Sumar se desmarca del bono de alquiler anunciado por Sánchez tras la protesta por la vivienda
El socio menor del Gobierno afirma que la medida con la que el presidente ha reaccionado a la manifestación “puede agravar el problema”
El PSOE se ha levantado este lunes, jornada de resaca de la masiva manifestación por la vivienda del domingo, con una idea entre ceja y ceja: evitar que ese malestar se le vuelva en contra. Diversas voces socialistas, desde Pedro Sánchez para abajo, han expresado sintonía con quienes protestaron —pese a que hubo críticas al Ejecutivo y hasta peticiones de dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez—, han reivindicado las medidas tomadas, anunciaron otras nuevas y atacaron al PP. Todo con el objetivo de “evitar una asignación directa de culpa al Gobierno”, señala una fuente de Ferraz. Pero el PSOE se ha topado un problema: Sumar, su socio en el Ejecutivo, está siguiendo un guion distinto, en parte opuesto, que se puede resumir así: el PSOE no ha entendido el grito de la calle y así lo demuestra su propia reacción a la protesta.
El grupo que ostenta la vicepresidencia segunda en la persona de Yolanda Díaz ha llegado al extremo de presentar desde sus ministerios “una serie de observaciones en el seno del Gobierno alertando de que el bono de alquiler para jóvenes”, para el que el presidente Pedro Sánchez había anunciado 200 millones por la mañana, “puede agravar el problema de vivienda”. “Tras más de dos años, la medida ha demostrado ser insuficiente. Muchas comunidades autónomas aún no han gestionado la totalidad de las ayudas y cientos de jóvenes siguen esperando los 250 euros mensuales prometidos. El bono, en lugar de solucionar el problema estructural del acceso a la vivienda, abre la posibilidad de que fondos públicos pasen a manos de los rentistas, que continúan subiendo los precios”, señala Sumar a través de declaraciones remitidas por escrito.
El acuerdo de gobierno PSOE-Sumar recoge una mayor financiación para el “bono alquiler joven”. “Consolidaremos el Bono Alquiler Joven como elemento esencial para facilitar el acceso al alquiler asequible, y que se convierta en una medida a largo plazo, ampliando la financiación, para llegar a toda la población joven”, dice el pacto. “El bono no tiene sentido sin limitación de precios. Se ha demostrado”, explica un portavoz de Sumar para justificar su oposición.
El desencuentro fue escalando a lo largo del día. Pedro Sánchez evidenció desde por la mañana la voluntad socialista de sintonizar con la esencia de la protesta. “No quiero una España donde haya propietarios ricos e inquilinos pobres”, afirmó el presidente en el foro World in Progress en Barcelona. Además de pedir al PP que no ponga “palos en las ruedas”, anunció el reparto de 200 millones a las comunidades para financiar el bono de alquiler joven y “un nuevo reglamento” contra el “fraude” en el alquiler turístico y de temporada, medidas que irán previsiblemente este martes al Consejo de Ministros.
Antes de que hablara Sánchez, la ministra Rodríguez, en una entrevista en TVE, ya había dejado claro el esquema: defender sus medidas, anunciar las nuevas y presionar al PP, al que reprochó tanto su legado histórico —la ley del suelo de 1998 y la venta de viviendas a “fondos buitre” en Madrid— como su posición actual —la negativa a aplicar el control de precios—. Aunque se refirió al trabajo del Ejecutivo como un motivo de “esperanza”, la ministra evitó cualquier complacencia. No se revolvió contra quienes piden su dimisión, mostró “comprensión” ante las protestas y reconoció los problemas “sin paños calientes”.
Nada de eso convenció a Sumar. Aunque atribuyó responsabilidad al PP, el grupo izquierdista puso al PSOE en el disparadero. Su portavoz, Ernest Urtasun, convirtió la vivienda en el tema de su rueda de prensa —solo desviándose para responder sobre el caso Koldo— y desde la primera frase mostró que van por libre. “La gente está cansada de parches. Las primeras reacciones de la ministra son claramente insuficientes”, afirmó Urtasun, para quien el Gobierno no va “a la raíz del problema”. El también ministro de Cultura reiteró tres propuestas de Sumar: retirar las ayudas de vivienda a las comunidades del PP que no apliquen el control de precios, hacer más restrictivo el alquiler de temporada mediante una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos y prohibir la compra de viviendas en zonas tensionadas si no es para residir en ellas.
Urtasun, que evitó hablar de “líneas rojas”, no dirigió sus críticas contra Sánchez, sino contra Rodríguez, aunque el presidente y su ministra defienden las mismas medidas. También contra la titular de Vivienda cargó Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, para quien la manifestación fue un “ultimátum” a Rodríguez. Más tarde, Sumar, a través de su cuenta de X, apuntó a la cúspide del Gobierno al compartir un vídeo con los anuncios del presidente junto a un mensaje crítico. El bono de alquiler, sostiene Sumar, es “una subvención al rentismo”.
También se dirigió a Sánchez el portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, que advirtió al presidente de que su “futuro” depende de “su capacidad para resolver el principal reto de nuestra época”. Otros socios habituales del Gobierno, como Podemos y EH Bildu, también cargaron contras las medidas anunciadas por el Gobierno, especialmente contra el bono joven.
Marcando terrenos
La manifestación agudiza una dinámica ya observada antes: el PSOE y Sumar carecen de un relato compartido sobre vivienda. Un diputado de Sumar afirma que la vivienda va a ser su “leit motiv” dentro del Gobierno: “Una razón fundamental es la actitud del PSOE, que sigue en el sí pero no, sin tomar medidas para rebajar el rendimiento de la inversión inmobiliaria, que es la clave. Si a eso le sumas que este es un tema muy nuestro, que nuestra gente está muy imbricada en ese movimiento y que necesitamos temas en los que confrontar con el PSOE para que no se nos lleve la corriente, estamos obligados a subir decibelios”.
Una fuente de Ferraz cree que Sumar está dando “vuelo” a “una narrativa” que “conviene a la derecha”, según la cual “el Gobierno es el gran responsable”. Y añade: “Aunque no es fácil ver los resultados a corto plazo, tenemos margen para defender un modelo distinto al del PP, que también tiene que dar la cara por sus comunidades y ayuntamientos. Pero todo se puede estropear si ocurre lo que, competencias y medidas en mano, no debería ocurrir: una asignación directa de culpa al Gobierno. Eso no solo afectaría al PSOE, también podría afectar a Sumar”.
Esta fuente señala que los socialistas intentan evitar que el Gobierno quede señalado “recalcando las distancias entre lo que hacemos nosotros y lo que hace el PP, porque no queremos que cundan ideas tipo 15-M, como que el PSOE es el PP con color rojo y el PP es el PSOE con color azul”. En ese intento de mostrar firmeza entra una retórica más dura. A la crítica por parte de Isabel Rodríguez del funcionamiento del “libre mercado” en la vivienda se sumó Esther Peña, portavoz del PSOE, que advirtió durante su rueda de prensa: “Si hay que intervenir, intervendremos”.
“Intervenir” no es un término cualquiera. El PSOE suele preferir la palabra “regular” a “intervenir”, más propia de Sumar y que conecta con el “intervencionismo” con el que el PP suele estigmatizar a la izquierda. Sumar, a través de un portavoz, evita valorar el giro verbal de los socialistas: “Lo que esperamos son medidas concretas”. El PSOE, también a través de un portavoz, se reafirma en que el mercado “no funciona” para la vivienda: “No es libre mercado. Lo controlan cuatro”.
Álvaro Ardura, profesor de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de Madrid y experto en políticas de vivienda, advierte de que la agitación de la calle es más difícil de gestionar para el PSOE y Sumar que para la derecha. “Al PP y a Vox estas movilizaciones les resbalan, no se van a mover de sus propuestas y van a acusar al Gobierno. Pero Sumar tiene la dificultad de atender desde el Gobierno y sin competencias reclamaciones del Sindicato de Inquilinas —algunas muy difíciles de hacer transversales, como la huelga de alquileres— y el PSOE sigue intentando el equilibrio entre defender la actividad económica inmobiliaria y el derecho a una vivienda digna”, concluye el coautor de First we take Manhattan. La destrucción creativa de las ciudades.
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