El Congreso rechaza de plano los argumentos del Senado para votar de nuevo la ley que favorece a etarras

PP y Vox se quedarán sin corregir su voto favorable a la ley sobre intercambio de antecedentes penales en Europa, que permitirá a algunos presos etarras recortar de sus penas el tiempo de cárcel cumplido en otros países. La Mesa del Congreso ratificará este martes el acuerdo tomado la pasada semana de no someter el asunto de nuevo a debate, en contra de lo que pretendía el Senado. El órgano de gobierno del Congreso entiende que la Cámara alta, con mayoría absoluta del PP, dejó pasar el plazo legal para presentar un veto a la ley. Los servicios jurídicos de la Cámara baja rechazan de plano los argumentos de sus colegas del Senado, que pretendían validar como si fuese un veto una votación contraria a la ley celebrada en el pleno ya fuera del periodo legal.

El acuerdo de la Mesa del Congreso del pasado día 15, contrario a reabrir la cuestión, fue “plenamente ajustado a derecho”, según un informe de los servicios jurídicos al que ha tenido acceso EL PAÍS. Por lo tanto, la Cámara baja “ha cumplido con sus obligaciones constitucionales y reglamentarias” al decidir el envío del texto de la ley a la Presidencia del Gobierno para su publicación en el BOE.

Cuando el pasado día 7 El Confidencial publicó que la ley podría reducir la estancia en prisión de algunos etarras, el proyecto se encontraba ya en el Senado. El Congreso la había aprobado por unanimidad el 15 de septiembre como trasposición de una normativa europea. El PP, que alegó que había apoyado el texto por error, se encontraba sin margen de maniobra en la Cámara alta, donde tiene mayoría absoluta. Los populares habían dejado transcurrir el plazo para presentar enmiendas y un veto, las vías legales para devolver un texto al Congreso. Con todo, el proyecto de ley se sometió al pleno el pasado día 14. Y, por mayoría absoluta, se manifestó contrario a su contenido. Ese mismo día, el presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, presentó por sorpresa un informe de sus letrados que equiparaban la votación celebrada a un veto formal y devolvió el texto al Congreso para retrasar su entrada en vigor.

La Mesa de la Cámara baja, con el aval de su servicio jurídico, rechazó al día siguiente la reapertura de la cuestión. Este martes ratificará la decisión con la mayoría del PSOE y Sumar, a la vista de un informe más completo de los letrados que echa por tierra los argumentos de sus colegas del Senado. Ese informe insiste en que el rechazo del pleno de la Cámara alta no puede considerarse un veto y argumenta que ni siquiera los letrados de ese segundo brazo de las Cortes se refieren a él así, sino que arguyen que, como fue aprobado por mayoría absoluta, resulta equivalente.

Aunque así fuese, aducen los letrados del Congreso, el rechazo del Senado se produjo también fuera del plazo de 20 días “naturales” —es decir, contando festivos— que fija la Constitución para pronunciarse sobre los asuntos que, como es el caso, el Gobierno declare de urgencia. Para intentar esquivar ese precepto, los servicios jurídicos del Senado hacen su particular contabilidad. Señalan que “viene siendo habitual” empezar a contar los trámites no desde el día en que llega un proyecto —el 20 de septiembre, en este caso— sino desde que se publica en el Boletín Oficial de la Cámara —el 23—.La Constitución establece claramente en su artículo 90.2 que el tiempo corre “a partir del día de recepción del texto”.

Aun aceptando esa manera de contarlo, subrayan los servicios jurídicos del Congreso, el plazo habría expirado el domingo 13, cuando el pleno del Senado votó el 14. Ahí la Cámara alta introduce una nueva salvedad: no se debe contar el domingo. “No existe ninguna previsión en el Reglamento del Senado”, replican los servicios jurídicos del Congreso, “que permita convertir en 21 los 20 días naturales a que se refiere el artículo 90.3 de la Constitución por el mero hecho de que el día 20 coincida con un festivo”. Y resalta que el Congreso ha llegado a reunirse en días no laborables para que no expirase algún plazo constitucional. El PP amenaza ahora con plantear un conflicto de atribuciones entre las dos Cámaras ante el Tribunal Constitucional.