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Miembros del PP en la Comisión de Justicia admiten que sí sabían lo que votaban en la reforma legal sobre los presos

Frente a la tesis de que el PP fue víctima de una “trampa”, Ana Belén Vázquez defendió el voto favorable “porque era una trasposición”. “Los abogados de los terroristas están recurriendo y ganando”, sostuvo la diputada popular

La senadora del PP Marimar Blanco acude este miércoles al Pleno del Congreso y es recibida por un largo aplauso de la bancada popular.
La senadora del PP Marimar Blanco acude este miércoles al Pleno del Congreso y es recibida por un largo aplauso de la bancada popular.Pablo Monge
Elsa García de Blas

¿Sabía o no sabía el PP lo que votaba cuando respaldó la reforma que posibilitará la excarcelación de algunos presos etarras antes de tiempo? La versión oficial del PP es que fue víctima de un engaño del Gobierno durante la tramitación parlamentaria, que dio lugar al “error injustificable”, en palabras de Alberto Núñez Feijóo, de los diputados populares que votaron a favor de la ley. Sin embargo, diputados del PP que participaron de la ponencia de esa ley admiten que sí sabían lo que votaban y que respaldaron el dictamen completo de la norma, que contenía la controvertida enmienda de Sumar “porque era una trasposición de una directiva” y, en consecuencia, “había que realizarla”, según afirma la diputada Ana Belén Vázquez. Otras fuentes del equipo jurídico del PP apuntalan esta versión que la parlamentaria dio en Cuatro el pasado lunes, y transmiten en privado que claro que leyeron lo que se votó y que se decidió respaldar la ley en su conjunto porque aplicaba una normativa comunitaria. La enmienda de Sumar derogaba la disposición adicional que el Gobierno de Mariano Rajoy introdujo precisamente para evitar que la convalidación de penas cumplidas en el extranjero pudiera acortar las condenas a algunas etarras.

La diputada popular Ana Belén Vázquez Blanco, este miércoles en el Congreso.
La diputada popular Ana Belén Vázquez Blanco, este miércoles en el Congreso. Pablo Monge

La diputada popular Ana Belén Vázquez Blanco era una de las tres firmantes del PP en el informe de la ponencia sobre el proyecto de ley orgánica “por la que se modifica la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea”. Vázquez Blanco, diputada por Ourense y miembro de la Comisión de Justicia, que debatió y aprobó esta norma, dio explicaciones el pasado lunes en el programa Todo es Mentira de Cuatro, en el que colabora, de la actuación del PP en la aprobación de esta ley que ha provocado una crisis interna en el partido de Alberto Núñez Feijóo. Y su tesis, frente a la versión que ofreció ese mismo día la dirección del PP sobre lo sucedido, es que los diputados que participaron en la ponencia de la ley eran conscientes de lo que votaban y de por qué lo hacían.

El PP votó a favor del dictamen y de la ley, admitió Ana Belén Vázquez en televisión, “porque era una trasposición de una directiva”. Y a renglón seguido lo justificó: “Esta disposición [la Decisión Marco 2009/315 de la UE] es del 2010. La trasposición había que realizarla. Y los abogados de los terroristas estaban recurriendo y diciendo: oiga, que se contabilice los años que estuvo en prisión en Francia a la legislación española. ¡Y esto lo manda el ordenamiento europeo, no lo mandamos nosotros! ¡Y ganaron todas las sentencias!”, remató. “El problema es el Código Penal que pone 30 años máximo de condena en este país”, se quejó la diputada, que añadió: “¡Imagínate si llego a votar que no a la trasposición total!”. “Hemos votado a favor de una disposición europea, y te digo una cosa, aunque no se votara se está ejecutando día de hoy. Los abogados de los terroristas están recurriendo todos y ganando”. Contactada por EL PAÍS, la parlamentaria no ha querido hacer declaraciones.

La diputada afirmó que el PP votó en contra de la enmienda de Sumar que derogaba la disposición adicional de Rajoy, pero que luego votó a favor de la totalidad del dictamen y de la ley, que contenía esa enmienda, porque no tuvo más remedio que hacerlo ya que se trataba de la trasposición de una directiva. En el Diario de Sesiones del Congreso no consta la votación de esa enmienda de Sumar que se incorporó al dictamen de la ley, si bien fuentes presentes en ese debate celebrado el pasado 31 de julio sostienen que en realidad no se produjo ninguna votación, sino que de forma oral se manifestó el consentimiento. Y en ese punto el PP dijo que apoyaría sus propias enmiendas. Pero transcurrido ese capítulo del procedimiento, cuando la norma llegó a la Comisión de Justicia, reunida en una sesión celebrada el 10 de septiembre, el Diario de Sesiones sí recoge la votación del PP a favor del dictamen, que salió adelante por 34 votos favorables, incluidos los de los populares, y tres abstenciones de Vox.

Otras fuentes de peso del equipo jurídico del PP en el Congreso apuntalan en privado esa versión de que votaron a favor de la ley porque era una trasposición europea. Defienden en conversación con este periódico que sí que leyeron los documentos y, en su explicación, llegan a asegurar que no creen que la reforma que se está tramitando a través de la enmienda de Sumar vaya a tener las consecuencias que se están diciendo. Sostienen esas fuentes que se verá con el tiempo aunque acatan la estrategia de Génova. La tesis oficial del PP es que los diputados a cargo del asunto se equivocaron porque el Gobierno les hizo una “jugarreta”. Si bien es cierto que el Ejecutivo tramitó con opacidad un asunto que afectaba a las condenas de presos etarras, derogando la disposición adicional que afectaba sobre todo a los terroristas a través de una enmienda de Sumar.

El diputado del PP José Manuel Velasco Retamosa, este miércoles en el Congreso.
El diputado del PP José Manuel Velasco Retamosa, este miércoles en el Congreso. Pablo Monge

El diputado del PP José Manuel Velasco Retamosa, otro de los ponentes, llegó a decir en la sesión de la Comisión de Justicia del 10 de septiembre que esta ley “en principio, se trataría de una norma sencilla porque en realidad la trasposición —a la vista están las enmiendas que se han elaborado y las observaciones técnicas— es sencilla”. Y añadió: “Lo primero que nos gustaría pedir es que a partir de ahora, cuando se trate de una trasposición de este tipo que, como todos estamos diciendo, puede de una forma u otra beneficiar tanto a los ciudadanos de la Unión Europea como a las autoridades de todos los Estados para llevar a cabo una justicia en mejor forma, se haga en tiempo y forma. Según la directiva, la trasposición debería haber estado hecha el 28 de junio del año 2022. Sé que esto habitualmente es así, pero, tratándose de normas tan sencillas, igual el Gobierno debería haber conseguido que esta trasposición se hubiese realizado en tiempo y forma y no dos años después”.

En cambio, la versión oficial de la dirección del PP es que sus diputados fueron víctimas de una “trampa” del Gobierno, como dijo el portavoz, Borja Sémper, el pasado lunes en rueda de prensa. “Nos preocupa mucho esta jugarreta, esta trampa que ha hecho el Gobierno para, a través de esta enmienda, posibilitar que presos etarras muy sanguinarios puedan salir de la cárcel sin cumplir con las penas impuestas en España. Es verdaderamente doloroso y por eso vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para revertirlo. Todo”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado también al Gobierno de engañar al PP con esta reforma, que ha provocado a su partido una crisis interna y de imagen pública. “Es grave que el Gobierno cuele esta indignidad aprovechando de forma maliciosa la trasposición de una directiva europea. Es absolutamente lamentable”, se quejó el pasado martes. “Hay un abismo moral entre un error en una tramitación parlamentaria y la voluntad deliberada de sacar de la cárcel a presos condenados por asesinato pertenecientes a ETA para mantener a Sánchez en el Gobierno”, defendió el jefe de la oposición.

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Sobre la firma

Elsa García de Blas
Periodista política. Cubre la información del PP después de haber seguido los pasos de tres partidos (el PSOE, Unidas Podemos y Cs). La mayor parte de su carrera la ha desarrollado en EL PAÍS y la SER. Es licenciada en Derecho y en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en periodismo de EL PAÍS. Colabora como analista en TVE.
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