ese “rastro” figuraba en el informe que Asuntos Internos envió el 8 de julio pasado al juez Santiago Pedraz, donde se detallaban cientos de consultas sobre los 69 diputados de Podemos en bases de datos policiales —Argos, Sidenpol y otras— que permitían conocer los antecedentes policiales de las personas investigadas, el contenido de las diligencias policiales que afectaran a los espiados, sus viajes, alojamientos o vehículos y otro tipo de información. Cuando el juez pidió detalles de cada consulta, Asuntos Internos remitió un informe genérico en el que descartaba que la mayoría de las búsquedas tuviera relación con un espionaje ilegal a los diputados de Podemos. Pero esta formación política pidió más detalles de cada una de las consultas a bases de datos policiales.

Asuntos Internos ha remitido ahora un nuevo informe con su propia investigación sobre los hechos, donde incorporan las respuestas de muchos de los policías que consultaron nombres de dirigentes de Podemos en las bases de datos. El informe detalla cómo algunas de esas búsquedas están relacionadas con investigaciones secretas contra los dirigentes de Podemos, investigaciones abiertas por iniciativa de Eugenio Pino, director adjunto operativo de la Policía, y sin respaldo ni conocimiento judicial. Los inspectores que consultaron las bases de datos para obtener información sobre el entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, aclaran que lo hicieron dentro de las investigaciones secretas abiertas por iniciativa de Eugenio Pino y con las pruebas que este les facilitaba.

Operación Venus contra Pablo Iglesias. OKDiario publicó el 12 de enero de 2016 un supuesto informe confidencial de la Policía Nacional con este titular: “La Policía descubre que la dictadura iraní ha dado 2 millones de euros a Iglesias y su entorno desde 2013″. Tres semanas después, la dirección adjunta operativa, máxima autoridad policial del ministerio del Interior, ordenó investigar la veracidad de ese informe del que no se hacía responsable ni identificaba al autor del mismo.

La inspectora jefa de la sección de coordinación de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF) ha informado ahora a Asuntos Internos que el 1 de febrero de 2016 se recibió un escrito de la dirección adjunta operativa con un informe denominado PISA (Pablo Iglesias S.A.) donde se denunciaba que una serie de empresas hacían transferencias de dinero desde paraísos fiscales a una sociedad española relacionada con un programa de televisión presentado por Pablo Iglesias. “Debido a que durante el desarrollo de la investigación pudieran verse afectadas personas con posible relevancia pública o económica y valorando la importancia de las consecuencias que pudieran derivarse de la misma, se valora necesaria la conveniencia de la que investigación sea declarada secreta”, propuso la Unidad Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción.

La inspectora explica que en un primer momento solo se incluyó entre las personas investigadas a los empresarios de la firma vinculada al programa de televisión de Iglesias y no al líder de Podemos. Pero uno de los policías al que encargaron el trabajo “consultó en la aplicación PERSONAS [base de datos policial] los apellidos ‘Iglesias Turrión’ para obtener información sobre una de las personas que figuraban en el informe PISA”. La inspectora, “dada la sensibilidad de las personas investigadas”, porque entonces Iglesias era diputado electo, “decidió que solo ella procedería a consultar en las bases de datos de las mismas y continuó con la investigación de manera individual”. El comisario jefe de la UDEF presentó el 9 de febrero de 2016 una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por supuesta financiación ilegal de Podemos cuando la investigación policial secreta acababa de empezar. Los policías encargados del trabajo decidieron en diciembre de 2016, diez meses después de iniciar sus pesquisas, “pasar a pasiva la investigación al no encontrarse indicios suficientes de delito”.

Operación Bolívar contra Podemos por su relación con Venezuela. La dirección adjunta operativa de la Policía le contó a la UCDEF que un antiguo miembro del Gobierno venezolano de Hugo Chávez quería declarar que Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Verstrynge habían recibido grandes cantidades de dinero de Venezuela por asesoría política como miembros de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) y que no habían declarado esos ingresos a la hacienda pública española. Tras visitar al confidente en Nueva York el 12 de abril de 2016, la UCDEF pidió dos días después a la Unidad Central de Inteligencia Criminal que abrieran una investigación secreta dado que las personas investigadas tenían relevancia pública y política. La investigación, denominada Bolívar, siguió su curso, pero el diario Abc publicó, antes de que concluyera y cuando todavía seguía siendo secreta, los resultados de la operación: “Un ministro de Chaves dice que CEPS cobró mas fondos de Venezuela y no pagó a Hacienda”. El 19 de julio, los investigadores cerraron el caso: “La realización de gestiones para comprobar la veracidad de tal información y eventualmente determinar posibles responsabilidades de naturaleza penal de las personas mencionadas, han dado resultado infructuoso”.

La cuenta falsa de las islas Granadinas. Con la investigación Bolívar abierta, la Dirección Adjunta Operativa volvió a entregar a mediados de abril de 2016 una documentación a la UCDEF que “daba a entender que en febrero de 2014, el ministro del Poder Popular de Economía del Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, había ordenado la transferencia de 272.325 dólares USA a una cuenta bancaria titularizada por Pablo Iglesias en la entidad EURO PACIFIC BANK en San Vicente y las Granadinas”. Los policías intentaron confirmar esa documentación mientras que salía publicada en OKDiario el 6 de mayo de 2016: “El Gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014″. El 19 de julio, los policías de la Operación Bolívar que investigaron este caso escribieron: “Las informaciones facilitadas por el denunciante y la documentación aportada en la forma descrita no tienen entidad suficiente para motivar el traslado a sede judicial, de modo que se propone abandonar esta línea de investigación”.