La Audiencia Provincial falla que la venta del Gobierno de Ana Botella de 1.860 pisos públicos a un fondo buitre fue legal

La Audiencia Provincial de Madrid ha fallado que la venta de 1.860 viviendas públicas al fondo de inversión Fidere llevado a cabo por el Gobierno de Ana Botella en 2013 fue legal. El tribunal ha archivado la causa y ha declarado inocentes a los dos acusados, el exconsejero delegado de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda, Fermín Oslé, y el entonces apoderado de Fidere (filial de Blackstone en España), Alfonso Benavides. Los vecinos afectados por esta venta consideraban que se habían producido irregularidades en la transacción y que el cambio de casero afectó a sus condiciones contractuales. En muchos casos, el precio del alquiler aumentó considerablemente y muchos de ellos tuvieron que abandonar sus casas.

El fallo especifica que “no existe un perjuicio directo para los inquilinos, ya que continuaron con su situación legal en sus contratos de alquiler con Fidere”. La acusación ejercida por el letrado Mariano Benítez de Lugo en representación de la asociación de vecinos afectados alegaba que el precio de las promociones se fijó por debajo de lo que marcaba el mercado y además no hubo concurrencia. Es decir, que todo se había orquestado para que Fidere pudiera adquirir estas casas construidas con dinero público a precio de saldo. El tribunal, sin embargo, no ha observado nada ilegal en la operación.

El año en el que se produjo la transacción, la crisis obligó a muchos Ayuntamientos a buscar modos de aumentar su liquidez. El de Madrid, entonces gobernado por Botella, optó por vender vivienda pública para equilibrar sus arcas. En ese contexto se produjo la venta masiva de casas a fondos buitre como Fidere, que se fue convirtiendo de este modo en uno de los mayores propietarios de vivienda de España. De la noche a la mañana, los vecinos de estos bloques ubicados principalmente en Carabanchel cambiaron de casero. Sucedió lo mismo en otras promociones públicas en Vallecas o Torrejón de Ardoz, por ejemplo. Los vecinos de otras promociones han llevado a los fondos a los tribunales por las cláusulas abusivas de los nuevos contratos, y en la mayoría de los casos han triunfado.

En el caso de Carabanchel, cuando comenzaron a llegar los incrementos en el alquiler e incluso notificaciones de desahucio, los inquilinos empezaron a autoorganizarse y emprendieron la batalla por todas las vías posibles, incluida la penal, que es la que no les ha dado la razón. En estos años han visto cómo el Tribunal de Cuentas les daba la razón para luego quitársela. También sacaron adelante el proceso que hoy ha concluido con la absolución de los responsables de la operación. Pero también les dio una alegría a algunos de ellos.

Un total de 41 afectados emprendieron acciones legales también por la vía civil, para que se reconociera su derecho a comprar las casas en las que vivían. A finales del año pasado, la Audiencia Provincial reconoció que se habían vulnerado sus derechos y que podían ejercer este derecho al mismo precio que lo había hecho el fono, muy por debajo del valor de mercado. Algunos de ellos van a poder comprar sus casas por 60.000 euros.

En el juicio penal llegó a declarar como testigo la exalcaldesa, quien defendió en todo momento “el fin social” de vender estos pisos para garantizar la sostenibilidad de la empresa municipal de vivienda. “Gracias al plan de viabilidad aprobado por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, sigue existiendo y no hubo que despedir a ninguno de sus 400 trabajadores”, aseguró Botella.

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