Iglesias, tras revelarse que fue espiado por Interior: “Los mandos policiales y sus jefes políticos responsables deberían ir a prisión”

Pablo Iglesias, uno de los espiados por indicación de altos cargos de Interior, ha pedido que “los mandos policiales” de la operación vayan a prisión junto a “sus jefes políticos”. El exlíder de Podemos cree que España tiene “una democracia limitada” tras conocerse que la Audiencia Nacional ha recibido pruebas documentales de un supuesto espionaje ilegal a los diputados de la formación de izquierdas, entre ellos el propio Iglesias, Yolanda Díaz, Ione Belarra e Irene Montero.

En declaraciones a EL PAÍS, Iglesias cree que la información publicada confirma que en España hay poderes del Estado, en este caso policías, altos mandos policiales, que se toman la justicia por su mano y que llevan a cabo una investigación prospectiva ilegal contra quien consideran un adversario político sin tener competencias para hacerlo. El exdirigente de Podemos entiende que reforzaría el sistema democrático que “esos policías acabaran en prisión”, pero cree “muy difícil” que eso ocurra “con una derecha judicial tan legitimada después del acuerdo de PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. “Temo que esto va a quedar en la impunidad y que se va a seguir normalizando que en este país hay poderes impunes, poderes ajenos al derecho, que son los que realmente mandan más allá de lo que decidan los ciudadanos”, añade.

Podemos también ha acusado al PP de haber emprendido una “cacería política, policial, judicial y mediática” contra la formación de izquierdas durante los gobiernos de Mariano Rajoy. El partido que dirige Ione Belarra culpa a los populares de emprender esas acciones “para intentar acabar con su principal adversario político e impedir un cambio de Gobierno”, señalan fuentes del partido.

“El rastreo masivo de información de los diputados y diputadas, orquestado por altos mandos del Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy, se produjo sin amparo judicial y de forma prospectiva”, abundan las mismas fuentes, que entienden que el departamento del popular Jorge Fernández Díaz ordenó a agentes de Policía que “actuaran al margen de la ley contra representantes de una determinada formación política”. Insisten desde la formación que “acabar con Podemos” fue uno de los principales objetivos del Ejecutivo del PP y lo enmarcan dentro de una estrategia mayor, con otras operaciones y casos judiciales como Neurona —que durante más de tres años investigó a Podemos por un presunto delito de apropiación indebida de fondos electorales—. El partido recalca que aunque la estrategia y la “intensidad” de la operación, que consistió en “centenares de búsquedas de información en bases policiales” no logró acabar con Podemos sí que le produjo “un importante desgaste”.

El partido seguirá exigiendo que “se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades” en el ámbito político y judicial e instan a Pedro Sánchez y al PSOE a que rompan el acuerdo con el PP para la renovación del Poder Judicial y a buscar “una fórmula” de desbloqueo que se apoye en la mayoría de investidura. Las pruebas documentales reveladas este miércoles se suman a la investigación del juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, sobre las maniobras de la denominada policía patriótica durante el mandato del Partido Popular contra sus adversarios políticos.

Fuentes del entorno de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, señalan que la revelación demuestra que hay que “seguir profundizando en la democratización de las instituciones”, y recalcan que por mucho que el PP “moviera cloacas para evitar que la gente decente que quiere transformar las cosas hiciera política, no lo han logrado”. “Por eso seguimos aquí”, enfatizan. Las mismas fuentes indican que hay que dejar que las investigaciones sigan su curso, pero creen que el PP “tiene que responder por todo esto”, informa Paula Chouza.

La eurodiputada de Podemos Irene Montero insiste en que la actuación de Interior buscaba “hacer daño a Podemos y frenar los cambios en España”. “Para nosotras esto es una muestra más de que la corrupción es la forma de Gobierno del bipartidismo y del PP, y que están dispuestos a utilizar todos los medios necesarios para impedir que la democracia cuando ellos pierden”, abunda la dirigente, para quien lo grave “no es solo la guerra sucia de las derechas”, sino que el PSOE esté “legitimando esa guerra sucia” con sus pactos con el PP. Montero pide que los socialistas rompan esos pactos.

El portavoz de Compromís en Valencia, Joan Baldoví, que también figura en el listado de diputados investigados de manera irregular, ha señalado que hubo 15 consultas en las bases de datos de la policía con su nombre para buscar algo que echarle “en cara”. “Es una práctica prohibida, ilegal y profundamente antidemocrática”, ha enfatizado el político, que se muestra “indignado” no tanto por él y el resto de políticos espiados “sino por los miles de ciudadanos” que lo votaron. “¿Es delito ser de izquierdas? ¿Es delito ser de Compromís? ¿Por qué los partidos o ciudadanos de izquierdas no tenemos los mismos derechos que los de derechas?”, se pregunta Baldoví que, no obstante, recala que su formación pudo contribuir a acabar, apoyando la moción de censura, con “ese gobierno de la vergüenza del Partido Popular” y manda un mensaje a sus espías: “Nos vemos en los tribunales”.

Desde Izquierda Unida, su coordinador federal, Antonio Maíllo, ha apuntado que “quienes llevan desde 2018 hablando de dictadura por no querer acatar el resultado de las urnas son quienes realmente actuaron como tal desde el Gobierno” y ha pedido que los responsables sean “investigados y juzgados”.