El Gobierno recurrirá ante el Constitucional la derogación de la Ley de Memoria Histórica de Cantabria

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Torres, ha anunciado este martes que el Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional el proyecto de Cantabria de suprimir la legislación de Memoria Histórica. El Ejecutivo cántabro, integrado por el PP y con apoyos puntuales de Vox, aprobó hace unas semanas iniciar los trámites para eliminar la normativa de Memoria Histórica y Democrática que habían aprobado años atrás el Partido Regionalista de Cantabria y el PSOE. El ministro ha recordado que el Gobierno también elevó al Constitucional el propósito de Aragón (PP y Vox) por retirar su normativa en ese ámbito, algo que ha frenado en seco el Constitucional. A diferencia de otros territorios gobernados por el PP, Cantabria no ha informado en ningún momento de si pretende impulsar una normativa “de Concordia”.

El ministro Torres ha señalado que no comprende el propósito de PP y Vox. “No entendemos en ningún caso por qué se quiere derogar una ley autonómica que es fruto también del derecho internacional y que pretende que cerremos definitivamente una cuestión que la historia no lo ha hecho, que es la reparación”, ha afirmado en una entrevista en Cadena SER en la que ha anunciado que, si finalmente el Parlamento de Cantabria acuerda la definitiva supresión de su normativa de memoria, el Estado elevará el pertinente recurso, como hiciera con el caso de Aragón, ante el Tribunal Constitucional.

Esa actitud de PP y de Vox, ha aclarado, va en contra de “los Derechos Humanos” y contra “el derecho de la reparación, de la justicia, de la verdad y de la no repetición”. El alto cargo ha recordado que los relatores de las Naciones Unidas han expresado recientemente su preocupación ante los movimientos legislativos de ciertas comunidades autónomas en contra de leyes o decretos previos en materia de Memoria Histórica y Democrática. “No puede haber leyes como esta que ahora pretende aprobar el Gobierno de Cantabria que no facilite a las asociaciones memorialistas el poder recuperar los restos de quienes están en fosas en la comunidad”, ha sostenido Torres, crítico con que el Gobierno regional que comanda María José Sáenz de Buruaga “no quiera condenar la Dictadura de manera clara e iguale periodos de libertad con periodos de totalitarismo”.

El PP gobierna en Cantabria en solitario y recurre ocasionalmente a Vox o al PRC para sacar adelante distintas políticas. Los regionalistas, junto al grupo socialista, votaron en contra del inicio de los trámites para derogar la normativa memorialista. Otros territorios también han avanzado en la supresión de estas legislaciones, aunque los movimientos políticos de Vox han alterado los ritmos. Además del ejemplo de Aragón, donde el Tribunal Constitucional directamente acordó suspender esa derogación aprobada en las Cortes, en Castilla y León el PP de Alfonso Fernández Mañueco ha paralizado la norma de Concordia pactada con la extrema derecha. La ley iba a remplazar un decreto de Memoria Histórica aprobado por el PP en 2018, cuando gobernaba en solitario, pero la ruptura del pacto de Gobierno en la comunidad por parte de Vox ha permitido que Mañueco congele esa ley de Concordia para la cual no constan plazos o tramitación parlamentaria.