El Gobierno usa el decreto de ayudas por la dana para mantener en el puesto al actual jefe operativo de la Policía

El Gobierno ha aprovechado el último decreto de ayudas para los afectados por la dana, publicado en el BOE de este martes, para aprobar un cambio legal que permite al ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska mantener en el puesto de director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional al comisario José Ángel González Jiménez una vez que este se jubile el próximo diciembre. La Ley de Régimen de Personal de la Policía establecía hasta ahora la edad de jubilación obligatoria de los agentes a los 65 años sin excepciones. La medida ―incluida como una disposición final en la página 91 de un texto de 106― se justifica, según recoge el texto, en que sería “altamente disfuncional” sustituir a este mando policial en la situación que se vive en la Comunidad Valenciana tras las lluvias torrenciales en esta situación de “emergencia nacional”.

El PP ha aprovechado el uso de estas dos últimas palabras para cargar contra la medida tras recordar que el Ejecutivo se ha negado a declarar hasta ahora esa figura por la dana pese a que se lo había reclamado desde la oposición. Fuentes oficiales de Interior destacaban horas después que la utilización del concepto “emergencia nacional” no se hacía “atendiendo a la normativa que regula las situaciones de emergencia en el ámbito de protección civil, sino desde un punto de vista del operativo policial”. “Al haber movilizado efectivos de otras jefaturas, y ante la necesidad de actuar con la mayor celeridad y eficacia posible, se requiere que se mantenga al mando la persona que, hasta este momento, ha coordinado esos efectivos, que es la que mejor conoce la situación, los procedimientos, etcétera”, recalcan las mismas fuentes.

El decreto añade que la reforma servirá, además, para equiparar a la Policía Nacional con la Guardia Civil, donde sus DAO pueden, desde 2012, seguir en el puesto aunque superen la edad de retiro, según acordó entonces el en aquel momento ministro del Interior Jorge Fernández Díaz. “La medida ya estaba prevista y anunciada hace tiempo”, admiten fuentes del departamento de Grande-Marlaska. E inciden en esa equiparación de condiciones laborales entre los máximos responsables operativos de ambos cuerpos. “Se ha introducido por esa vía por razones de economía normativa”, justifican.

Interior lleva meses trabajando en esta reforma e inicialmente tenía previsto colarla en una ley que se tramita en el Congreso, la de Movilidad Sostenible, donde el PSOE presentó a finales octubre una enmienda en este sentido. El propio Grande-Marlaska, ya había avanzado unos días antes, el 24 de octubre, durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado del caso Koldo que pretendía igualar la situación del DAO de la Policía Nacional con la del de la Guardia Civil para que el actual, al que calificó de “profesional impecable”, no fuera cesado al cumplir los 65 años.

“No está prorrogado, pero pretendemos que acontezca una igualdad con el DAO de la Guardia Civil, que no cesa al cumplir los 65 años, sino que puede permanecer; es el único cargo de la Guardia Civil que puede permanecer más allá de los 65 años. Pretendemos que acontezca lo mismo en la policía”, manifestó aquel día el ministro. Durante aquella intervención, Grande-Marlaska confió en “estar a tiempo” de poder prorrogarle en su puesto. El comisario González, que es el policía de mayor rango en el cuerpo, cumple esa edad el próximo 19 de diciembre. Es agente desde 1984. “Se acercaba la edad de jubilación del DAO y se ha optado por una vía más ágil”, añaden ahora fuentes de Interior.

La disposición incluida en el decreto para cambiar el Régimen de Personal de la Policía Nacional explica las funciones de la Dirección Adjunta Operativa en la dirección, coordinación y supervisión de la Policía Nacional. “Estas funciones cobran especial relevancia en una emergencia como la ocasionada por la dana, singularmente en la Comunidad Valenciana, que ha determinado el despliegue de más de 10.000 policías nacionales y guardias civiles, con el fin de rescatar a supervivientes, garantizar la seguridad y restablecer la normalidad en las calles. Por ello, en esta situación de emergencia nacional resultaría altamente disfuncional proceder a la sustitución de quien, al frente de la Dirección Adjunta Operativa, se encuentra dirigiendo y coordinando sobre el terreno las funciones operativas de los efectivos de la Policía Nacional”.

No es la primera vez que Grande-Marlaska acomete una reforma para mantener en el puesto a un cargo de su confianza. En marzo de 2021, el Gobierno aprobó a propuesta suya un nuevo cambio en la estructura de su departamento. Sobre el papel, era una modificación menor, ya que se limitaba a elevar de rango el Gabinete de Coordinación y Estudios del ministerio para que pasase a ser una dirección general y a abrir la posibilidad de que el cargo lo ocupase una persona que no fuera funcionario en activo. Sin embargo, esta modificación permitió seguir al frente de este puesto, que entre otras funciones tiene el control de los fondos reservados, al comisario José Antonio Rodríguez González, policía de la máxima confianza del ministro y que unos días debía jubilarse. El cambio convirtió a Rodríguez en el número tres de facto de Interior, solo por detrás del propio Grande-Marlaska y del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. El comisario sigue en la actualidad ocupando este puesto.

El sindicato Justicia Policial (JUPOL, el mayoritario entre los agentes de la Policía Nacional) ha calificado de “indigna” la decisión de aprovecharse del decreto de ayudas para los afectados de la dana y ha afeado a Grande-Marlaska que se niegue a reformar la legislación relacionada con la jubilación de todos los policías, como le reclaman desde hace tiempo las organizaciones sindicales. “Marlaska prefiere equiparar la jubilación de su personal de confianza, del DAO, a las condiciones de jubilación del Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, que la de todos los policías nacionales con las policías autonómicas y locales”, critican los representantes sindicales.

La Confederación Española de Policía (CEP) ha subrayado que la medida, “censurable y rechazable”, privilegia a uno solo de los más de 74.000 policías y ha criticado la falta de tacto de Interior a la hora de impulsarlo dentro del decreto de las ayudas por las inundaciones de Valencia. “Se está vulnerando el derecho a la igualdad y se está haciendo de una forma flagrante, provocadora y con desprecio a la prudencia”, manifiestan en un comunicado. Con respecto a la necesidad de equiparar la situación con la del DAO de la Guardia Civil, lo consideran una “provocación corporativa”.