El exjefe de asuntos internos de la Policía confirma la guerra sucia contra el independentismo

El comisario jubilado Marcelino Martín-Blas, jefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional entre 2011 y 2014, se presentó este martes en el Congreso armado de documentos que corroboran las supuesta actuaciones ilegales durante el Gobierno de Mariano Rajoy contra el independentismo catalán y contra Podemos. Martín-Blas, para el que la Fiscalía pide dos años y medio de cárcel por su presunta implicación en el caso Kitchen por el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas, se desvinculó de esa guerra sucia y aseguró que no tuvo conocimiento de ella hasta después de abandonar el cargo y jubilarse. “Es lo que ha llegado a mis manos a lo largo de los años”, manifestó sobre los papeles que depositó en la Cámara. Los diputados de la comisión parlamentaria que investiga la llamada Operación Cataluña ―la construcción de acusaciones, a menudo basadas en falsedades, contra dirigentes independentistas― anunciaron que lo volverán a llamar una vez que estudien la documentación, entre la que figuran algunas de las conversaciones grabadas por el también comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Martín-Blas, que compareció acompañado de su abogado, fue detallando el contenido de algunos de esos documentos, en su mayoría ya conocidos por las investigaciones de los últimos años, sin acabar de mojarse él mismo. “Yo no opino, solo doy hechos”, respondía el ex alto mando policial ante la insistencia de los diputados de las formaciones que sostienen al Gobierno. Esos “hechos” sembraban claras sospechas sobre la cúpula del Ministerio del Interior en la etapa del popular Jorge Fernández Díaz y del director adjunto operativo (DAO) de la Policía, el comisario Eugenio Pino.

Fue al final de la comparecencia, tras dos horas de interrogatorios, discursos y divagaciones, cuando el diputado popular Rafael Hernando intentó echar por tierra las insinuaciones de Martín-Blas y desmintió que hubiera existido una llamada Operación Cataluña. Hernando intentó acorralar al comisario retirado:

-¿Usted cree que había una policía patriótica, brigada política o algo de eso en el seno de la Policía Nacional, dirigida por el Gobierno?

-Mire usted, no lo sé. Yo lo que puedo decir es que yo no formaba parte de ninguna policía patriótica ni brigada patriótica ni nada parecido.

Hernando blandió entonces el Diario de Sesiones del Congreso para hacer constar que el propio Martín-Blas había negado la existencia de tal unidad cuando compareció, en mayo de 2021, ante otra comisión que investigaba el caso Kitchen. El comisario retirado salió al paso de inmediato:

-En aquel momento lo que dije lo ratifico ahora. Pero, pero… Si luego, después, tengo grabaciones y tengo documentos que parece que hubo una actuación de ciertos policías relacionada con la política, lo digo.

A preguntas de Jon Iñarritu, de EH Bildu, Martín-Blas admitió que en 2012 llegó a sus oídos que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía estaban “trapicheando” con informes “manipulados” para exculpar al PP en el caso Gürtel y que hacían llegar a medios como El Mundo o El Confidencial. Entonces solicitó al juez pinchar el teléfono del jefe de la unidad, José Luis Olivera, también procesado en el caso Kitchen. Pero se lo denegaron. Martín-Blas relató que “el segundo jefe de la Fiscalía de Madrid” se dirigió a él para justificar que el delito de revelación de secretos en el que podrían haber incurrido los agentes no se encontraba entre las causas estipuladas para autorizar una intervención telefónica, pese a que una circular del Ministerio Público afirmaba lo contrario.

El interrogatorio de Josep Pagès, de Junts, sirvió para que el policía se extendiese en las maniobras contra el independentismo en vísperas de las elecciones catalanas de 2012. Basó buena parte de sus testimonios en documentos y grabaciones de Villarejo, que hablan de una “guerra” para “evitar que estos tipos [la desaparecida Convergència] tenga mayoría absoluta”. Martín-Blas se refirió al falso informe de la UDEF que atribuía al entonces president Artur Mas una inexistente cuenta en Suiza y que publicó El Mundo días antes de las elecciones. En cambio, resaltó que ningún medio recogió otro informe que atribuía el pago de una comisión ilegal de 1,5 millones a FAES, procedente del Palau de la Música de Barcelona.

Sobre este último asunto, del que nunca se ha presentado ninguna evidencia, se interesó especialmente el socialista Manuel Arribas, sin lograr que el policía fuese más allá de señalar que así lo consignaba un documento policial. La insistencia de Arribas acabó exasperando a Hernando y ambos se enzarzaron en una discusión subida de tono entre descalificaciones como “sinvergüenza”.

Lo que sí quedó fehacientemente comprobado en sentencia judicial fue el saqueo del Palau de la Música para financiar a Convergència, asunto sobre el que Martín-Blas admitió haber investigado. Y ahí se suscitó la pregunta de Pilar Vallugera, de ERC: “Si usted era de Asuntos Internos, ¿qué hacía investigando a personas de fuera de la Policía?”. El comisario jubilado aseguró que se lo había pedido su jefe, el comisario Pino, y que “lo volvería a hacer una y mil veces”.

Sobre el acoso a Podemos, planteado por la diputada de esta formación Martina Velasco, el compareciente siguió en la misma línea. En su momento no supo nada, pero ahora sí ha reunido indicios de la supuesta “intromisión de la Policía” en sus actividades. Y aportó otro documento con declaraciones del exministro chavista Nervis Villalobos a quien la Policía interrogó en busca de pruebas contra Podemos.

Uno de los diputados presentes declinó formular ninguna pregunta. Fue Ignacio Gil Lázaro, de Vox, quien justificó su silencio alegando que no quería alentar el “relato victimista” del independentismo con la “pretensión espuria de deslegitimar a nuestra Policía”.